EVASION IMPOSITIVA EN SANTA FE

Carlos del Frade
Argenpress.info

Esta es la denuncia en la que coincidieron Transportadores Rurales Argentinos y Confederaciones Rurales de Santa Fe al mismo tiempo que informaron sobre la necesidad de que exista voluntad política para que las comunas y los municipios reciban algo de todo lo que se va por los puertos privados. Cargill y Aceitera Chabás son las señaladas. Los dirigentes gremiales están convencidos que semejante grado de evasión es posible por distintos niveles de corrupción en todos los niveles del estado. Una radiografía del actual sistema cardíaco de la riqueza argentina. Ganan los mismos de siempre y pierden los productores y los trabajadores.
Las vaquitas, la soja y casi todo se van por la misma senda...
Todo empezó en el año 2000. Transportadores Rurales Argentinos salía de una medida de fuerza y se integraba a una comisión intersectorial para evaluar el por qué del conflicto y sus posibles salidas para que no se repitiera la historia. Esa reunión convocó a los representantes de la Secretaría de Transporte de la Nación y la provincia y a los productores.
La idea fuerza que se impuso fue la necesidad de recorrer los pueblos de la zona sur de la provincia.
Ahí surgió como una respuesta de sentido común lograr una tarifa consensuada entre los que pagan el trabajo de los transportistas, los productores, y los mencionados conductores de camiones que llevan cereal, fundamentalmente soja.
Aquella recorrida por los pueblos descubrió el circuito en negro que sigue el dinero pagado originalmente por el productor y que nunca llega de esa manera al transportador.
Los resultados de esa inmersión en los caminos polvorientos del sur santafesino fueron que las multinacionales y las acopiadoras de cereal apenas pagan un 40 por ciento del precio acordado y pagado por el productor.
'Son mil doscientos millones de pesos anuales los que se calculan como la cifra que engloba el flete a nivel nacional en época de cosecha alta, como sucede entre abril y mayo. Por lo tanto, en la provincia, esa evasión en fletes que hacen grandes empresas como Cargill y Aceitera Chabás, entre otras, es del orden de los 130 millones de pesos anuales. Una cifra monumental que no entra ni al estado nacional, ni al estado provincial, ni a los estados municipales ni comunales. Y todo el mundo lo sabe', se quejó Carlos Dinunzio, presidente de TRA.
El dirigente calificó la maniobra 'como un verdadero robo que se le hace tanto al productor que paga el flete como al camionero que nunca cobra lo que le dicen'.
Esta misma denuncia fue realizada a las autoridades de la administración de Carlos Reutemann y la repitieron ante los funcionarios de Jorge Obeid. No hubo ningún tipo de respuesta.
'No hay decisión política. No se quiere regular el transporte en la provincia. Porque todo esto se solucionaría si pusieran una balanza en la puerta de acceso y salida de las grandes acopiadoras. Pero así como están las cosas, esas balanzas durarían menos de un día. No puede ser que el productor pague por algo que nunca es igual al precio que abona. Ahora no sabe nada en relación al verdadero destino de su dinero', agregó Dinunzio.
Víctor Caruso, titular de Confederaciones Rurales de Santa Fe, contó una anécdota sobre el rol histórico de empresas como Cargill: 'Una vez le dije a un gerente de Cargill que se parecía a uno de los capataces de La Forestal. Porque el problema no pasa por las inversiones que hacen las multinacionales en la zona. Al contrario. El problema es que esas multinacionales ponen las reglas de juego. Y además son como gitanos: en cualquier momento levantan la carpa y se van a otro lado'.
Caruso, como representante de los productores, coincidió con Dinunzio en el nivel de evasión en el pago de fletes que están haciendo las grandes aceiteras.
El principio fue el fin de la Junta Nacional de Granos
Y sostuvo que 'todo empezó con la famosa privatización de la Junta Nacional de Granos. Ahí apareció el negocio del acopio antes de llegar al barco, a los puertos. Las grandes multinacionales alquilaron esas plantas de acopio que los argentinos no supimos mantener ni manejar. Desaparecieron los llamados poderes compensadores. No solamente el del estado, sino también el de las cooperativas. ¿Cómo juegan hoy las cooperativas?', se preguntó con ironía el referente de los productores del sur santafesino.
Indicó que 'el descubrimiento de toda esta trama de negociados alrededor de la comercialización del cereal surgió de nuestra recorrida por los pueblos. En las rondas de negociaciones aparecían las diferencias. Un productor decía lo que había pagado y entonces el transportista saltaba contestando que había recibido menos de la mitad de esa cifra'.
Caruso relató que 'muchos productores compraron sus propios camiones para reducir costos y hacer unos pesos más, pero se encontraron con que recibían muchísimo menos dinero que el que pagaban. Había dos o tres facturas, dos o tres cartas de porte. Una verdadera anarquía al servicio de las grandes aceiteras', dijo el dirigente.
Al saberse de esta diferencia entre lo que paga el productor y lo que recibe de verdad el camionero, muchos dejaron que el camión se cargara con más tonelaje que el permitido. El resultado fue que 'muchos camiones se rompieron y que algo de dinero les entró en los bolsillos, pero muy poco. Es decir, a partir de esta evasión, comenzaba a producirse delincuencia entre los trabajadores. Se los obligaba a cargar más de lo permitido para que pudieran arreglar la tarifa de otra manera'.
Dinunzio añadió que 'hay camiones que viajan con 45 toneladas, cuando el límite son las 30 toneladas. Pero eso se soluciona con balanzas en las entradas de las aceiteras. Pero General Deheza, una de las más importantes, tiene a su dueño, uno de los integrantes de la familia Urquía, en el senado de la Nación. Nunca duró una balanza para controlar el verdadero peso de la carga que lleva un camión más de seis horas'.
De camiones y playas
También se quejó que 'la Gendarmería Nacional controla a los camioneros a ver si llevan el Registro Unico del Transporte Automotor (RUTA) y si no lo tienen, le cobran 407 pesos diarios en guarda. Debe ser el estacionamiento más caro del mundo. Pero eso si, la Gendarmería nunca controla ninguna otra cosa. Esto tampoco puede ser...', afirmó.
Caruso hizo otra observación en relación a los negocios que hacen las aceiteras al decir que 'la tonelada de soja vale 321 dólares, pero la terminan pagando 240 dólares al productor. Evidentemente hay algo así como un complot en todo lo que se vincula a la comercialización de los granos de los que no participan ni los trabajadores ni los productores. ¿Quién conoce el negocio que hacen los acopiadores, la industria del sector y los exportadores?. Solamente ellos y nadie más. Sin embargo el negocio del productor es claro y conocido por todos', graficó con indignación.
Dinunzio apuntó que la concentración de camiones a la vera de la autopista a Santa Fe es una postal que se repite todos los años. 'Como también se repiten todos los años las reuniones que tenemos con las autoridades de las municipalidades de Rosario, San Lorenzo y Puerto General San Martín. Siempre les decimos que no somos animales y no queremos ser tratados como animales. Somos los que llevamos la riqueza del país. El juez de San Lorenzo, Eduardo Filloco, se pronunció ya hace algunos años diciendo que los camiones no pueden ser detenidos en la autopista. Los camiones siguen quedándose ahí. El poder no está ni en la justicia ni en el estado', dijo el titular de TRA.
Para Caruso 'la solución pasa con hacer pequeñas playas de estacionamiento para trescientos camiones en cada lugar de acopio en el interior de la provincia y de esa manera el camionero se queda en su pueblo, con su familia, le pagan la estadía y todo sería mejor. Sin embargo ahora se habla de un proyecto circunvolar que va a llevar por lo menos quince años. Se dice que van a necesitarse unos 300 millones de dólares. Parece ser la obra para otro país o por lo menos para otro momento del país. Mientras tanto dicen que van a hacer tres playas para 20 mil camiones cada una. Es una locura. Si un camión con acoplado tiene alrededor de 20 metros, imaginate que quieren construir una playa para 600 kilómetros de camiones. No es algo serio', ejemplificó Caruso.
Mientras tanto, el dinero sigue siendo de las grandes aceiteras.
Como casi siempre.
El gobierno de la provincia, en forma paralela, no dice una sola palabra.
Porque la política económica del estado santafesina parece ser el conjunto de decisiones que toman las grandes aceiteras.