23 de febrero del 2004
En vísperas de la ampliación, los países de la UE restringen el acceso a su mercado
Los Quince cierran la puerta a los trabajadores del Este
Nathalie Dubois
Libération
Traducido para Rebelión por Rocío Anguiano
Curioso regalo de bienvenida: a menos de noventa días de la ampliación de la Unión Europea a diez nuevos países (1), las puertas se cierran en las narices de los trabajadores del Este que puedan sentirse tentados por la idea de emigrar al territorio de los Quince a partir del próximo 1 de mayo. Irlanda afronta incluso la posibilidad de ser el único país dispuesto a acogerlos, tras la avalancha de cambios de rumbo que se observa estos últimos días, ya sea en Suecia, en Dinamarca o en los Países Bajos. Pero el más espectacular de todos es el del Reino Unido, que se proclamaba precisamente el paladín de la política de puertas abiertas.
Actitud defensiva. Tony Blair, respondiendo a una pregunta parlamentaria de la oposición, reconoció que "existe un riesgo potencial proveniente de los nuevos países candidatos". "Eso es precisamente lo que nos ha llevado a revisar las concesiones que habíamos acordado. Si el hecho de renunciar a esas concesiones permite solucionar el problema, entonces lo haremos ". Las "concesiones" que señala el primer ministro británico se refieren en realidad a la decisión de Londres de abrir el mercado laboral, sin ningún periodo de transición a partir del 1 de mayo. Durante las negociaciones de adhesión de los diez, Alemania y Austria habían luchado por conseguir que se pudiera limitar durante un periodo máximo de siete años la llegada de los trabajadores polacos, eslovacos, letones y checos.
Aunque la adhesión de España y de Portugal, en 1986, no supusiera flujos migratorios masivos, y la Comisión Europea haya anunciado un impacto limitado de esta nueva ampliación -como mucho migrarían 2,3 millones de habitantes de los países del Este hacia la zona de los Quince- esto no impide que Berlín y Viena quieran tranquilizar a su opinión pública. Una actitud defensiva imitada por dos de cada tres países de la actual Unión. Empezando por Francia, que con un 9,7% de tasa de paro, quiere también restringir la libre circulación de los trabajadores. El mecanismo adoptado por los Quince es el siguiente: cada Estado miembro puede, sin tener que justificarlo, limitar el acceso a su mercado de trabajo durante dos años, pudiendo ampliar este plazo hasta un máximo de tres años. A partir del 1 de mayo de 2009, será necesaria la autorización de la Comisión así como proporcionar pruebas de un trastorno grave de su mercado interior para obtener una última prórroga de dos años. En la euforia de la cumbre de Copenhague que, a finales de 2002, decidió la reunificación de Europa, hubo cinco países (Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Suecia y Países Bajos) que se distinguieron por manifestarse dispuestos a poner en marcha de inmediato el mercado único.
A costa del Estado. Pero al acercarse el día J, los miedos se propagan entre los Quince, en donde solo el 47% de la población es partidaria de la ampliación, según el último Eurobarómetro. En el Reino Unido, la prensa euro escéptica ha lanzado una campaña xenófoba, despertando al fantasma de miles de gitanos que afluyen para vivir a costa del Estado. Las declaraciones de Tony Blair responden a esta campaña. En los Países Bajos, el gobierno decidió en enero admitir hasta un máximo de 22 000 trabajadores del Este durante el primer año. Por su parte, los países escandinavos temen por su Estado Benefactor. "Pecaríamos de ingenuidad si no viéramos los riesgos de ser el único país dispuesto a acoger a la gente de Europa del Este, que viene a trabajar por un sueldo mísero con tal de tener nuestras ventajas sociales" señaló el Primer Ministro socialdemócrata sueco. En las paredes de Estocolmo, proliferan los carteles del principal sindicato del BTP que muestran un obrero ataviado con casco y bañador: un trabajador del Este "explotado por 39,90 coronas la hora, en lugar del salario normal de 137 coronas".
El dumping social y el miedo a las repercusiones sobre las ayudas sociales han hecho que, en Dinamarca, se haya aprobado un texto que pretende "levantar una muralla alrededor de los regímenes [sociales] de nuestra sociedad de bienestar". Demasiadas muestras inquietud que, según Philippe Pochet, director del Observatorio Social Europeo "reflejan la total falta de preparación de esta ampliación". Y "las contradicciones de los Quince que no pueden pretender al mismo tiempo protegerse de las migraciones y recortar los gastos europeos de solidaridad" frente a países cuyo nivel de vida está por debajo de la mitad de los del Oeste.
(1) Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Lituania, Estonia, Chipre y Malta