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Redacción Econoticiasbolivia.com (La Paz, enero 29, 2004).- Acosado por los sectores populares y los sindicatos que buscan su cierre, el Parlamento boliviano aprobó hoy una resolución de emergencia para sesionar en situaciones de conflicto en la ciudad de Sucre, y ya no en La Paz, donde la condena popular hacia el Legislativo se agudiza aceleradamente. Esta medida busca, además, evitar que la población obligue al Congreso a iniciar un Juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, denunciaron dirigentes sindicales y autoridades regionales.

"Están buscando eludir su responsabilidad, llevando las sesiones del Parlamento a otra regiones. Los parlamentarios tienen la misión de juzgar los crímenes de Gonzalo Sánchez de Lozada y de su gobierno", dijo airado el alcalde de La Paz, Juan del Granado, pocas horas después de que la Corte Suprema de Justicia definiera como responsabilidad absoluta del Congreso Nacional aprobar un eventual juicio de Responsabilidades contra Sánchez de Lozada, derrocado en octubre por una insurrección popular y actualmente refugiado en Washington.

"Estos sinvergüenzas son capaces de irse a sesionar a Chile o a los Estados Unidos, todo para no enjuiciar a Sánchez de Lozada", acusó el dirigente de la Central Obrera de El Alto, Roberto de la Cruz, en las propias puertas del Parlamento, en La Paz, a donde había acudido para exigir que los diputados y senadores se rebajen sus sueldos y dietas al nivel de los profesionales y trabajadores del país.

"Los parlamentarios están de miedo. Ellos quieren seguir manteniendo sus privilegios y sus sueldos, dietas y bonos de más de 50 mil bolivianos (6.300 dólares) cuando el pueblo gana apenas 400 o 500 bolivianos (60 dólares). El juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada era la última oportunidad que tenía el Parlamento para reivindicarse ante el pueblo y así evitar su cierre", advirtió el líder alteño de la rebelión popular de octubre.

Horas antes, el presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, había informado oficialmente que los parlamentarios serían convocados en los próximos días para decidir si se autoriza o no la instauración de un juicio de responsabilidades en la Corte Suprema contra Sánchez de Lozada y los miembros de su último gabinete por los sucesos de febrero y octubre de 2003. De acuerdo a ley, la decisión será adoptada por dos tercios de votos (105), proporción que sin embargo está bajo control de los partidos neoliberales y de derecha que gobernaron con los que ahora se intenta juzgar. Incluso, varios de los ministros imputados y acusados por la Fiscalía son parlamentarios en funciones.

"Ellos son juez y parte (...) El Congreso no es el escenario apropiado para llevar adelante un juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada porque aún está bajo su control de los parlamentarios que fueron parte de su gobierno, por eso no creo que el tema sea tratado de manera transparente e imparcial", explicó el "Mallku" Felipe Quispe, ejecutivo de la Confederación de Campesinos y también diputado indigenista.

Según el dirigente de la Central Obrera Departamental de Cochabamba, José Luis Núñez, "el Parlamento va a dejar en el olvido y en la impunidad a uno de los grandes genocidas que tuvo el país, no solamente por los últimos actos en octubre pasado, sino por la anterior gestión donde en su administración se logró liquidar con el concepto de soberanía y del derecho propietario sobre los recursos naturales".

"Creo que la presión del pueblo es el único mecanismo para poder encarcelar a los corruptos, a los genocidas de este país. No sólo exigiremos la rebaja drástica de las dietas parlamentarias; sino también tendrán que caminar al son de lo que el pueblo quiere. Si el Parlamento sesga esta situación, los movimientos sociales apuntarán a que el Parlamento se cierre", dijo el sindicalista al ratificar las decisiones de un reciente Ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB).

Hace una semana, 63 organizaciones laborales, reunidas en torno a la COB, convocaron para mediados de febrero a una huelga general indefinida y a un bloqueo de caminos si el gobierno de Carlos Mesa mantenía su rechazo a las demandas socioeconómicas de los trabajadores, mantenía en pie el neoliberalismo y lanzaba medidas económicas contrarias al pueblo. En este ampliado, dirigido por el líder cobista Jaime Solares, los sindicalistas aprobaron también por cerrar el Congreso y reemplazarlos por una Asamblea Popular de obreros, campesinos y clases medias, si los actuales parlamentarios no legislaban a favor del pueblo y castigaban a Sánchez de Lozada (ver http://www.econoticiasbolivia.com/documentos/notadeldia/cobhuelg.html).

La decisión laboral fue aceptada de inmediato por Felipe Quispe y Roberto de la Cruz, pero fue rechazada y calificada como "golpista" y "sediciosa" por el diputado cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales (ver http://www.econoticiasbolivia.com/documentos/notadeldia/cobmallku.html), que salió en defensa del Congreso y del gobierno de Mesa.

En las últimas horas, el propio Mesa ensayó una débil defensa del Parlamento.
"Mi Gobierno sin Parlamento no existe. Mi Gobierno con un Parlamento cerrado o un Parlamento asediado es un Gobierno que pierde legitimidad".

"La voluntad expresa del gobierno, del Presidente de la República es de absoluto respeto al Parlamento y la petición que hago, como Presidente de la República a los sectores sociales es que sus demandas no sean traducidas en amenazas que pudieran hacer entender que pudieran estrellarse contra el Parlamento Nacional", dijo Mesa, que en los últimos días también comenzó a ser acosado por los sindicatos y sectores populares (ver http://www.econoticiasbolivia.com/documentos/notadeldia/cobgasoclamor.html).