Como pocas veces en la historia diplomática del siglo XX, la demanda boliviana de una salida soberana al Océano Pacífico le ha ganado adeptos entre los gobiernos de Venezuela, de Cuba, de Brasil y de Uruguay, concitado el apoyo -'mediador', aclaró éste, posteriormente- del Secretario General de las N.U. y del ex Presidente de los EEUU, Jimmy Carter.

El histórico reclamo alcanzó recientemente un espacio internacional tras las declaraciones del Presidente venezolano, pero el episodio no concluyó con la respuesta de Santiago de retirar a su embajador en Caracas. Esta vez, a diferencia de ocasiones anteriores, la demanda boliviana ha ido cobrando cada vez más fuerza.
Uno de los elementos centrales que ha comenzado a jugar a favor de La Paz es la hábil relación trazada por su nuevo Presidente, Carlos Mesa, entre la estabilidad y gobernabilidad del Cono Sur de América y la situación política interna de su país. Esta simbiosis, que por lo demás fue uno de los factores que precipitó la caída del Presidente Gonzalo Sánchez de Losada, no ha pasado inadvertida al menos para el resto de los gobiernos suramericanos: Bolivia ocupa el corazón geográfico de la región, y la prolongación de su inestabilidad política (y de sus causas) podría incluso justificar que fuese invocada la 'Cláusula Democrática', que permite un cierto grado de intervención por parte de entes como el MERCOSUR, el Grupo de Río o la OEA, algo a lo que la política exterior chilena se opone rotundamente.
En un mensaje a la nación dirigido a fines de diciembre, el Presidente Mesa advirtió que 'el problema marítimo boliviano se convirtió en un elemento potencial de desestabilización de la región, porque puso en juego a la democracia boliviana; generó una situación de incertidumbre y de gran peligro para la estabilidad global, y los países vecinos y de la región se preocuparon porque el ejemplo boliviano podía haber cundido en otras naciones'. De allí, el hábil silogismo empleado por la diplomacia boliviana: 'El tema marítimo boliviano atañe al conjunto de la región, y la estabilidad regional pasa por la solución de nuestro problema marítimo'.
Para el gobierno boliviano, la demanda de una salida al Pacífico es un asunto pendiente y un tema crucial, y Chile 'debe entender que no vamos a resolver una relación fluida -necesaria, porque somos complementarios- si no resolvemos el tema de la soberanía boliviana'. El Presidente Mesa también pidió a Perú 'dar una respuesta positiva' en la eventualidad de que el gobierno chileno acepte una solución. El mandatario ha creado en los días últimos una inédita Junta de Asesoramiento Estratégico -integrada por diez ex cancilleres del país- para 'alcanzar un compromiso de unidad nacional en torno una salida útil y soberana al mar'.
La canciller chilena ha negado que la situación de mediterraneidad boliviana esté siendo un factor de potencial inestabilidad en AL. Sin embargo, el tema -por primera vez al menos durante el período pos régimen militar- ha pasado desde la esfera de la Cancillería a la netamente política cuando el Ministro del Interior chileno (y ex canciller) José Miguel Insulza, reconoció la preocupación del Gobierno por las declaraciones de autoridades de diversos países y criticó el que éstas 'no entiendan que el tema es bilateral'. A su vez, la canciller pidió una sesión especial de la Cámara de Diputados -declarada luego secreta por la presidenta de ésta-, a la que además acudió la ministra de Defensa, Michelle Bachelet. En reflejo de la gravedad del tema y de la importancia que Santiago -tardíamente para algunos críticos nacionales- ha conferido al tema, la cancillería chilena se vio forzada a emitir una declaración pública, reiterando entre otros aspectos que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 se encuentra plenamente vigente, la frontera entre ambos países 'total y definitivamente demarcada' y advirtiendo a quienes 'se sientan llamados a emitir opinión sobre asuntos que competen al campo privativo de las relaciones entre dos Estados a actuar con responsabilidad y a respetar el estricto apego al Derecho Internacional, a los tratados y a su intangibilidad'.
El gobierno boliviano ha reaccionado pidiendo formalmente a los gobiernos de Perú y de Chile sendos encuentros bilaterales en Monterrey -México-, donde a mediados de enero deberá efectuarse una Cumbre Extraordinaria de las Américas. Lima ya dio una respuesta positiva, pero además ella genera nuevas interrogantes que complican aún más las cosas para la diplomacia chilena.
El mensaje de fin de año del Presidente Mesa a su país mencionó indirectamente lo establecido en el Tratado de 1929 entre Chile y Perú. La lectura que se extrae de ello es la posibilidad de que La Paz reponga sobre la mesa de negociaciones una fórmula ya planteada por el gobierno militar en las conversaciones de 1975 y reiterada en 1987 , consistente en la cesión de un angosto corredor territorial al norte de la ciudad de Arica, opción que no llegó entonces a buen término ante el silencio del Perú. La decisión del gobierno peruano de que ante un eventual preacuerdo entre Chile y Bolivia sobre un corredor al norte de Arica su respuesta será 'amistosa y constructiva' ha reforzado esta hipótesis.
Es precisamente con esta convicción que el gobierno boliviano ha diseñado un trazado de negociaciones sucesivas que comenzarían con i) una reunión por separado con los Presidentes de Perú y Chile en Monterrey, ii) su demanda de retomar las suspendidas negociaciones sobre el tema marítimo a partir de los avances logrados anteriormente, iii) el planteamiento formal de la fórmula del corredor territorial al norte de Arica, para concluir con iv) la eventualidad de un nuevo Tratado entre Chile y Bolivia que sustituya al de 1904, que en el contexto de una solución favorable al tema de la mediterraneidad incorpore además algunos 'preceptos que no fueron respetados en el pacto vigente, especialmente en lo referido a los vínculos de amistad', según ha dicho su canciller, Juan Siles del Valle.
También La Paz hizo gala de una pronta reacción ante las confusas versiones y posiciones asumidas por Santiago: de la Cancillería hubo primeramente 'trascendidos' sosteniendo que sería el gobierno chileno el más dispuesto a gestionar una reunión entre ambos Presidentes para desbaratar cualesquiera arremetida del mandatario venezolano en la Cumbre de Monterrey; luego, afirmó desconocer un pedido formal boliviano para el encuentro entre Lagos y Mesa, y finalmente dio un rotundo portazo a tal posibilidad. El gesto ciertamente no será visto como amistoso por una opinión internacional cada vez más atenta al episodio. También revela que la política exterior chilena continúa adoleciendo de una inquietante falta de proactividad. Un postrer ejemplo de ello han sido las declaraciones del Presidente Lagos de que Chile está llano a estudiar la fórmula del corredor, pero sugiriendo un preacuerdo entre Bolivia y Perú, todo llo en los mismos instantes en que el gobierno peruano decía exactamente lo contrario. ¿Falla comunicacional, inadecuado asesoramiento informativo de La Moneda?
Por el momento, los cauces de entendimiento entre Chile y Bolivia y las escasas vías de diálogo existentes han retornado a su nivel más bajo en décadas. Bolivia quiso dar una prueba palpable de ello al comunicar su decisión de dar por concluidas las avanzadas negociaciones con Chile para suscribir un ALC -que en principio debía estar cerrado antes del término de 2003. A su turno, la candidatura de Insulza a la Secretaria General de la OEA ha comenzado a ser boicoteada por algunos países de América Latina simpatizantes con la causa boliviana. Además, el país recabó el apoyo de Washington a su tesis cuando su embajador en Santiago, William Brownfield, sostuvo que 'el tema es y debe seguir siendo estrictamente bilateral', aunque un par de días más tarde su representante en La Paz dijo que Washington 'apoya una solución'.
Dos líneas de reflexiones surgen de todo este episodio. La primera es la evidencia palmaria de la pobre capacidad analítica de la diplomacia chilena para advertir oportunamente el rumbo que estaban tomando las cosas y asumir la iniciativa -no sólo reaccionar ante terceros países. Pero, a fin de cuentas, ello sigue siendo algo tangencial ante la cuestión de fondo: la posición ''histórica' de la política exterior chilena sobre la mediterraneidad boliviana ha sido que el tema se resuelve de manera bilateral y que no hay cesión de soberanía. Lo primero es cuestionable ante un mundo cuyas tendencias y dinámicas actuales son diametralmente distintas a las de hace un siglo. El mismo principio del multilateralismo en lo comercial que dice sostener Santiago resulta difícil de entender ante una anquilosada visión del bilateralismo en lo político (sobre todo cuando predica una cada vez mayor integración política en y con el MERCOSUR). Una política de Estado puede seguir siendo 'históricamente' inconmovible, pero no necesariamente correcta si es mantenida a contrapelo de las corrientes predominantes hoy.
En cuanto a la cesión de soberanía, basta ver cómo se ha movido el mapa europeo de la última mitad del siglo pasado y cómo, a pesar o precisamente por ello, sus países han logrado la unidad económica y política actuales. Por lo demás, conozco al menos un par de Ministros del actual gobierno que -digamos, hasta hace un año- eran partidarios de un 'solución definitiva' al problema, para no mencionar a varios actuales parlamentarios de la Derecha que ocuparon altos cargos en el régimen militar y debieron ser obedientes defensores de la fórmula del corredor planteada en su momento por el general Pinochet. Pero, claro, ni los unos ni los otros osarían hoy defender una posición como ésa: no 'vende' ante una opinión pública nacional a la que se supone chauvinista, tradicional, apegada a los 'sagrados valores patrios' ¿Es está realmente la opinión mayoritaria de la ciudadanía? ¿Quién va adelante: el remero o el bote?