Ignacio Ramonet
Le Monde Diplomatique

El terrorismo constituye una forma de lucha particularmente abyecta, dado que tiene como víctimas a civiles no-combatientes. Ninguna causa, por justa que sea, justifica el recurso a ese despreciable método. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, al igual que los más recientes de Casablanca, Riad, Estambul, Moscú, Haifa o Jerusalén, sólo pueden despertar repugnancia y aversión. Lo mismo que el empleo por ciertos gobiernos del "terrorismo de Estado" a manera de represalia.

Conmocionadas por los ataques del 11 de septiembre, tan violentos como inesperados, las autoridades de numerosos países se han apresurado a promulgar leyes que definen nuevos crímenes, prohiben ciertas organizaciones, limitan las libertades civiles y reducen las garantías contra las violaciones a los derechos fundamentales (1).

El primero en adoptar ese tipo de medidas fue Estados Unidos. Ya el 26 de octubre de 2001 el Congreso aprobó una ley bautizada oportunamente Patriot Act (Provide Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) (2). Esa ley otorga poderes excepcionales a la policía y a los servicios de información, reduce el papel de la defensa y pone en tela de juicio el habeas corpus, que garantiza las libertades individuales. Además, autoriza la detención, la deportación y la incomunicación de los sospechosos, mientras que las autoridades pueden encarcelar por tiempo indefinido a cualquier extranjero. Por último, suprime cualquier trámite judicial para proceder a allanamientos, escuchas telefónicas, controles de correspondencia postal y de comunicaciones vía internet.

Profundizando esa tendencia a reforzar la "seguridad", el presidente George W. Bush firmó el 13 de noviembre de 2001 un decreto que instaura tribunales militares especiales para los extranjeros. Se creó además el penal de Guantánamo. Por último, el 5 de enero de 2004, ha entrado en vigor el programa US Visit, que obliga a todos los extranjeros que llegan a Estados Unidos provistos de visado a apoyar sus dos dedos índice sobre un lector de impresiones digitales y a dejarse fotografiar.

Ese arsenal de medidas, insólito en tiempos de paz, y digno de un Estado autoritario, rápidamente sirvió de modelo a otros países. Comenzando por el Reino Unido, que no dudó en derogar el artículo 5 de la Convención Europea de los Derechos Humanos (3), y que adoptó en 2001 una ley antiterrorista que permite detener de manera ilimitada, sin acusación ni juicio, a cualquier extranjero sospechoso de constituir una amenaza para la seguridad del país.

El ministro del Interior, David Blunkett, quiere endurecer aún más esa ley -la más drástica de Europa - y aplicarla también a los ciudadanos británicos. Los sospechosos podrían entonces ser juzgados de manera preventiva en procesos secretos y sin jurado. Los magistrados destinados a participar en esas secciones especiales, al igual que los abogados, serán "seleccionados" por los servicios secretos a fin de facilitar la condena de los sospechosos. Blunkett pretende además que los pasaportes sean dotados de elementos electrónicos capaces de almacenar impresiones digitales y biometrías de retina...

En este contexto orwelliano, el gobierno francés también ha reforzado su arsenal de medidas de seguridad, adoptando primero las llamadas leyes Sarkozy (sobre la seguridad cotidiana, en noviembre de 2001, y sobre la seguridad interna, en febrero de 2003) y posteriormente, el 11 de febrero de 2004, la denominada ley Perben II (4). Esta última, que ha sido denunciada por todas las organizaciones de abogados, se caracteriza por la instauración de la investigación previa: una acción organizada sin que la persona interesada tenga conocimiento; un procedimiento secreto, que no admite cuestionamiento ni tiene límite en su duración. Las personas interpeladas podrán quedar detenidas durante 96 horas. La policía podrá aplicar técnicas especiales de investigación, como las escuchas telefónicas, la infiltración, el control de proximidad por medio de la instalación de cámaras y micrófonos ocultos en lugares privados. También se podrá, en caso de ausencia de los sospechosos, efectuar allanamientos durante la noche.

Alentados por el ejemplo de esos gobiernos democráticos, varios de los regímenes más represivos del mundo se han apresurado a subirse al tren del antiterrorismo. En Colombia, Indonesia, China, Birmania, Uzbekistán, Paquistán, Turquía, Egipto, Jordania, República Democrática del Congo, las autoridades califican ahora a los contestatarios de "simpatizantes de los terroristas" para sofocar toda oposición (5).

Tradicionalmente poco sensibles a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, las grandes democracias colocaban hasta ahora la defensa de los derechos políticos en primer plano de sus preocupaciones. ¿La obsesión antiterrorista las llevará a renegar de esa exigencia fundamental? Al decretar el estado de excepción como norma, y al erigir a la policía como figura central del sistema, ¿las democracias no se están suicidando ante nuestros ojos?