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A merced de los organismos internacionales y sin posibilidades reales de generar elevados ingresos adicionales propios ni las suficientes fuerzas para obtener muchos más impuestos de las transnacionales petroleras, el gobierno boliviano intentará convencer a Washington de que es necesario un urgente y generoso respaldo político y financiero que aleje el peligro de una convulsión social en el corazón de Sudamérica.
La administración de George Bush ya conoce estas demandas y ha convocado a una reunión del "Grupo de Apoyo a Bolivia" para el 16 de enero en la capital estadounidense y a la que asistirán representantes del Departamento de Estado, los organismos internacionales, varios países europeos y otros latinoamericanos, que temen que un eventual desborde popular se propague por la región.
Según confirmó el ministro de Hacienda, Javier Cuevas, la intención boliviana es lograr un apoyo económico de por lo menos 105 millones de dólares, en donaciones y créditos concesionales, necesarios para financiar parte del enorme déficit fiscal interno y garantizar programas de inversión social
Parte de estos recursos ya han sido comprometidos por los denominados "amigos de Bolivia", pero otra significativa porción aún está bajo análisis, según adelantaron altos funcionarios de la administración boliviana. Antes de desembolsar los recursos, Washington y los organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quieren tener la seguridad de que el gobierno boliviano pondrá a raya a los movimientos sociales y populares, y no cederá a sus exigencias, que las consideran inaceptables y excesivas para una economía de libre mercado y una democracia representativa. Ahí están, por ejemplo, las demandas sobre nuevos cultivos de coca, la re-nacionalización del gas y el petróleo, la reimplantación de empresas estatales productivas y otras exigencias contrarias al libre comercio y al accionar de los sectores empresariales privados.
Washington y los organismos internacionales exigen, además, "señales claras de que se preservará el orden y la seguridad interna, no se afectarán los intereses de los inversionistas extranjeros, que se honrarán los compromisos con las empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos y que el gobierno boliviano ejecutará acciones inmediatas para reducir sus gastos y aumentar significativamente sus ingresos, y así reducir su brecha fiscal de más del 8% del PIB (Producto Interno Bruto)".
El ministro Cuevas explicó que "esta brecha fiscal no puede ser cerrada sola y únicamente con la cooperación internacional, así que también estamos viendo aquellas áreas del gobierno central en las que podemos reducir en cuanto a gastos generales del Ejecutivo".
Por el lado de los ingresos, el Ejecutivo analiza la posibilidad de obtener nuevos recursos a través de mayores cargas impositivas sobre los asalariados, del fin de los subsidios al gas licuado doméstico y del aumento en los precios de los carburantes.
Estas medidas, sin embargo, son difíciles de aplicar en la magnitud y cuantía exigidas por los funcionarios del Fondo Monetario Internacional por su notable impacto en la economía popular, lo que exacerbaría la confrontación social y pondría en riesgo incluso la estabilidad gubernamental y política del país.
Para obtener recaudaciones significativas, los especialistas señalan que en el caso de los impuestos que gravan los ingresos y salarios, como es el caso del régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), la nueva carga tributaria debería afectar a los ingresos superiores a los cuatro salarios mínimos, tal como anunciaron inicialmente las autoridades de Hacienda. Sin embargo, el rechazo generalizado a esta iniciativa mostró a las autoridades lo peligroso que sería financiar parte del déficit por esa vía. Lo mismo aconteció con el anunciado alza del precio de los carburantes, que afectaría a la población en su conjunto.
El Ejecutivo también ya afrontó el disgusto de las petroleras, a las que pretende aumentarles el nivel de contribución tributaria que deben hacer a favor del Tesoro General de la Nación. Las empresas no están dispuestas a pagar mucho más, en la proporción planteada por las autoridades, y el gobierno tampoco quiere abrirse un nuevo y peligroso frente con ellas, por lo que sus expectativas por aumentar sus ingresos no son de las mejores.
Y es esto lo que las autoridades bolivianas, presididas por el ministro de Desarrollo Económico, Javier Nogales, intentarán explicar a Washington y a los organismos internacionales: que se harán los mayores esfuerzos para aumentar los ingresos propios, pero que si se presiona demasiado a la población se viene encima una eclosión social.
Por ello, según anticipó el ministro Nogales, el apoyo financiero de la comunidad internacional es crucial para la suerte de Bolivia. Un apoyo financiero externo elevado permitiría aminorar el sacrificio interno y los peligros sociales, siempre latentes en un país tan pobre y convulsionado como es Bolivia.
La inquietud que despierta la crisis boliviana en Washington es de tal magnitud que la propia administración de Bush ha comenzado a tomar previsiones para aislar internacionalmente a los movimientos sociales y populares que, como el de Evo Morales, han comenzado a cobrar mayor dimensión regional (ver Bolivia en la mira de Washington,