Carlos Gabetta
Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

A un mes de cumplir su primer año, el gobierno del presidente Néstor Kirchner ingresa en un período de turbulencias económicas, políticas y sociales que pondrán a prueba su fortaleza y capacidad para encontrar el rumbo y los apoyos correctos. En este último punto, es decisivo que consiga purificar y controlar a su propio partido, el peronista.

La enorme conmoción social y mediática que siguió al secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg en la provincia de Buenos Aires, a finales de marzo pasado, marca para el gobierno del presidente Néstor Kirchner, que el próximo 25 de mayo cumplirá su primer año de ejercicio, el final de lo que podría llamarse su luna de miel con el conjunto de la sociedad y el inicio de la contraofensiva de los sectores más conservadores.

El 1 de abril, una multitud estimada en unas 100.000 personas se reunió en Buenos Aires, frente al Congreso de la Nación, para protestar por la muerte de Axel y reclamar por el fin de la violencia y la inseguridad. En sólo dos o tres días, azuzada desde una serie de medios de comunicación vinculados con la derecha política, pero evidentemente angustiada por una situación real, la clase media argentina, que no se movilizaba desde que los bancos decidieran el "corralito" (1), en diciembre de 2001, volvió a hacer sentir su presencia en las calles.

Desde hace al menos una década, en Argentina -un país que produce alimentos para una población diez veces mayor que la suya- muere medio centenar de niños por día por causas vinculadas con la desnutrición. Por otra parte, la violencia de los delincuentes organizados y de la policía (la mayor parte de las veces íntimamente ligadas), se ha cobrado ya centenares de vidas; quizá miles, si se registrara sistemáticamente lo que ocurre a diario en todo el país, en particular en las grandes aglomeraciones en que viven los millones de marginados sociales.

La dictadura militar (1976/83) dejó como herencia, además de una enorme deuda externa y un aparato productivo semidestruído, un entramado mafioso-policial y de servicios de inteligencia (del Estado, de las fuerzas armadas, de la policía) llevado al paroxismo, que tanto los gobiernos radicales como peronistas que le sucedieron no sólo no se preocuparon por desactivar, sino que aprovecharon con el mayor desparpajo, restituyéndole un antiguo socio: los llamados "punteros" políticos, esos caudillejos de barrio que suscitan adhesiones repartiendo prebendas y favores (pero sobre todo mediante promesas e intimidaciones) y que representan para los partidos políticos una fuente de recaudación importante. En democracia, también se corrompió un sector importante del aparato judicial.

El juego legal y clandestino, el narcotráfico, la prostitución y una serie de delitos organizados, desde los secuestros de personas hasta el asalto a bancos ("negocios" que mueven miles de millones anuales) están en diverso grado en manos de dirigentes políticos, jueces, policías y delincuentes comunes que se reparten el trabajo, según el caso y la ocasión, de otorgar licencias, recaudar, proteger, extorsionar, falsificar sumarios y estadísticas, "liberar zonas" o presos de las cárceles para delinquir y hasta encontrar chivos expiatorios -los famosos "perejiles"- para asumir delitos ajenos.

Las enormes sumas recaudadas por esta mafia político-policial-judicial se distribuyen entre los autores materiales de los diversos delitos y "suben" por la escala jeráquica hasta el comisario de la seccional y los altos jefes policiales, jueces y políticos.

Esta descripción no es en absoluto original. Al contrario, la conciencia que de este fenómeno existe entre los ciudadanos y los medios de comunicación constituye quizá su aspecto más escandaloso: Argentina es uno de esos raros países donde casi todo el mundo sabe que la mayoría de los dirigentes sindicales o políticos y muchos periodistas, policías o jueces poseen bienes millonarios y llevan una vida rumbosa que ni su procedencia familiar ni mucho menos su salario justifican. Algunos de estos personajes suelen aparecer en las portadas de la prensa "rosa" abriendo las puertas de sus mansiones y exhibiendo sus riquezas.

Un muerto algo especial

No parece entonces casual que pocos días después de que el presidente Kirchner provocara una crisis en su propio partido, el Justicialista, con la intención evidente de iniciar un proceso de transformaciones profundas que llevase al recambio de la mayor parte de sus dirigentes, el asesinato del joven Axel Blumberg, uno más de los tantos que ocurren casi a diario en el país, fuese tomado como estandarte por el poderoso aparato de medios de comunicación de la derecha argentina.

Es evidente que el conjunto de la sociedad está harto de la situación y que el estallido social ante el problema de la inseguridad podría haberse producido de todos modos, en este momento o en cualquier otro. Hay de esto antecedentes importantes, como el caso de la joven Soledad Morales en la provincia de Catamarca a mediados de los 90 (cuyo impacto social condujo al desmoronamiento del sistema caudillesco de la familia Saadi) o, más recientemente, el de otras dos jóvenes asesinadas en Santiago del Estero durante una orgía de la que habrían participado políticos y policías, que concluyó en la intervención de la provincia por el Ejecutivo nacional y el arresto de la esperpéntica gobernadora Nina Aragonés de Juárez y su esposo.

Pero lo que interesa subrayar aquí es el momento elegido por la derecha política y mediática para poner sus recursos detrás del caso Axel Blumberg y tratar, sin decirlo abiertamente por ahora, de responsabilizar al gobierno actual ante la opinión pública por el problema de la inseguridad.

Fuertemente golpeada por la debacle financiera, económica, social y finalmente política desde diciembre de 2001, cuando el presidente Fernando de la Rúa fue obligado a renunciar por una masiva movilización social provocada por el fracaso y las consecuencias sociales de las políticas neoliberales, la derecha argentina debió soportar en relativo silencio y quietud que el gobierno Kirchner se plantara ante el Fondo Monetario Internacional; destituyera a "sus" miembros de la Corte Suprema de Justicia para reemplazarlos con métodos de la mayor transparencia por jueces calificados y honestos; se negara a renovar algunos de los privilegios otorgados a las compañías transnacionales; tomara firmemente el comando de las Fuerzas Armadas y pidiese perdón en nombre del Estado a las víctimas de la dictadura.

Pero el tema de la inseguridad parece haber estimulado a la derecha a retomar la iniciativa, en el momento preciso en que el gobierno ingresa en la etapa más difícil de su gestión. En efecto, ha comenzado el otoño austral y pronto el invierno hará que aumente exponencialmente la demanda de energía, ya dimensionada por el fuerte repunte de la economía. Las empresas de petróleo, gas y electricidad (todas privatizadas) mantienen un conflicto con el gobierno, vinculado con la negativa de éste a permitirles aumentar las tarifas. Ya desde febrero pasado, y con la excusa de que el congelamiento tarifario les ha impedido realizar inversiones, las empresas vienen anunciado cortes de energía para el invierno. Se han producido algunos incluso en pleno verano.

No existen casi dudas de quien tiene razón en este tema, ya que todos los estudios serios demuestran que, salvo alguna excepción, las compañías privatizadas se dedicaron a lo largo de la década de los 90 a repatriar lo esencial de sus ganancias y no cumplieron con los planes de inversión. Pero lo cierto es que el gobierno deberá en este punto manejar muy bien la situación ante eventuales carencias de energía, ya que cortes prolongados podrían, además de afectar la recuperación económica, poner definitivamente en su contra a esos mismos sectores de clase media que hoy se manifiestan por el problema de la inseguridad. Por el contrario, si acepta los reclamos por aumentos masivos de tarifas de las compañías privatizadas, serán los sectores más desfavorecidos de la sociedad los que se verán afectados esencialmente, ya que esos aumentos, además de lesivos en sí mismos, no dejarían de provocar inflación.

¿Quién apoyará al gobierno?

Al cumplir pues su primer año, el gobierno tendrá abiertos tres frentes importantes: económico, social y político. Es cierto que están abiertos desde que asumió y que los ha enfrentado con decisión, energía y, hasta ahora, con éxito. Pero como siempre ocurre en estos casos, no solo ha concluído el período de luna de miel con la sociedad, sino que el tiempo transcurrido desde los sucesos de diciembre de 2001 ha permitido que la derecha, su poderoso aparato de medios de comunicación y la miríada de políticos y funcionarios que ocupan el Congreso, las gobernaciones, las intendencias y los puestos ejecutivos y legislativos del país, masivamente repudiados por el famoso "que se vayan todos" de diciembre de 2001, hayan recuperado el resuello y, desde los mismos lugares de los que se suponía que debían haberse ido, comiencen a presionar y extorsionar al gobierno.

El intento de apropiarse del justo reclamo de Juan Blumberg, el padre de Axel, puede verse como una suerte de ensayo general de esta ofensiva en ciernes. En este caso la sociedad ha reaccionado positivamente ante el intento de "derechizar" el reclamo y el propio Juan Blumberg se encargó de aclarar públicamente que no está por la pena de muerte, ni contra la democracia, ni responde a ese tipo de políticos (2).

Pero todas las tareas que se requieren para hacer de Argentina "un país serio" como se propone el presidente Kirchner, suponen afectar intereses concretos. En el caso de la seguridad, se trata de cortar de un tajo la relación políticos-policías-delincuentes. El resultado concreto de esto es que si Kirchner quiere realmente dar ese paso debe disponerse a soportar la feroz oposición de la mayoría de los dirigentes de su propio partido, el Justicialista, que no dejarán de aliarse puntualmente en esa batalla con el radicalismo y la derecha. La fuerza política y mediática de esta coalición de intereses no puede desestimarse.

Hasta ahora Kirchner se ha apoyado en el estado de choque en que quedaron esos sectores después de las movilizaciones de 2001 y la quiebra económica y financiera del país, y en la indudable popularidad de que disfruta en amplios sectores de la sociedad. Pero en política, y sobre todo en sociedades lábiles como la argentina, ese apoyo tiene la fragilidad de una flor de estufa. El ex presidente radical Raúl Alfonsín puede dar buena cuenta de eso. Unos cortes de energía continuados y algunas provocaciones más de la mafia político-policial, aderezadas con una campaña mediática bien dirigida, y buena parte de ese apoyo se diluirá rápidamente.

El caso Blumberg muestra no obstante que buena parte de la sociedad argentina está más madura que hace veinte años, cuando se recuperó la democracia. La reacción de distintas organizaciones sociales y políticas y de parte de los medios de comunicación ante el intento de la derecha de apropiarse de la bandera de la seguridad desbarató el intento y mostró que existen reservas para profundizar el intento de transformar el país.

Esas fuerzas son muchas, muy variadas y en algunos casos bien organizadas, pero se encuentran totalmente dispersas. Al gobierno de Néstor Kirchner le va la alternativa del triunfo o el fracaso en la tarea de reformar la política, empezando por su propio partido, para que el conjunto de esas fuerzas, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, se encolumne detrás suyo para derrotar la contraofensiva de la derecha.

Notas

1 "Corralito": a finales de 2001, en el marco de una gravísima crisis, los bancos argentinos inmovilizaron los fondos de sus clientes, lo que provocó una inmediata reacción social.

2 Juan Blumberg hizo pública una carta, publicada íntegramente por Página/12, Buenos Aires, 11-04-04.