Carlos del Frade
ARGENPRESS.info

La propia Conferencia Episcopal Argentina acaba de señalar la multiplicación de mafias a lo largo y ancho del mapa nacional. Pero si los desaparecedores continuaron trabajando a favor de ciertos sectores de poder esa lógica está marcando la permanencia de un poder que los usó como títeres macabros, ayer y hoy. Por eso es necesario reunir las historias que sintetizan esas complicidades desde los tiempos sangrientos de los generales. Lo que aquí se publica es el prólogo del nuevo libro de investigación periodística 'Matar para robar, luchar para vivir. Santa Fe 1976 - 2004' que presentaremos el jueves 15 de abril en la sala de Empleados del Comercio de Rosario, Corrientes 450, a partir de las 20, con la presencia del cineasta Fernando 'Pino' Solanas.
Avanzar rebobinando
Eduardo Toniolli es hijo de un militante montonero desaparecido y que estuvo preso en el Centro Clandestino denominado la Quinta de Funes bajo la directa supervisión del entonces general Leopoldo Fortunato Galtieri.
A 27 años del golpe militar, Eduardo no pudo seguir viviendo en la provincia de Santa Fe porque atentaron en tres oportunidades contra el local comercial que administra y nadie le garantizó la vida.
Las amenazas y las intimidaciones provienen de aquellos que se sienten molestos por las presentaciones judiciales que hizo Eduardo para que se penalicen a los torturadores y desaparecedores de su papá.
Al no haber justicia, se tuvo que exiliar del territorio santafesino durante un buen tiempo.
Una justicia que genere sentido. Que marque lo que está mal y lo que está bien.
A principios de 2004, tres adolescentes de 14 y 17 años violaron, mataron y robaron a una mujer de 77 años. Sucedió en Rosario y el caso tomó trascendencia nacional.
Un hecho que disparó decenas de comentarios en los medios de comunicación y en distintos escenarios políticos.
Uno de esos comentarios lo formuló la actual jefa de la policía provincial, la abogada Leyla Perazzo que aseguró que 'el 80 por ciento de los delitos son cometidos por menores de edad'.
Perazzo trabajaba en la policía de menores de la ciudad de Rosario en los tiempos del terrorismo de estado y dijo haber recibido a por lo menos sesenta chicos hijos de desaparecidos y que actuó según lo fijado por la justicia de aquellos días.
En la actualidad todavía no se sabe el destino del hijo de Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Horacio Klotzman, secuestrados el 2 de agosto de 1976 y vistos en algún lugar de detención clandestino que funcionaba en Fisherton.
Tampoco el paradero del hijo de Isabel Carlucci, detenida el 10 de agosto de 1976, embarazada, compañera de Víctor Fina.
Lo mismo que sucede con la criatura de la pareja integrada por María Laura González y Ricardo José Machado, detenidos el 3 de agosto de 1976.
No se tiene información sobre otro niño que se gestaba en la panza de Blanca Zapata, desaparecida el 11 de febrero de 1977 y compañera de Enrique Cortassa.
O la criatura nacida en cautiverio después del 31 de diciembre de 1976, cuando fue detenida Alicia Tierra y llevada al sótano del Servicio de Informaciones de la policía rosarina, junto a su marido, Alberto Tion.
Y a pesar de haberse difundido a través del libro 'Recuerdo de la muerte' y de muchos otros relatos periodísticos, no se produjo justicia en torno a los presuntos mellizos nacidos en la Quinta de Funes, del matrimonio integrado por Raquel Negro y Tulio Valenzuela.
Asimismo faltan datos en torno al bebé nacido después de julio de 1977, de la pareja integrada por Graciela Busaniche y Pedro Delgado.
A los que hay que agregar las otras decenas que la doctora Perazzo tiene presente pero que no surgen con claridad de origen ni de destino a pesar de que diga que se hizo lo que la justicia dispuso.
A casi treinta años de esos secuestros y nacimientos en cautiverio no hay justicia.
Y al no haber justicia no hay tabla de valores que separe el sentido de lo bueno y el sentido de lo malo.
Entonces sin el sentido colectivo que ofrece la justicia para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, aparecen las vidas sin sentido y las muertes sin sentido.
Un contexto en donde chicos adolescentes matan, violan y roban a una mujer de 77 años.
La falta de justicia sobre los matadores del pasado reciente se suma a la ausencia de verdad sobre por qué hubo semejante matanza.
Un presente que se define por la concentración de riquezas en muy pocos.
Los que ganaron a partir de la sangre derramada.
Se mató para robar.
Se extirpó el sueño de la justicia social para legitimar la transferencia de recursos de los sectores productivos a los que pagaron la represión ilegal.
De allí la síntesis brutal de los últimos treinta años: matar para robar.
Y en forma paralela, luchar para vivir.
Una historia que continúa siendo.
Un pasado que vuelve porque hay impunidad por arriba y por abajo.
Una historia política de la masacre en Santa Fe y de la increíble construcción de impunidad durante la democracia que está a punto de cumplir 21 años.
Por eso este trabajo periodístico va y viene en el tiempo y en la geografía provincial.
Es que el presente parece empecinado en rebobinarse a si mismo, saltar del código lineal y racional para mostrarse con alteraciones.
Fue en democracia que Feced inventó su muerte y también en estos años reaparecieron viejos imputados por delitos de lesa humanidad como Riegé, Bernhardt, el Teté Correa y hasta el ex custodio de Videla y Alfonsín, Esteban Bakota.
La realidad histórica se resiste a contarse de manera cronológica y ordenada.
Por eso la investigación periodística que usted tiene en sus manos habla del presente y salta al pasado para reencontrarse en lo inmediato.
Las principales ciudades de la provincia exhiben geografías en las cuales se juntan desaparecedores y sobrevivientes y entonces el tiempo ya no es solamente el presente, sino también el pasado abierto.
Las noticias aquí publicadas pueden ser contadas en clave de guión cinematográfico o como borrador de una novela que exagera los términos de lo real.
El Tigre Acosta haciendo negocios con un ex socio de la ESMA en los restos del puerto rosarino a principios de los años noventa.
Viola, Galtieri, Martínez de Hoz, Caggiano, Nicolaides y Díaz Bessone convertidos en primeras figuras de la historia política argentina porque fundamentaron sus pretensiones personales en ser los representantes de las grandes empresas asentadas en Santa Fe en los años sesenta y setenta.
Aquí están los negociados con las tierras fiscales de Chaco y Santa Fe, llevados adelante por Galtieri.
Las excesivas compras de materiales militares de parte de Nicolaides luego de haber sido el responsable máximo de la masacre de Margarita Belén.
Hay represores que escriben cartas que denuncian nombres de oficiales y suboficiales que, en plena democracia, piden dinero a cambio de la sangre derramada, como lo demuestra un telegrama enviado por Eduardo Constanzo al ex vicegobernador de Tucumán a fines de los años noventa.
Nombres que nunca aparecieron en las causas federales, como los titulares de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Aviación, Marina y todos los titulares de comisarías de Rosario y Santa Fe.
Tampoco hubo un pedido de información sobre los fotógrafos de las fuerzas armadas y de seguridad que actuaban en la provincia y también se desconoció la palabra de celadoras, médicos, enfermeros, jueces de menores y comerciantes que están mencionados en los expedientes de los sobrevivientes.
Una justicia federal que se niega a revisar lo ya realizado y encalla en las repeticiones de testimonios ya tomados y conocidos al mismo tiempo que no llama a comparecer a los nombrados en los procesos judiciales de los años ochenta.
Por eso este libro reitera apuntes sobre los hechos que fueron conformando estructuras mafiosas que hoy perduran y se reciclan en nuevas señales que generan miedo, asesinatos e impotencia entre los que integran las mayorías.
No fue casual que las primeras medidas de la dictadura, tanto a nivel nacional como provincial, fue la eliminación del derecho a huelga, la derogación de las leyes que promocionaban la jornada laboral de ocho horas y la intervención de cuarenta organizaciones sindicales.
A principios de noviembre de 1976, Alfredo Sotera, oficial de inteligencia del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, informaba que solamente quedaban 88 'delincuentes terroristas subversivos' en actividad en el territorio santafesino.
Una ínfima cantidad para un ejército que disponía de 80 mil hombres.
Se quedaron siete años en el poder político usurpado.
Hubo 520 desaparecidos en la provincia y miles de detenidos y torturados.
No fue una cuestión militar.
Sino un plan económico.
Se mató para robar, como alguna vez ejemplificó el economista y dirigente político Rubén Milberg, sobreviviente de varias las mazmorras de la dictadura en Santa Fe.
De allí la necesidad de pensar la continuidad del terrorismo de estado durante la democracia por otros medios pero, en muchas oportunidades, con los mismos actores.
Iguales intérpretes para una obra que respondía al mismo guión: concentración de riquezas en pocas manos, subordinación de los que son más.
La anulación de las leyes de punto final y obediencia debida abrieron la posibilidad de terminar de juzgar lo que alguna vez se inició a partir de 1983.
Sin embargo el proceso histórico parece no ser tan simple.
Los represores siguen libres y los intereses que representaron continúan ocultos.
Pero surgen nuevos testimonios de sobrevivientes que nunca antes habían declarado.
Y allí están, una vez más, los nombres y las pistas para llegar a la memoria, la verdad y, esta vez si, la justicia que dará sentido colectivo a la democracia y a la palabra futuro.
Mientras tanto, el asesinato de Sandra Cabrera, la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, seccional Rosario, revive la historia de La Santafesina SA en relación directa con los crímenes del terrorismo de estado y sus cajas negras.
Por eso el repaso de un tiempo presente que parece moverse hacia el pasado y no mirando al futuro.
Surge la necesidad de pensar el rol de Díaz Bessone y Galtieri, sus carreras personales a partir del poder construido desde el Segundo Cuerpo de Ejército y los intereses que representaron hasta no hace mucho.
Como también urge responder a varios interrogantes de los recientes gobiernos provinciales que reciclaron personajes muy oscuros de la dictadura militar.
Los nuevos testimonios de sobrevivientes remarcan la presencia de sectores sindicales afines a los grupos de tareas, empresas que apoyaron el golpe y su genocidio y agregan nuevos nombres de personas que saben mucho sobre lo ocurrido y que, sin embargo, nunca fueron citadas a declarar ante la justicia federal.
Pero si se mató para robar, también es cierto que la esperanza sobrevivió a pura lucha.
Historias de amores que gambetearon lo individual y amanecen como ejemplos para los tiempos por venir.
De una historia de más de treinta años habla esta investigación periodística y persigue el único objetivo de darle sentido al compromiso asumido cada vez que llega un hijo a estas tierras.
El futuro dependerá de esa lucha permanente por la memoria, la verdad, la justicia y la democracia.