Les escribo este mail a todos los que compartimos la preocupación por el avance de la criminalización de la protesta social. Los sectores más reaccionarios del poder judicial siguen avanzando: hace unos días la Cámara de Casación Penal condenó a trabajadores ferroviarios que habían sido sobreseídos por otra Cámara inferior, por participar en una protesta con corte de ruta. Son hechos que afectan al pueblo. Tenemos que frenarlos.
Quiero contarles en qué estado está mi causa judicial, ya que me preocupa la posibilidad de que no sirva de mucho el esfuerzo realizado.

A partir de la condena dictada en septiembre del 2001 por el Juez Federal Leónidas Moldes de Bariloche, a 3 meses de prisión en suspenso, por participar en un corte de ruta en defensa de la Escuela Pública; he apelado a la Cámara de Casación Penal Federal (Comodoro Py), la que ratificó en fallo dividido la sentencia del Juez Moldes, sentando una peligrosa jurisprudencia, en junio del 2002.
En agosto de 2004, he presentado un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y hasta el presente, no tengo respuesta.
Estas acciones jurídicas fueron realizadas con el patrocinio del abogado Darío Rodríguez Duch, miembro del CAJ (Comité de Acción Jurídica), que trabaja junto a la CTA.
En todo momento las acciones jurídicas fueron acompañadas por la solidaridad de organizaciones populares y de muchísima gente en forma individual, incluso generando movilizaciones.
Todos compartimos que estas causas por cortes de ruta, en el marco de protestas populares, no son hechos que afectan a una sola persona. Son intentos del poder por impedir que se manifieste la gente por sus derechos, es un serio intento de la derecha que, haciendo una aberrante interpretación de la Constitución, pretende encarcelar a todos los que luchan, como mínimo. La interpretación es aberrante ya que la Constitución Nacional consagra con su misma jerarquía a las convenciones internacionales de Derechos Humanos.
Somos más de 3.000 procesados en todo el país por el artículo 194 del Código Penal, (corte de ruta), y cerca de 10.000 contando los procesados por otros artículos (participantes de escarches, de tomas de edificios, etc.)
Esta política tiene su máxima expresión en los asesinatos a compañeros, como el caso de los jóvenes Darío Santillán y Maximiliano Kostecki, dentro de la larga lista de asesinados por protestar.
La Cámara de Diputados no quiso ni siquiera tratar en diciembre del 2003 un proyecto de Ley de Amnistía para los luchadores sociales, y el Poder Ejecutivo a través de su Secretaría de Derechos Humanos no logra, por decirlo de una manera cuidadosa, tener una política clara para descriminalizar la protesta social.
En este marco, que seguramente puede describirse en forma mucho más completa, sería realmente un avance que la Corte Suprema se expidiera dictando mi sobreseimiento, dado que como su jurisprudencia es obligatoria, tendría en la práctica los efectos de una ley de amnistía para todos los compañeros perseguidos judicialmente por protestar cortando rutas. La posibilidad es concreta, dado que el Dr. Zaffaroni, escribió un artículo en el año 2002 criticando seriamente al fallo de Casación que ratificó mi condena, este artículo fue reproducido este año, en el libro que en forma anual publica el CAJ, sobre la situación de los Derechos Humanos en nuestro país.
Si hasta agosto de 2004 la Corte no se pronuncia sobre mi causa, la misma prescribe, es decir, yo quedo libre de cargos, de manera individual, pero no avanzamos en lo que realmente deseamos: producir hechos que frenen el avance de la criminalización de la protesta.
Teniendo esta posibilidad en las manos, entiendo que deben generarse hechos políticos para que esta causa tome estado público, presionando a la Corte Suprema a expedirse.
Si llegara a expedirse desfavorablemente, aún queda la posibilidad de pelearlo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene el caso en su haber y adopta la posición política de condenar la criminalización de la protesta social en Argentina.
Por eso escribo este mail, si la causa prescribe, ni siquiera queda abierta la vía de la Comisión Interamericana.
Me parece que es tiempo de gestar una amplia unidad en el campo popular, y realizar acciones concretas: movilizaciones, debates, conferencias de prensa, etc., para lograr una jurisprudencia favorable de la Corte.
No creo que se trate del problema individual de una docente patagónica. Es el problema de todos los que queremos luchar por una sociedad más justa y equitativa, con los matices que tengamos. Es un problema del pueblo.
De aquí hasta agosto, entiendo, deben profundizarse las acciones contra la criminalización de la protesta, exigiendo definiciones en la Corte.
Ojalá lo logremos, colectivamente, superando desencuentros y mezquindades.
Este mail, lo mando a organizaciones populares y personas individualmente. El debate está abierto, para quien quiera expresar su opinión, también podemos construir desde la diferencia, me comprometo a reenviar a la misma red todas las opiniones que me lleguen.
Lo que creo que NO tenemos que hacer, es perder las oportunidades que tenemos para avanzar.
Un abrazo para todos.
Espero respuestas, desde ya, agradezco el reenvío y difusión de este mail
Marina Schifrin
Bariloche
DNI 13915843.
valjean@bariloche.com.ar