29 de enero del 2004

Hace unos días el disidente cubano -y residente en el estado español- Michel Suarez denunciaba en el diario Las Provincias la política del derechista gobierno español, cuando por un lado afirma que "entiende perfectamente la situación dictatorial que vive el pueblo de Cuba, y por otro, deniega casi automáticamente todas las solicitudes de asilo político, exención de visado o regularización por la vía de oferta de trabajo".

El exilio cubano y los sectores más reaccionarios que lo apoyan habían comenzado una campaña de acoso al gobierno español, en la búsqueda de una salida a su situación. Pasando por alto el hecho de que otros muchos inmigrantes, procedentes de países con situaciones políticas y sociales infinitamente más duras que las suyas, son igualmente ignorados y maltratados por el gobierno español. Como si el ser cubano equivaliese a ser más y mejor que el resto de la inmigración, que se enfrenta igualmente a las políticas xenófobas y marginadoras del gobierno español.

Los exiliados cubanos dicen sentirse "atados de pies y manos" pero poco se acuerdan de quienes se encuentran en su misma situación cuando exigen que se cumplan para ellos "las leyes para estos casos y el apoyo prometido a la causa de la democracia cubana".

Curiosa tesitura a la que se enfrenta el gobierno español. Por un lado su apoyo al Imperio le hace tener un discurso duro con el gobierno cubano y favorable para sus disidentes; por otro, su política de cerrojo a la inmigración no le permite hacer concesiones. Por el momento, a diferencia con Miami, los cubanos en España no son un lobby poderoso y no controlan los "instrumentos" para hacer ganar unas elecciones.

Ese respiro le permite al Ministro del Interior (miembro de la secta "Legionarios de Cristo Rey"), dar largas, como cuando dijo en declaraciones a la cadena de radio COPE que el gobierno estudiará "caso por caso" la situación de los más de 3.000 cubanos "sin papeles" que viven en el país. Tras un agudo enfrentamiento verbal con periodistas del programa radial La Mañana, Acebes aceptó "estudiar" los casos porque "no se puede tomar una decisión global, saltándose la normativa internacional de asilo".

En la misma línea se movió Jorge Moragas, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular (en el gobierno), cuando -según la revista cubaencuentro- al término de una reunión con grupos disidentes en Madrid, respondió que no conocía la situación de desamparo a la que están sometidas estas personas a las que se les ha negado asilo político u otra vía para legalizarse en España. "No tengo noticias sobre ese problema", dijo, y evitó pronunciarse al respecto.