Campesinos contra el neoliberalismo

Agencia Sociales

En los últimos meses la situación de los campesinos de Santiago del Estero se ha tornado insoportable. Las tierras que ancestralmente les pertenecen, en las que desarrollan sus culturas originarias, son apetecidas por terratenientes y empresarios ligados a la producción del monocultivo de la soja transgénica. Los cientos de denuncias que el MOCASE ha realizado nunca encontraron respuestas de un estado provincial dominado por el juarismo.
El régimen santiagueño, conducido por el matrimonio Juárez durante cincuenta años, ha distado de ser simplemente "feudal". Hablar de feudalismo encubre la formidable capacidad del juarismo de sintonizar y negociar con el modelo dominante en cada época. Y desde los noventa para acá, este gobierno implantó y profundizó el neoliberalismo, permitiendo la concentración de tierras, expulsando a miles de campesinos, poniendo a la Justicia y la Policía al servicio de los grandes empresarios y liquidando cualquier otro modo de ver el mundo.
Desde hace un par de semanas, el Congreso aprobó la intervención federal a la provincia. El ex fiscal Pablo Lanusse fue designado interventor y tendrá la tarea de desmontar el aparato juarista, en su dimensión política, económica, cultural y social. Dos de los elementos vitales en la descomposición del régimen juarista fueron, por un lado, las movilizaciones por el esclarecimiento de los asesinatos de Patricia Villalba y Leyla Nazar (el doble crimen de la Dársena) y por otro, el rol jugado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero en la organización de los campesinos para defender sus tierras y su concepción de soberanía alimentaria.
El atentado del pasado mes de marzo contra Angel Strapazzón, uno de los referentes del MOCASE, marca la gravedad de la situación que vivían los campesinos hasta hace unos días, y que puede continuar si no se desmonta el aparato juarista. Strapazzón fue baleado por Miguel Angel Zurita, integrante de una agencia de seguridad privada. En su informe, la Defensoría del Pueblo denuncia que cuando sus funcionarios se presentaron en la comisaría de Quimilí, el comisario departamental y el comisario a cargo de la Unidad regional estaban en ese momento reunidos con Zurita, señal de la connivencia entre la Policía y las bandas armadas parapoliciales que sostienen los terratenientes y empresarios vinculados al boom de la soja.
En los últimos tiempos, el clima vivido en Santiago era ya insoportable. El "II informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la provincia de Santiago del Estero", realizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación entre el 16 y el 19 de marzo de este año, denuncia la situación de exclusión y desamparo de miles de campesinos frente al accionar de empresarios y terratenientes, que siempre contaron con el aval de impunidad del gobierno juarista, la Policía y la Justicia de la provincia.
Desde 1994 el MOCASE realizó múltiples denuncias sobre los apremios ilegales, detenciones, persecuciones, amenazas y heridos de cientos de comunidades campesinas que conforman una estructura de producción agrícola ganadera, apícola y forestal sustentables en su métodos, técnicas y objetivos. Desde mayo de 2000, incluso, el MOCASE presentó numerosas pruebas sobre el accionar de la D2, una suerte de GESTAPO santiagueña comandada por el ex comisario Antonio Musa Azar, cuya principal tarea era hacer inteligencia sobre movimientos sociales, obispos, periodistas y cualquiera que sonara a opositor al régimen.
Las complicidades, de todas formas, son más amplias: los funcionarios del gobierno santiagueño intentaron siempre avanzar en la venta de las tierras, cotizadas a un alto valor por el alza del precio de la soja, sin reparar en la existencia de familias que viven desde siempre en el lugar. Los compradores, por su parte, compraban conociendo la existencia de los pobladores en el lugar y sus derechos sobre la tierra. En estos casos, se solía pagar adicionales a la Policía para mantener libre a la tierra de los campesinos, utilizando metodologías de amenaza y violencia, como en el caso de Quimilí.
El tercer actor en este escenario, que lucha contra el sistema de complicidades, es el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE), que agrupa a unas nueve mil familias. El 40% de la población total de la provincia vive en el campo, se trataría de alrededor de 28.000 familias.
El informe de la Defensoría del Pueblo señala que "frente a los atropellos y la sistemática práctica de expulsión, el MOCASE se presenta como el único núcleo que contiene y enfrenta esta desigual pelea. Por ello, son sus integrantes los que son amenazados y perseguidos, tal es el caso del señor Strappazzón."
Este escenario no podría entenderse sin incluir la cuestión de la soja transgénica. La expansión de la frontera agrícola liderada por la soja transgénica y acompañada por el maíz, trigo y algodón, ha generado un aumento en la valoración de las tierras y un interés de empresarios internacionales y extraprovinciales, especialmente cordobeses y santafesinos, dispuestos a pagar altos precios por estas tierras.
Soja para todos
La Argentina es el segundo productor de soja transgénica, detrás de Estados Unidos, y el primer comercializador a nivel mundial. Según estimaciones, el "complejo sojero" aportó durante el 2003 unos siete mil millones de dólares en exportaciones, lo que representó unos mil quinientos millones para el fisco en concepto de retenciones.
Según Eduardo Rulli, miembro del Grupo de Reflexión Rural, "la soja es la deuda. La deuda que nos fue impuesta para condicionarnos a un programa político, y ese programa político es un modelo económico, que nos obligó a exportar cereales, commodities, o sea, granos no diferenciados, sin valor agregado para procurar divisas con que pagar la deuda."
El camino de la soja se aceleró en los últimos años, hasta llegar, hoy, a las quince millones de hectáreas sembradas. Dice Rulli: "esta expansión terrible de la soja desplaza a otros cultivos y así dejamos de tener lentejas, arroz, lino, algodón y empezamos a dejar de tener lácteos porque se quiebran más de 17.000 tambos. Desaparece la batata, desaparece el maíz de guinea, se empiezan a importar escobas. O sea, la expansión de la soja trae como consecuencia una dependencia muy grande del país."
En un escrito presentado hace dos años, el Foro de la Tierra y la Alimentación señalaba que "el modelo agroalimentario implantado responde a los procesos de globalización neoliberal. Se trata de un modelo dominado por las grandes empresas transnacionales y las tecnologías que ellos controlan. Un modelo que produce materias primas (commodities) para la exportación, y no alimentos en cantidad y calidad suficientes para nuestra población".
Se trata de un modelo, decían, "que produce a gran escala, con "ahorro" de mano de obra, donde el capital financiero arrienda las tierras de lo productores, explotándolas en función del máximo beneficio, degradando el medio ambiente y comprometiendo su capacidad productiva futura. Un modelo que, en definitiva, impulsa una agricultura sin agricultores. Una agricultura que es sólo un paso de mediación en la reproducción del capital financiero."
La semilla transgénica, resistente al herbicida glifosato, patentada por la multinacional Monsanto, más los insumos necesarios que también provee esta empresa, conforman un paquete tecnológico que aumenta la dependencia de los agricultores con respecto a estas compañías. Entonces los agricultores cada vez tienen menos poder de decisión sobre qué producir, cómo producir y para quién producir.
Consecuencias: las unidades de producción familiar y/o campesina, como así también las unidades chacareras, han disminuido su presencia entre el 25 y el 35 por ciento. De esta forma aumenta la fuerza de los actores más poderosos y se extranjeriza gran parte de la propiedad rural. Además, al tratarse de un monocultivo que impide toda rotación, dice Rulli, "en 10 o 15 años nos quedamos sin suelo. Lo que siempre fue la ventaja comparativa de la Argentina ya se perdió para siempre."
Oposiciones
En un caso inédito, durante el 2003 el Concejo Deliberante de la localidad cordobesa de San Marcos Sierra promulgó una ordenanza municipal prohibiendo el cultivo de semillas transgénicas en toda la zona, la primera de este tipo en nuestro país. Se trata de una localidad en la que se intenta impulsar un "Polo productivo/educativo orgánico" para desarrollar productos sanos, de alta calidad, con mayor valor agregado y carga cultural.
En Santiago del Estero, la acción del MOCASE ha permitido que los campesinos se organizaran y muchas veces evitaran perder sus tierras, su alimento, su cultura. Por eso el MOCASE siempre denunció la política de los Juárez: "Este gobierno de desgobierno nos ha tratado como invasores, mientras daba rienda suelta a negociados oscuros con empresas como Monsanto, que están destruyendo la vida humana en nuestros parajes rurales y sus culturas, devastando la biodiversidad, los bosques y la posibilidad de un proyecto de desarrollo sustentable para millones de seres humanos. Son empresas mafiosas que actúan en complicidad con jueces, policías, grupos y bandas armadas, gentes pagos del juarismo".
La oposición, la expulsión y la violencia no se deben sólo a una cuestión ligada a la propiedad de la tierra. Muchas veces lo que se quiere es terminar con prácticas orgánicas y sustentables, como las que propone el MOCASE. La soberanía alimentaria, dicen los campesinos, "implica nuestro derecho a acceder a la tierra, es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, garantizando el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas."
Una intervención, por favor
La demorada decisión del ejecutivo de intervenir la provincia, y la rápida sanción parlamentaria del proyecto aceleraron los tiempos. Los Juárez ya están detenidos, Pablo Lanusse se hizo cargo de la intervención y se espera una renovación total en la provincia.
Sin embargo, no basta con una renovación de las instituciones. Para desmontar el negocio sojero que está destruyendo los campos y expulsando campesinos, el gobierno de la intervención deberá enfrentarse a los empresarios y sectores políticos ligados al negocio. Por ello, en esto días el MOCASE propuso que se democratizara "todo tipo de intervención; que se investiguen los actos delictivos, en especial los delitos vinculados a la tierra y los recursos naturales; que se regularice la tenencia de la tierra de las comunidades campesinas e indígenas, como punto de partida para el inicio de un programa de reforma agraria; que se desmantelen los servicios de seguridad privada; y que se instalen en los municipios oficinas de recepción de denuncias de la población."