Daniel Gómez-Olivé i Casas
Rebelión

El año 2002 los países de la periferia devolvieron al centro, en concepto de pago de deuda, 7 veces la cantidad que ellos recibieron en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) por parte de todos los países del norte. Esta transferencia continua de recursos del sur al norte significa una sangría que continúa oprimiendo con fuerza las posibilidades de desarrollo humano de los pueblos del sur. Aún así, el gobierno español casi no ha hecho nada para cancelar la deuda externa de los países empobrecidos. Es más, la política española de gestión de la deuda prioriza claramente los intereses empresariales españoles por encima de los compromisos internacionales de erradicación de la pobreza, de desarrollo integral y sostenible de los países del sur y de la garantía de los derechos de las personas.

LOS MECANISMOS QUE GENERAN LA DEUDA EXTERNA SE CONTINÚAN USANDO CON INTENSIDAD PARA FORTALECER LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

En efecto, en los últimos ocho años de gobiernos populares, los dos mecanismos que generan deuda externa de los países empobrecidos con el Estado español, los seguros de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación –CESCE- y los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo –FAD-, se continúan usando con intensidad para fortalecer las exportaciones españolas.

De un lado, los seguros de crédito a la exportación que otorga CESCE han crecido un 33%. La deuda CESCE también se denomina deuda comercial puesto que proviene de acciones de exportación fallidas entre un exportador español y un importador de un país empobrecido. En estas operaciones el Estado cubre parcialmente la exportación mediante un seguro de riesgo político. Así, en caso de que la operación resulte fallida CESCE paga a la empresa exportadora española prácticamente la totalidad del importe de la operación, por lo que esta sale casi indemne del impago. Finalmente, CESCE acabará reclamando la deuda originada por este impago a la administración del país dónde se realizó la importación. De esta manera, lo que inicialmente era una deuda privada entre un exportador español y un importador de un país periférico acaba convirtiéndose en deuda pública entre estados.

Por su parte, los créditos FAD, que contabilizan como AOD porque una parte de los mismos se otorgan como donación y otra en mejores condiciones que las del mercado, han aumentado en un 105%. Los créditos FAD son fuertemente criticados por el sector de la solidaridad internacional puesto que se otorgan condicionados a la compra de bienes y servicios españoles. Este hecho, además de encarecer el proceso (por cuanto obliga a comprar productos españoles que no tienen porque ser los más buenos y más baratos del mercado), no ayuda a fortalecer y dinamizar la economía local. En este sentido, el destino de los créditos FAD a China, país que aunque no se encuentra dentro de los principales países estratégicos de la AOD española ha sido el principal país receptor de los mismos en el año 2002, ha suscitado muchas polémicas. Si se analizan con detalle los créditos otorgados a la China durante aquel año se observa que la mayoría de los mismos tienen una clara orientación comercial: el 67% fueron utilizados por la empresa Indra (una de las principales empresas de fabricación militar del Estado) para habilitar un centro de entrenamiento de pilotos y un sistema de control de acceso a túneles de autopista. De este modo, se incumplen promesas gubernamentales del antiguo secretario de Estado de Cooperación Internacional, Fernando Villalonga Campos, en las cuales decía que los créditos FAD tenían que ser un instrumento de desarrollo y no de promoción comercial, como está sucediendo en la actualidad.

EN CONTRA DE LA OPINIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

El 12 de marzo de 2000, la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa llevó a término una Consulta Social en la que más de un millón de personas pidió al gobierno popular que aboliera la deuda externa que con él tenían contraído los países empobrecidos. Esta Consulta, sin precedentes a l'Estado español, se llevó a término poco después de que la campaña 'Deuda Externa, ¿Deuda Eterna?' consiguiera cerca de un millón de firmas para que el gobierno iniciara una política concreta de cancelaciones de deuda. A pesar de las presiones que han tenido los gobiernos del Partido Popular por parte de la sociedad civil para que aboliera la deuda externa de los países empobrecidos, el nivel de cancelaciones ha sido muy lejano a aquello esperado por la sociedad civil: el promedio de cancelaciones de deuda respeto el total se ha situado en torno al 1%.

En este sentido, es necesario denunciar el uso partidario del erario público que está llevando a término el gobierno español en algunos casos que está condicionando la cancelación de deuda al hecho que las empresas españolas puedan beneficiarse de estas operaciones. Estas operaciones son conocidas como conversiones de deuda por inversiones y están tomando importancia en los últimos años, sobre todo en Marruecos, Guinea Ecuatorial y Argelia. Se ha evidenciado que con este tipo de operaciones que, en un principio, tendrían que suponer un 'alivio' de la deuda, prevalecen los intereses comerciales y de inversiones directas extranjeras de las empresas españolas por encima de los objetivos de desarrollo y adquisición de derechos de las poblaciones más empobrecidas. Esto es tan evidente que incluso el propio Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico, en su examen a la cooperación española, insta al Estado español "para que estudie como reforzar el vínculo entre sus operaciones de conversión de la deuda y las estrategias para la reducción de la pobreza en los países beneficiarios".

¿QUIÉN AYUDA A QUIEN? LOS PAÍSES DEL SUR FINANCIAN EL DESARROLLO DEL ESTADO ESPAÑOL

Durante el periodo 1996-2002, el gobierno español recaudó, en concepto de servicio de la deuda (cobro de las amortizaciones del capital principal de los créditos más los intereses) un total de 4.400 millones de euros. Esta cifra supone casi un 50% de lo que otorgaron todas las administraciones públicas españolas (administración central y descentralizada) en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo. Es decir, casi la mitad de lo que se ha concedido como AOD ha sido devuelto por los países empobrecidos en concepto del pago de deuda. Asimismo, por cada euro anulado se cobraron cinco en concepto de servicio de deuda. Sólo en el año 2000, año de importantes movilizaciones en todo el Estado y en todo el mundo a favor de la abolición de la deuda externa, la administración de Aznar ingresó una cantidad por servicio de la deuda 7 veces superior a las cancelaciones de deuda que ella hizo. Atendiendo a estos datos nos tendríamos que preguntar quién está financiando a quién.

UNA NUEVA GESTIÓN DE LA DEUDA EXTERNA QUE PONGA POR DELANTE EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS A LOS INTERESES EMPRESARIALES

Por esto, es necesario exigir al gobierno español que, en la gestión de la deuda externa, se prioricen los derechos básicos de las personas por delante de supuestos derechos económicos de cobro por parte de los acreedores. Del mismo modo, es necesario que se dejen de potenciar aquellos instrumentos que generan deuda en los países empobrecidos (cobertura riesgo político a través de CESCE y créditos FAD) que están íntimamente atados con el interés de internacionalizar la economía española. Asimismo, hace falta pedir que todo aquello que concierne a la gestión de la deuda esté en coherencia con una política de cooperación que tenga por objetivo principal la erradicación de la pobreza y el desarrollo humano de los pueblos del Sur.

También hace falta exigir una mejora en la transparencia de la gestión de deuda, tanto de las políticas de generación de deuda como en las operaciones de cancelación y reestructuración de la misma. Finalmente, es necesario solicitar que desde el Estado se lidere un cambio real a nivel internacional de la política de gestión de la deuda externa, de manera que se afronten los cambios necesarios de la actual estructura económica mundial, verdadera raíz del problema de la deuda, para poder dar oportunidades de desarrollo a todos los pueblos.

Daniel Gómez-Olivé i Casas
Observatorio de la Deuda en la Globalización
Cátedra UNESCO en tecnología, desarrollo sostenible, desequilibrios y cambio global de la Universitat Politècnica de Catalunya