25 de enero del 2004

Cómo George W. Bush ganó las elecciones presidenciales de 2004
Sandeep S. Atwal
Progreso Weekly 

ES&S, Diebold y Sequoia puede que no sean nombres tan familiares para muchos como Enron y Arthur Andersen, pero esas tres compañías decidirán quién será el próximo presidente de Estados Unidos. En las elecciones presidenciales de 2004, por primera vez se sentirá todo el efecto del voto electrónico y esas son las compañías que informarán de la mayoría de los resultados.

A pesar de las aseveraciones de las corporaciones dueñas de esas máquinas, la confiabilidad del voto electrónico se encuentra bajo fuerte crítica. Uno de los exámenes más completes del fraude con voto electrónico lo hicieron los hermanos James y Kenneth Collier. En su libro de 1992 Votescam: The Stealing of America (Estafa electoral: El robo de Estados Unidos), los hermanos detallaron la larga historia del fraude electoral en los últimos veinticinco años, con especial énfasis en las máquinas de votación. Los políticos norteamericanos y los grandes medios ignoraron el libro, por lo que sus acusaciones permanecen sin respuesta.

Ahora sus preocupaciones son repetidas por un nuevo grupo de escritores, periodistas y activistas que han sonado la alarma y hablan de los explosivos detalles del voto electrónico en Estados Unidos. Mientras que estudiosos como los Profesores Rebecca Mercuri y David Dill y organizaciones como la Asociación para la Maquinaria de Computación han demostrado cuidadosamente lo vulnerable que son los sistema s de votación a las manipulaciones fraudulentas, los periodistas Lynn Landes, Jerry Bowles y Bev Harris están alertando a los norteamericanos de la preparación de un golpe de estado electrónico. Si sus acusaciones son ciertas y no existe evidencia que demuestre lo contrario, George W. Bush ya ha ganado las elecciones del 2004.

La Locura de la Florida se convierte en nacional

"Dados los resultados de nuestro trabajo en la Florida y con un nuevo presidente en el cargo, creemos que nuestros servicios se extenderán por todo el país".
- - Martin L. Fagan, Vicepresidente de ChoicePoint

Para comprender cómo es que George W. Bush ganará las próximas elecciones presidenciales, debemos comprender cómo ganó la anterior. Mientras la atención pública se enfocaba en perforaciones colgantes, votos de mariposa y un recuento tergiversado como consecuencia de la elección presidencial de 2000, la raíz del problema ha pasado inadvertida. Como descubrió el reportero investigador Greg Palast, el estado de la Florida purgó a más de 90 000 personas de su lista de votantes elegibles bajo la excusa de que eran criminales. En realidad, casi ninguno de los votos desautorizados eran criminales, pero casi todos eran negros o demócratas.

La investigación de Palast reveló que el corazón de esta limpieza étnica de listas de votantes era la creación de una nueva base centralizada de datos para el estado de la Florida. En 1999 el estado despidió a la compañía a la que estaban pagando por compilar sus listas de "inelegibles" y dieron la tarea a Database Technologies (DBT, actualmente ChoicePoint). DBT, una firma privada que se sabe que tiene fuertes vínculos con los republicanos, recibió $2,3 millones por hacer el mismo trabajo que ya se había hecho por $5 700.

La primera lista de criminales de DBT incluía 8 000 nombres de Texas, suministrados por funcionarios del estado de George Bush. El gobierno estatal dijo que todos eran criminales, y por lo tanto inhabilitados para votar según la ley federal. Funcionarios locales se quejaron de la lista y DBT hizo una nueva, esta vez con los nombres de 58 000 criminales. Palast descubrió que el único condado que cumplió el proceso de verificar la nueva lista nombre por nombre descubrió que estaba errada en un 95%.

Debido a la forma en que DBT compiló su lista equivocada, a los votantes de la Florida cuyos nombres eran similares a criminales de fuera del estado se les impedía votar. Un criminal de Illinois llamado John Michaels podía eliminar a los votantes floridanos John, Johnny, Jonathan o Jon R. Michaels.

DBT no puso bien los nombres, fechas de nacimiento o número de seguridad social, pero sí la raza, de manera que un criminal que se llamara Joe Green solo eliminaba a un Joe Green negro, pero no a un blanco con el mismo nombre. No había que adivinar la raza de un votante inhabilitado: la raza del votante está junto a su nombre en muchos estados sureños, incluido la Florida, porque la identificación racial es una exigencia de la Ley de Derecho al Voto de 1965.

Se suponía que el pago de $2,3 millones a DBT incluía la verificación de que los individuos en la lista eran realmente criminales, pero la investigación de Palast demostró que DBT no podía brindar pruebas de que había hecho una sola llamada telefónica para verificar la identidad de los nombres eliminados antes de la elección presidencial del 2000.

Desafortunadamente nada impide que esta purga tenga lugar nuevamente a escala nacional. Debido en gran medida a la atención prestada a los votos mariposa y a las perforaciones colgantes en otoño del 2000, la nueva Ley Ayuda a Votar a Estados Unidos (HAVA) exige que cada estado replique el sistema centralizado y computarizado de expedientes de votantes de la Florida antes de la elección del 2004, supuestamente para evitar la confusión del voto de papel en el recuento de la Florida. Martin Luther King III y Greg Palast recientemente escribieron conjuntamente una pieza acerca de los peligros de tales bases de datos y recordaron la debacle de la Florida. Su conclusión: "Jim Crow (el racismo) se ha mudado para el ciberespacio - más difícil de detectar, más astuto en su operación, convirtiéndose en el guardián electrónico de una nueva segregación electoral".

ChoicePoint ya tiene contrato con numerosos estados para proveerlos de listas electrónicas de votantes purgadas de supuestos criminales. Ellos son la selección natural por ser una de las más grandes compañías de bases de datos. ChoicePoint suministra información acerca de antecedents penales por distrito a 43 estados y también suministra acceso en línea a más de 63 millones de antecedents penales para los cincuenta estados. ¿Quién mejor para suministrar a los gobiernos estatales las listas de votantes que exige la ley?