El MTD Anibal Veron Denuncia a funcionarios provinciales y nacionales por complicidad con el genocidio económico y discriminacion política, cuyas victimas son familias indigentes.

Mtd Anibal Verón

La Argentina un país que alguna vez fue conocido como "granero del mundo", es paradójicamente escenario de un genocidio social, cuyas cifras aterran:
55 niños, 35 adultos y 15 personas mayores mueren diariamente por causas vinculadas al hambre, es decir casi 450.000 personas entre 1990 al 2003, un verdadero genocidio económico. La Encuesta Permanente de Hogares que realiza un organismo oficial, el INDEC ilustra que para el segundo semestre del 2003 , 18355445 personas (sobre una población de 38000000) se encuentran bajo el nivel de pobreza, 7872105 personas son indigentes y cerca de 4.5000.000 están desempleados.
Se considera indigentes a aquellas personas con ingresos inferiores para la adquisición de una canasta mínima que le asegure la recomposición de las naturales energías gastadas durante el día. Los indigentes representan en la Argentina mas del 20% de la población.
Este cuadro se completa con el reconocimiento oficial de que mas de un millón y medio de niños, trabajan, o mejor dicho son explotados sin ningún tipo de amparo.
Las hambrunas masivas no son una constante en la Argentina. En el período 1945-1990, el hambre podía localizarse en bolsones de pobreza en poblaciones del interior que por su aislamiento geográfico, o por particularidades regionales o de coyuntura económica, quedaban temporariamente afectados. Pero a partir de 1990 el mapa del hambre empieza a extenderse en todo el país.
Podría suponerse que alguna causa climática o desastre ecológico ha sido responsable de tal flagelo, sin embargo las estadísticas lo desmienten:
La Argentina produce 70 millones de toneladas de granos, posee 56 millones de cabeza de ganado bovino, una cantidad similar de ovinos y un plantel mayor de porcinos. La Argentina produce 3500 Kg. de alimentos por habitantes por año, la mayor tasa de alimentos por habitantes del mundo.
Las causas de este despropósito hay que buscarla en mas de dos décadas de aplicación de politicas neoliberales que modificaron la distribución del ingreso de un 50% para el capital y un 50% para el trabajo, de principios de la década del 70 , a la actual distribución del ingreso: 81 % para el capital y 19 % para el trabajo cuyó único parangón posible son los regímenes esclavistas de Africa colonial.
Esta paradoja se explica también por el modelo agroalimentario implantado al amparo
de los procesos de globalización neoliberal. Se trata de un modelo dominado
por las grandes empresas transnacionales y las tecnologías que ellos
controlan: los supermercados en la distribución final de alimentos, la gran
industria alimentaria, la industria semillera y de agrotóxicos, y el
capital financiero concentrado (pool de siembra). Un modelo que produce
materias primas (commodities) para la exportación, cuyo producto estrella es la soja trasgenica. La Argentina producirá este año 34.5 millones de Tn de soja transgénica (el 50% del total de la producción de granos) en algo más de 14 millones de Has (el 54% de la superficie sembrada)
Un modelo ya ha expulsado más de 100.000 agricultores, trabajadores rurales y sus
familias. Un modelo que, en definitiva, impulsa una agricultura industrial
"sin agricultores"; que convierte un recurso renovable como el suelo, en un
recurso no renovable o altamente degradado en su estructura físico-química
y en su diversidad biológica. Una agricultura que es sólo un paso de
mediación en la reproducción del capital financiero, el cual invierte en el
recurso tierra extrayéndole todo su potencial rentable hasta agotarlo;
expulsa a los agricultores, y se va hacia nuevos destinos más lucrativos,
dejando un desierto a sus espaldas.
Planes de empleo, una política de contención devaluada, reducida y manipulada.
Antecedentes históricos
En 1996 se producen en la Argentina los primeros cortes de ruta protagonizados por poblaciones seriamente afectadas por las privatizaciones de empresas del Estado. Las primeras explosiones sociales se producen en Cutral-Co ( Neuquen) y Mosconi( Salta) dos ciudades petroleras estrechamente ligada a la petrolera estatal YPF, que fue privatizada, proceso que fue acompàñado por miles de despidos.
La respuesta oficial a esas demandas fue la instrumentación de planes de empleo: los denominados planes Trabajar.
En la medida que las protestas se fueron masificando y extendiendo a todo el país se empezaron a crear nuevos planes de empleo provinciales y nacionales. Estos planes de empleo fueron administrados mayoritariamente por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales o municipales. Solo una pequeña parte ( un 6%) fue administrado por las organizaciones de desocupados.
Desde sus comienzos los planes de empleo tuvieron una intencionalidad dual. Por un lado contribuían a aliviar situaciones desesperantes de emergencia económica en familias de desocupados; por otra parte se prestaban a la manipulación por parte de los funcionarios que los utilizaban para extender las redes del clientelísmo político. En la mayoría de los casos su otorgamiento era discrecional y se utilizaban como moneda de cambio de adhesión política.
Esta situación provocó el crecimiento de organizaciones que, con autonomía del Estado, trataron de administrar los planes atendiendo las necesidades mas urgente y promoviendo que las contraprestaciones fueran utilizadas en el desarrollo de proyectos productivos, pequeños microemprendimientos con que los desocupados intentaban crear fuentes de subsistencia alternativa. También que se impulsara el reclamo por la universalidad del plan, evitando así que quedara en mano de manipulaciones y otorgamientos arbitrarios.
En el año 2001, el Presidente Duhalde, crea el Plan Jefas y Jefas de Hogar que es presentado como un plan universal al que pueden acogerse todos aquellas personas desocupadas que reunan la condición de jefes de hogar. La implementación no es inmediata pero al asumir el presidente Kirchner se calculaba que alrededor de la mitad eventuales beneficiarios tenía acceso al plan ( 1800000 personas).
La devaluación de los Planes.
Con respecto al valor monetario de los planes de empleo los ciento cincuenta dolares originales se convirtieron en poco mas de cincuenta dolares, como producto de la devaluación.
Es interesante comparar la capacidad de compra actual de los ciento cincuenta pesos que recibe un beneficiario de un plan Jefes o Barrios Bonaerenses con indices oficiales sobre lo que necesita una familia para subsistir.
En el mes de febrero de 2004 según la medición del INDEC una familia necesitaba un ingreso de 718,46 pesos para cubrír un Canasta Basica de productos y servicios (CBT).
Con un ingreso menor esa familia era considerada pobre.
Indicaba además que las familias necesitaban un ingreso de 326,95 pesos para cubrir una Canasta Basica Alimentaria (CBA) . Con un ingreso menor se consideraba indigente.
Desconocimiento de la universalidad, bajas descriminadas
El nuevo gobierno de Kirchner desconoce el carácter universal con que fue promocionado el Plan Jefes y Jefas y lo reduce a 1500000 beneficiarios, alegando irregularidades y casos de corrupción. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Dr Sola y el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires a cargo del ministro Juan Pablo Cafiero y la viceministra Marisa Graham, profundizan esta política dando de baja 22000 planes Barrios Bonaerenses, con los mismos argumentos de corrupción e irregularidades.
Como bien lo señala el defensor del Pueblo de la Nación en su resolución 0004/04 las decision política de desconocer la universalidad de los planes viola normas constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos Humanos. "Que, nuestro país ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención de los Derechos del niño. En la reforma de 1994 se incorporan en el artículo 75 inciso 22, de nuestra Constitución Nacional, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos más importantes, entre los cuales se encuentran los mencionados. A partir de entonces, dichos tratados adquieren jerarquía constitucional, tienen rango superior a las leyes.
Que, por lo tanto, existe la obligatoriedad del Estado argentino de resguardar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas y de establecer todos los mecanismos necesarios a los fines de lograr el desarrollo y el aumento progresivo en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos sus habitantes"
La política de baja de planes tiene un carácter dual: por un lado desampara a miles de familias despojadas arbitrariamente de los planes y por otro lado es utilizado como herramienta de presión y manipulación política. El método que utilizó el gobierno nacional y provincial fue dar bajas masivas y después levantar exclusivamente los planes correspondientes a municipios u organizaciones de desocupadas consideradas "amigas". Esta manipulación política, con su sistema de "premios" y "castigos", es cuestionable desde el punto de vista ético, pero además constituye una grave violación a los derechos humanos, porque sus víctimas son indigentes.
Sobre el tema es ilustrativo el artículo titulado " Menos asistencia, mas empresas" publicado el 12 de abril de 2004 en el el Diario Pagina 12 y que firma Laura Vales. Esta periodista especializada en temas sociales dice textualmente:
...." La primera de esas medidas comenzó en enero. De entonces a hoy el mayor programa social del país, el Jefas y Jefes de Hogar, fue recortado en 200 mil planes, mientras al mismo tiempo en la provincia de Felipe Solá el Barrios Bonaerense sufría una poda de 22.500 beneficiarios. En ambos casos, la nación y la provincia han ratificado que los planes dados de baja quedarán cancelados definitivamente. Es decir que los casos dados de baja no se reintegrarán ni, en el caso de irregularidades, serán traspasados a desocupados sin cobertura.
La medida desanda el criterio con el que fue creado el Jefas y Jefas de Hogar. Nacido a comienzos del 2002, en el momento más fuerte de la protesta social, el plan se basaba en un principio de universalidad para su distribución, ya que todo aquel que estuviera sin trabajo y fuera padre de chicos en edad escolar podía acceder a los 150 pesos. El subsidio no era entendido así como un don del Estado o el favor de un puntero, sino como un derecho de inclusión. La idea de la necesidad de un plan universal estuvo influida por la campaña que poco antes del estallido de diciembre del 2001 había hecho el Frente Nacional contra la Pobreza, que reunió tres millones de firmas por la creación de un seguro de empleo y formación y difundió en la sociedad la idea de que la desigual distribución del ingreso es el principal problema de la Argentina.
En aquel momento en el país había 14 millones de pobres. Hoy los pobres son 17 millones. El arco de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que se movilizaron a Plaza de Mayo el último 24 de marzo insistió por eso en la necesidad de contar con planes universales.
De todas formas, el criterio de universalidad del Jefes de Hogar duró muy poco. En mayo del 2002 la inscripción al plan fue cerrada y se retomó el viejo sistema de cupos
por el que los municipios y las organizaciones de piqueteras reciben planes según los acuerdos que consigan con el Gobierno. Porque aunque el Jefes de Hogar está cerrado, hay otros programas similares, como los PEL, cuando aparece una urgencia. Esta es la línea que se sigue manejando ahora. Su principal debilidad es que, al concentrar en manos de los funcionarios la atribución de decidir a quién le corresponde o no la asistencia, se crea un marco favorable a los manejos clientelares".
Aún sin justificar las bajas discriminadas politicamente podía suponerse que el problema del gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires con el MTD Anibal Verón es su discrepancia con la política oficial de promover emprendimientos productivos. Sobre el punto es muy ilustrativo el comentario de la propia Laura Vales que es parte de la misma nota mencionada "Hay que decir que para un sector del movimiento de desocupados los emprendimientos han sido un reclamo propio. Los MTD de la Aníbal Verón, la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, el Movimiento Teresa Rodríguez han impulsado los emprendimientos desde antes de la creación del Programa Manos a la Obra, como una opción superadora de los planes de empleo, aunque con un espíritu distinto al oficial, resignificando su uso. En su caso, los emprendimientos son la oportunidad de poner en práctica espacios de trabajo bajo formas de producción no capitalistas, basadas en la cooperación. No les interesa, por supuesto, la invitación a convertirse en microempresarios sino una construcción social distinta. En cuanto a la comercialización, prefieren modelos de intercambio entre productores a la competencia en el mercado abierto".
Es de destacar que los conceptos expresadas en el artículo citado es coincidente con la casi totalidad de la bibliografía existente sobre el tema.
Casos emblemáticos de bajas arbitrarias correspondientes al MTD Anibal Verón.
La política oficial de bajas arbitrarias esta dirigida a distintas organizaciones de desocupados y municipios.
En los casos presentados, pertenecientes al MTD Anibal Verón, la documentación presentada y los testimonios de las víctimas, demuestran que los supuestos "corruptos", son Jefes y Jefas de Hogar con menores a cargo, mujeres embarazados, personas afectadas por enfermedades graves, discapacitados. Que en todos los casos desarrollaban tareas comunitarias o productivas acorde a sus posibilidades físicas.
Que el motivo por el que son privado del subsidio oficial obedece exclusivamente a una política de discriminacion por parte de los funcionarios del Estado hacia el MTD Anibal Verón, política que suponemos es continuidad de los crimenes políticos de Dario Santillan y Maximiliano Kosteki ejecutados por miembros de la policía bonaerense y donde el propio gobernador Sola ha sido denunciado como responsable ideológico e inspirador de la masacre. Sobre estos crímenes y el de Javier Barrionuevo, todos integrantes del Mtd Anibal Verón se adjunta documentación. Corresponde destacar también que como consecuencia de la movilización de los afectados por la baja de Planes, todos los miembros de la comisión que ingresó a negociar con el Ministro Cafiero fueron procesados a iniciativa del fiscal Romero (adjuntamos documentación).
MTD Anibal Veron - Alte. Brown, Lanus, La Plata, Berisso, Echeverría ( Javier Barrionuevo), Jose C Paz ( Oscar Barrios); Ezeiza, Quilmes( La Cañada); Lujan, Lomas de Zamora, Lugano, San Telmo-Barracas- Saavedra; Cipolleti ( Rio Negro); Tucuman ( Coba 7 de Agosto), Salta.
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Nota aclaratoria:
Por razones obvias no publicamos la lista de casos emblemáticos de personas denunciadas como casos emblemáticas de la violación de Derechos Humanos por parte del Gobierno Provincial y Nacional.
Estos casos son la base de causas judiciales iniciadas dentro y fuera del país contra funcionarios y organismos del Estado. Pero así como permitimos que la Misión Fian los entrevistara y fueron presentados ante el Defensor del Pueblo de la Nación están a disposición de los organismos de Derechos Humanos y cualquier otra institución u organización de reconocido compromiso con la lucha contra el hambre y la discriminación.