Juan Gasparini (desde Ginebra)
Argenpress

Carlos Bettini fue asesor en el Ministerio de Justicia de los ministros menemistas Jorge Maiorano, Rodolfo Barra y Elias Jassán. Luego pasó a ejercer la jefatura de gabinete del entonces Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, hasta su retiro en febrero de 2004. Invocó esta investidura para, supuestamente, sobornar a la Secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Patricia Bullrich, ministra de Trabajo durante la presidencia de Fernando De la Rúa.
El 20 de diciembre de 1999, en efecto, el entonces ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, le redactó la denuncia a Patricia Bullrich, alarmada por la oferta de cohecho que, según ella, le insinuara Bettini esa misma mañana en sus oficinas de la calle Sarmiento 329 de Buenos Aires. La audiencia oficial tuvo que ser abruptamente interrumpida por la potencial candidata a ser corrompida. Sus alegaciones fueron cursadas a la Oficina Anticorrupción. Allí |transmitieron que al tratarse de un subordinado de Becerra, le correspondía a éste abrir el sumario. Conviene añadir que Bettini no sólo se cubrió con el manto de patrón de los asesores del Fiscal General del Estado para impresionar a Bulrich. Se arropó también con la amistad del líder socialista español, Felipe González, con el embajador de España en Argentina, y con altos funcionarios del Ministerio de Justicia que actuaran en las gestiones precedentes a la de Ricardo Gil Lavedra. De este modo, justificó el 'inusual interés' por las licitaciones para remodelar o construir prisiones en Argentina, operando en nombre de Dycassa, empresa española interesada en los contratos con el gobierno nacional, un trámite que nada tenía que ver con sus ocupaciones en derredor del jefe de los Fiscales, Nicolás Becerra. Patricia Bullrich, como responsable de asuntos penitenciarios, con los expedientes del caso bajo su control, no permitió que Bettini le hiciera la ominosa oferta y lo expulsó de su despacho. El artículo 258 bis del Código Penal de Argentina, sanciona con prisión de uno a seis años al que propusiere dádivas a un funcionario público. Dycassa, la compañía española en el origen de este presunto ilícito, propiedad de Florentino Pérez, hoy presidente del club Real Madrid, cuenta con los servicios en la Argentina del estudio del abogado mendocino Roberto Dromi, quien, como José Luis Manzano y Eduardo Bauzá, pertenecen al círculo áulico de negocios en el que se desenvuelve Becerra, ahora candidato al Tribunal del MERCOSUR.
El expediente disciplinario que debió realmente iniciársele a Bettini en la Procuraduría de la Nación, y los resultados de un allanamiento espectacular que, a efectos de la denuncia de Bullrich, allí realizó intempestivamente el juez federal Jorge Urso, parecen haberse hundido en la nada. Bettini siguió en su cargo de brazo derecho de Becerra. Alegó para esos días que le atribuían una intencionalidad política de corromper que no fue tal. Dijo a su alrededor que ejercía lobby, sin voluntad de sobornar, un argumento que no justifica invocar a Becerra para conseguir una entrevista muy importante, con objetivos al margen del ámbito judicial en el que coincidían las actuaciones públicas con su interlocutora. El libreto excluye de toda mención al abogado Dromi, con quien está vinculado Dycassa, por lo demás un amigo y comprovinciano de Becerra. Estos puntos oscuros podrían constituir ingredientes para una asociación ilícita con el propósito de corromper.
Patricia Bullrich persiste y no rectifica. Ungida ministra de Trabajo por el presidente Fernando de la Rúa, reiteró su versión de los hechos en una entrevista exclusiva con el autor en Ginebra, Suiza, el 5 de febrero de 2001, remitiendo por fax copia de su denuncia contra Bettini el 16 de febrero de 2001.