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Para cerrar el agujero fiscal que ha puesto al borde del colapso las finanzas públicas, el gobierno del presidente Carlos Mesa estudia la aplicación de un impuesto sobre el salario, la supresión de la subvención al gas licuado doméstico y el alza del precio de los carburantes líquidos como la gasolina, según anunciaron sus principales colaboradores.
El ministro de Hacienda, Javier Cuevas, dijo que habrían modificaciones al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) para que los asalariados entreguen al fisco parte de sus ingresos. Las autoridades adelantaron que los trabajadores y asalariados que ganen por encima de los cuatro salarios mínimos (1760 bolivianos o 220 dólares) tendrán que pagar un porcentaje aún no definido de sus ingresos.
Con pequeñas variantes, esta medida sugerida por el Fondo Monetario Internacional, ya intentó ser aplicada hace un año por el gobierno neoliberal del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, pero una revuelta cívico-policial lo impidió durante las jornadas del 12 y 13 de febrero, en las que se asesinaron a más de una treintena de personas y quedaron heridas a bala dos centenares de ciudadanos.
"Cuando hablamos de austeridad, también estamos hablando de algunas medidas de ingresos para que la gente que gana más pague más y también lograr mayores recaudaciones con la vigencia del Código Tributario, y de que la gente que actualmente no paga sus impuestos, también lo haga", dijo.
El ministro Cuevas, que durante la presidencia de Sánchez de Lozada se desempeñaba como viceministro del Tesoro, adelantó también que se produciría "ajustes" en los precios de los carburantes, buscando el cambio de la matriz energética para incentivar el consumo de gas natural y para desincentivar el consumo de gas licuado doméstico y la gasolina mediante el alza de su precio.
"Hay una estructura de precios distorsionada, debido a los subsidios al gas licuado y a los precios de la gasolina y el petróleo, que han estado subsidiando el diesel importado", agregó.
La posibilidad de modificar los impuestos, eliminar subvenciones a los carburantes y subir el precio de los combustibles también fue admitida por el propio presidente Carlos Mesa, quien sin embargo advirtió que una definición sobre estos temas se haría conocer a la población a fin de mes, aunque ratificó que era necesario que el conjunto de la población se sacrifique para aliviar la crisis fiscal.
"Cuando hablo de la necesidad de sacrificio mencioné el sacrificio del Estado que comenzará por el Presidente de la República, de los empresarios, las empresas petroleras y continuará por el conjunto de la ciudadanía", señaló.
La magnitud en el alza de impuestos y del precio de los carburantes sería definida tras las conversaciones que el Ejecutivo tiene previsto desarrollar con las empresas petroleras y luego que se contabilice hasta dónde puede el Estado recortar sus gastos.
Según el ministro de Desarrollo Económico, Xavier Nogales, otro ex ministro de Sánchez de Lozada, el gobierno buscará, en consenso con las empresas petroleras, aumentar el pago de tributos de las transnacionales.
"Aún no sabemos cuánto más de impuestos recaudaremos de las empresas petroleras, como tampoco sabemos todavía a cuánto alcanzará el recorte del gasto corriente del Poder ejecutivo", aseguró Nogales al justificar las razones por las que el gobierno aún no anunció la magnitud y peso de las cargas económicas que recaerán sobre los asalariados y la población, que ya sin embargo expresó su rechazo a la política económica del presidente Mesa, que al igual que su antecesor, busca salvar la crisis estatal con el sacrificio y el dinero de los de abajo.