Brasil: Entrevista a Ariovaldo Umbelino de Oliveira
Ultima chance de hacer la reforma agraria por la vía constitucional

Claudia Jardim, Jorge Pereira Filho y Nilton Viana
Brasil de Fato

Estudioso de los movimientos sociales rurales, Ariovaldo Umbelino de Oliveira dirige el departamento de Geografía y el laboratorio de Geografía Agraria de la Universidad de Sao Paulo. Integra el equipo del profesor Plinio de Arruda Sampaio, responsable por la elaboración del Plan Nacional de Reforma Agraria del gobierno Lula. Es autor de los libros "Modo capitalista de producción y agricultura", "La agricultura campesina en Brasil. La geografía de las luchas en el campo", y "Amazonia: monopolio, expropiación y conflictos". En la siguiente entrevista, de Oliveira revela los datos sobre la propiedad improductiva en Brasil y el papel de los movimientos sociales para que la reforma agraria no caiga en un tiempo dictado por la burocracia. Y alerta: esta es la última chance histórica de hacer la reforma agraria por las vías constitucionales y, al mismo tiempo, generar empleos y garantizar la soberanía alimentaria.

Brasil de Fato: ¿Cuál es el balance del primer año de gobierno de Lula en la cuestión agraria?

Ariovaldo Umbelino de Oliveira - Este año fue marcado por una especie de compás de espera. Por un lado, los movimientos sociales creyendo que el gobierno podría implementar una política más osada de reforma agraria y por otro lado, el gobierno que demoró un poco para desencadenar el proceso de elaboración del Plan Nacional de Reforma Agraria (PNRA) . Sólo a mediados de mayo y junio, con el aumento de los procesos de lucha de los movimientos socales, el ministerio se preocupó en preparar el PNRA. Eso muestra que en realidad, Lula fue electo, de hecho, sin un plan para el campo. Al mismo tiempo, hay un clima de frustración a fin de año, en función del bajísimo índice de asentamientos que el gobierno consiguió hacer en el 2003. Entonces, el cuadro no es nada animador.

BF - ¿Qué es lo que le impide a este gobierno hacer la reforma agraria?

Oliveira - Vivimos un periodo crítico pues aquellos intelectuales que están ocupando cargos decisivos en el núcleo duro del gobierno no ven a la reforma agraria como una alternativa política de desarrollo económico. Al contrario, ven la reforma agraria apenas como una política compensatoria. Es evidente que eso es contradictorio porque los movimientos sociales están ahí. Es prácticamente el único sector de la sociedad civil que responde rápidamente a la ausencia de políticas volcadas para el campo. La concepción de ese núcleo duro del gobierno de Lula se aproxima mucho a la concepción del gobierno de Fernando Henrique. Al analizar las metas del PNRA, vemos que ellas no son muy diferentes de aquello que el último gobierno hizo. Inclusive, son menores de lo que el propio PT ya tuvo en las elecciones de 1989 y 1994. Son metas que considero extremadamente tímidas teniendo en cuenta que no alterarán de forma significativa el índice de concentración fundiaria del Brasil.

Eso significa que una parte será asentada, pero corremos el riesgo de tener muchos más acampando de lo que tenemos en este momento, porque la meta de este año no será capaz de asentar a quién ya está acampando.

BF - ¿Eso significa que no habrá reforma agraria?

Oliveira - No quiere decir que no habrá reforma agraria. Ella será una reforma agraria vista apenas como una política compensatoria. Lula fue electo con votos de una parte expresiva de los movimientos sociales y es preciso dar respuestas a él. Pero son respuestas que no colocan a ese sector reformado como parte constitutiva del núcleo central de la economía, capaz de impulsar procesos generales, de generación de ingreso.

BF - ¿Cómo invertir esa lógica?

Oliveira - El plan que hicimos pretendía sacar un millón de asentamientos de la base de la pirámide social del Brasil, asentados que saldrían de un ingreso inferior a un salario mínimo por mes para una situación de ingreso mensual de tres o cuatro salarios mínimos. O sea, por medio de una política que permitiría la adquisición de los productos agrícolas de los asentados, se permitiría que ellos se vayan consolidando también desde el punto de vista económico y financiero, porque también tendrían que hacer pequeños ahorros para pagar la tierra , ya que no se trata de entregarla gratis.

BF - En verdad, el PNRA no va a mover la estructura fundiaria.

Oliveira - Exactamente. La primera tentativa era de que la reforma agraria fuese hecha en tierras públicas. Cuando se descubrió que esas tierras eran insignificantes -había prácticamente 5 millones de hectáreas de tierras disponibles- entonces el camino sería la desapropiación.

En tanto, hubo una tentativa de descalificar los datos existentes en el censo del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) Es curiosa esa descalificación porque en el padrón del INCRA las informaciones son prestadas por los propietarios rurales. Es un catastro declaratorio. El error fue encontrar que al mover en el sector de las tierras catastradas del INCRA, movieron la estructura del agro- negocio, lo que no procede. El área total ocupada por la agricultura brasilera hoy no va más allá de los 50 millones de hectáreas, en un país que tiene 850 millones de hectáreas. De esos, si sacamos 120 millones de tierras indígenas, 110 millones de áreas de preservación, aún restan más de 500 millones de hectáreas que estarían disponibles. El censo del INCRA apunta cerca de 410 millones de hectáreas. Eso quiere decir que hay ahí una faja de 100 a 200 millones de hectáreas de tierras "no catastradas".

Pero si analizamos estados como San Pablo, Paraná o Río Grande del Sur, fuertemente ocupados desde el punto de vista de la actividad económica, queda la sensación de que no existen esas tierras no ocupadas. Esto revela que las estructuras de los propietarios contienen un área inferior a lo que ellos de hecho ocupan. Esto quiere decir que en la hora que tengamos un censo fundiario riguroso, se descubrirá que los propietarios ocupan más tierras de las que de hecho debieran ocupar. Esa información es valiosa pues podría ofrecer tierras a costo casi cero para la reforma agraria.

BF - ¿Cuál es el porcentaje de esas tierras que hará parte del PNRA?

Oliveira - Si evaluamos las metas del plan, de las 500 y pocas mil familias que están previstas para ser asentadas en los cuatro años de gobierno, verificamos que 150 mil se van a beneficiar de la política de lo que era el Banco de Tierra, en que las propiedades serán compradas, una u otra parcela será asentada en tierras públicas o en tierras recolectadas. Así, las tierras de hecho improductivas serán la menor parte del PNRA.

BF - De la meta estipulada, ¿cuántas familias deben ser asentadas efectivamente?

Oliveira - No llegamos a hacer una estimación, pero imagino que menos de 50% de los asentamientos serán hechos por desapropiación basada en la Constitución y en el Estatuto de la Tierra, en un cuadro en que los datos de octubre del 2003 revelaban la existencia de algo en torno a los 112 millones de hectáreas clasificados como improductivos. Esto ya obligaría al gobierno a cumplir la Constitución y mandar a desapropiar esas tierras inmediatamente. Pero parece que eso no es prioridad en el Ministerio de Desarrollo Agrario.

BF - ¿Qué es lo que cambia en la economía y en la sociedad brasilera con la reforma agraria?

Oliveira - Una política de reforma agraria amplia podría generar inicialmente un aumento de la oferta de empleos. Algunos estudios muestran que cada asentamiento generaría de 2 a 3 empleos directos, y de 2 a 3 indirectos. Habría un impacto social, sacando una parte expresiva de la población de desempleo. La otra consecuencia es la producción de alimentos. Como el área es restringida, el propietario tiene que ocupar todo lo que puede, aumentando la oferta de alimentos. Eso colocaría en cuestión el papel económico de ese aumento de producción. Ese sería el punto a ser alterado. No hay, en el sistema capitalista en el mundo, un cuadro que permita a la agricultura reproducirse sin una política de subsidio. La idea inicial del equipo coordinado por el profesor Plinio de Arruda Sampaio para el 2º PNRA es de que el propio Estado fuese el gran comprador de esa producción venida de los asentamientos de la reforma agraria y de ser parte de la producción de los pequeños agricultores del país. Esos alimentos podrían ser destinados al "Hambre Cero", para la merienda escolar, para el abastecimiento de las fuerzas armadas, del sistema de prisiones.

BF - ¿Cómo contener la violencia en el campo?

Oliveira - Creo que ella deriva del cuadro de impunidad del Brasil, haciendo con que los propietarios de tierras continúen el cuadro de violencia. Sería fundamental crear instancias judiciales agrarias en el país para acelerar la selección de los crímenes. El castigo ejemplar podría promover cambios en el comportamiento de los latifundistas. Pienso que ellos actúan así porque encuentran respaldo en las elites gobernantes. Hoy no hay ese respaldo del gobierno federal, pero ciertamente existe desde el punto de vista de los gobiernos estaduales.

El gobierno de San Pablo es un ejemplo típico. Adopta una estrategia política en el Pontal del Paranapanema favorable para los latifundistas y no a los Sin Tierra, porque tienen en la Secretaría de Justicia un representante del PFL que evidentemente comulga con los principios generales de que la reforma agraria no es una alternativa, que los propietarios de tierra no deben perder ese patrimonio. Cualquier propietario, en el momento en que mire una política de reforma agraria, ve su dinero moviendo las alas. Es como el señor de esclavos al final de la esclavitud. Entonces, la reforma agraria tiene que ser una política correctiva, porque la tierra no es una propiedad como las demás. Creo que, si el gobierno de Lula abriese inscripciones generales para asentar a todos aquellos que tienen potencialmente el deseo de volver al campo, ese número no sería el de 830 mil de Fernando Henrique. Se estima que este número oscile entre los 3 y 5 millones de familias, en cuanto la meta del PNRA (500 mil) es del 10% de ese total.

BF - ¿Y como queda el presupuesto del 2004?

Oliveira - Como está en el Congreso, el presupuesto no tiene recurso para la reforma agraria. Pero en el momento en que el gobierno se compromete públicamente a tomar esas medidas, precisa encontrar esos recursos. Tendrá que haber una resignificación presupuestal, como hubo en el 2003, cuando el gobierno no utilizó todo el presupuesto que tenía.

Y por varias razones, por una parte por contingencias y por otra por no implantar todas las políticas que los recursos financieros permitían. El Ministerio cerrará la caja en azul. Aún no hay un cuadro para decir "Lula no está atendiendo los objetivos que ellos mismos dijeron que harían". Por el momento, existen promesas.

Entonces, a los movimientos sociales sólo les resta una alternativa: movilizarse políticamente. Si no hubiera movilización política, la implantación de la reforma agraria obedecerá al tiempo de la burocracia y todos sabemos que es un tiempo largo.

BF - Si la reforma agraria no se hiciera, ¿qué es lo que la sociedad brasilera puede esperar?

Oliveira - El cuadro histórico es de que habrá movilización social y si un gobierno popular con un conjunto de políticas reformistas, no realizara la reforma agraria, la llamada vía institucional comenzará a ser cuestionada. No hay otra posibilidad. Desde el gobierno de Sarney en 1985, se insiste en la vía institucional para hacer la reforma agraria. Si no es posible, los movimientos acabarán conscientes de eso y es necesario buscar otras alternativas. El gobierno de Lula vive un momento de desafío político. Si fracasara en la reforma agraria, esta no será alcanzada institucionalmente. Eso quiere decir que las fuerzas sociales tendrán que buscar otros caminos.

Correspondecia de Prensa - Boletin Informativo
Traducción de Ernesto Herrera - Correspondencia de Prensa