¿En qué forma los decretos 180 y 181 cambian las reglas del mercado gasífero?
Cambian tarifas por precios. En versión de los funcionarios, los usuarios domiciliarios no van a tener incremento de tarifas, pero si uno lee los textos ve que al sector de familias lo van a segmentar de acuerdo con los niveles de consumo bimestrales de gas, y a fines del invierno va a haber aumento para todos. Salvo los que no consuman casi nada, que pueden tener un anafe de dos hornallas. Al resto le van a dar un garrotazo de alrededor de un 30 %, y se va a trasladar a los precios.
Los consumidores no domésticos, pequeños industriales y demás, tendrán que concurrir al mercado mayorista gasífero. Es como encerrarlos en la jaula con los leones, porque los que están enfrente son prácticamente las más grandes empresas del país, empezando por Repsol y siguiendo por Petrobrás, Tecpetrol (de Techint), Panamerican, etc.: las grandes productoras de crudo y gas. Esto es difícil de implementar, incluso. ¿Qué va a hacer el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas)?, porque con estos decretos se está modificando hasta la propia ley, que obliga a una audiencia pública. El ENARGAS, aunque nunca cumplió realmente sus funciones de control, ahora ya queda afuera.
En el caso de los expendedores de GNC, por ejemplo, la mitad de las estaciones de servicio existentes son pequeñas empresas, y la otra mitad pertenece a las petroleras. Es decir, las únicas expendedoras de GNC que van a quedar son las petroleras, y tal como está dada la estructura de precios, al desaparecer los que bajan el precio éste va a subir, porque las petroleras van a poner el GNC en un precio que les permita, a su vez, vender combustibles líquidos. A las industrias Pymes, cuanto más chicas peor les va a ir, porque ¿cómo va ir a negociar? Una cosa es que negocien Arcor o Ford y otra cosa es que negocie el taller de la esquina de mi casa que tiene cinco operarios.
Esto es un sueño de Martínez de Hoz, que siempre quiso eliminar las tarifas. El quería precios. Es algo que lleva a un liberalismo extremo que no se concibe ni siquiera en Estados Unidos. Un disparate total, y más en la Argentina. Con este decreto, el oligopolio productor de crudo tiene a los usuarios en sus manos.
- En estos días, sin embargo, en la mayoría de las notas periodísticas esto no se dijo.
Es que eso el decreto no lo dice. Es como el cuento del famoso mercado eléctrico: bajan las condiciones para que cualquiera, incluso un tallercito, concurra al mercado mayorista. ¿Y con eso qué ganaban? Cuanto más se iba a comprar directamente al mercado mayorista, se provocaba un incremento del precio. Funciona como un sistema totalmente ilógico (en verdad, un sistema de ladrones). Contablemente, se expresa como last in (último entrado), all out (todo salido). Es decir, el último precio levanta los precios anteriores. Nos hacen el cuento de que aparece la máquina más ineficiente, produce, vende a un precio altísimo, y levantan todos. Si don Juan, el dueño del tallercito, va a negociar directamente con las petroleras ahí no hay mercado, hay imposición.
- ¿Cuál es el papel del ente regulador?
El ENARGAS, por ley, tendría que impedir esto. Por eso sólo se puede imponer una cosa semejante por medio de un decreto de necesidad y urgencia.
- ¿A qué se debe la crisis actual? Se habla de escasez, falta de inversión, especulaciones...
Lo extraño de todo esto es que el gas se cortó en verano. Pero si sucedió es porque el gas no lo mandaron a propósito. Lo que están haciendo es mandar 70 millones de m3 en lugar de los 90 millones de m3 que constituyen el consumo actual y que pueden mandar perfectamente. Si no lo mandan es porque no quieren. Igualmente es cierto que en los últimos dos años no invirtieron nada. Tampoco invirtieron antes en la medida en que debían hacerlo. (N de la R. Un reciente informe de la AGN presentado al Ministerio de Economía establece que 'las licenciatarias no cumplieron estrictamente el cronograma de las inversiones obligatorias comprometidas en el contrato de concesión, al no ejecutar las obras o postergar su realización. El criterio de oportunidad de control ejercido por el ENARGAS resultó ineficaz.)
- ¿En qué no se invirtió?
Se produjo, pero no se exploró, por lo que no hay nuevas reservas. Tampoco se conoce el dato exacto de las reservas. Es una declaración jurada firmada por auditores amigos de los que producen. Eso en cuanto a la parte de producción. En cuanto al transporte, están los mismos gasoductos que en la época de Alfonsín. La última inversión la hizo Gas del Estado en el '88. Represas hidroeléctricas tampoco hay nuevas. Sólo se terminaron las que quedaban por inaugurar a fines de los '80. La cantidad de inversiones que dejó todo el sector estatal (no Alfonsín, el sistema estatal) para unos doce o quince años son las que estas empresas disfrutan. Pero ahora ya no alcanza esa infraestructura. Toda la plata que salía del precio de los combustibles a través de lo que se llamaba fondos energéticos y viales (dos mil y pico de millones de dólares al año o más), se invertía en agua y energía, Hidronor, Gas del Estado...
- Según los productores la solución de fondo es que se reglamenten los decretos de que hablamos.
Los productores son unas siete grandes empresas que manejan el 90 % del sector. Todos ellos son concesionarios de producción según la ley de Hidrocarburos: administran un bien que es del Estado nacional. Son simplemente inquilinos que pagan una regalía bajísima; pagan un canon que aún deben y es muy bajo. Pero no son dueños de nada. Es decir, el Estado nacional les puede decir lo que tienen que sacar o lo que tienen que dejar de sacar. Son dueños de lo que extraen. La ley de Hidrocarburos vigente, que es de la época de Onganía y Krieger Vasena, establece como objetivo abastecer con preferencia al mercado interno y exportar el excedente. En el país tenemos a más de la mitad de la población fuera del consumo o condenada a comprar garrafas que están a precio internacional porque los petroleros, que son estos mismos señores, las ponen a precio internacional. El gas de garrafa representa un costo mensual tres veces superior al del gas natural por redes (aumentó un 125 % desde el fin de la convertibilidad). En el país hay 4,5 millones de hogares en esta situación. No existen más los precios testigo que tenía Gas del Estado. En los doce años transcurridos desde la privatización del servicio, sólo hay un millón de nuevos usuarios, muchos menos de la mitad que en la época de Gas del Estado. La entrada a la red era muy cara, no había ningún tipo de subsidio, y la empresa tenía la facultad de decir -No presto el servicio.
- ¿Cuál es la situación legal de los productores, entonces?
Los productores son todos administradores de áreas que recibieron sobre la base de una reconversión de decretos aprobada por Dromi con los tres famosos decretos desreguladores de Menem, que son violatorios de la ley de Hidrocarburos. Silenzi de Stagni y Alconada Aramburu, que eran especialistas en el tema energético, decían en un artículo que nuestra ley de Hidrocarburos -fulmina con la nulidad absoluta a aquellos que obtienen concesiones de producción o permisos de exploración sin cumplir los requisitos de la ley. La mayoría de los que hoy producen lo hacen en esas condiciones. Repsol YPF tiene las áreas prorrogadas por un decreto de Cavallo (el 1.108/93) que es ilegítimo. Es la ley de privatización del subsuelo, que establece que las áreas asignadas, que eran del Estado nacional, que tenía la YPF estatal, pasaron a convertirse en concesiones, que es un término que establece la ley pero no dice que las prorrogaran, lo que se hizo por decreto. Eso está violando la ley de Hidrocarburos.
Después De la Rúa, en el área gigante de Loma de la Lata les dio diez años más, y eso constituye un ilícito en todo sentido. Por eso quieren una nueva ley de Hidrocarburos, para blanquear estas irregularidades. Estos señores están sostenidos sobre un basamento de papel, han ganado muchísima plata y no han explorado. El costo para ellos es de 4 dólares el barril, y hasta se puede bajar, al no haber costo ecológico (contaminan todo) ni costo de exploración. Y lo están vendiendo en el mercado interno a 28,5 como si fuera una gran gauchada, firman el convenio con el Gobierno y nos hacen a todos los argentinos el cuento del precio internacional. Ningún país que se autoabastece en el mundo, ni Venezuela, ni México, ni Colombia, ni los países árabes del Golfo Pérsico, aplica para su pueblo el precio internacional.
El precio internacional es para vender afuera, no para vender hacia adentro. Acá se aplica para adentro.
Esta fue la gran pelea de siempre. La pelea de Mosconi. De esa pelea fuimos ganadores hasta Menem. El gobierno nacional fijaba las tarifas, no las empresas. En la mejor época de Perón, cuando se fundó Gas del Estado y Agua y Energía, se decía que la tarifa debe ser adecuada a las posibilidades de la gente para pagarla. El sistema solidario que había antes decía que cada argentino debe poder acceder a estos recursos. Primero hay que garantizar que los ciudadanos tengan agua, gas, luz, después se ve quién paga. Había un criterio solidario, que decía -hay que llegar con el gas natural que es lo que más tenemos, y que el gas de garrafa -que aun así era mucho más barato- vaya hacia fuera (es un gas mucho más rico que el gas natural).
- ¿Hay reservas de combustible?
El sector productor tampoco invirtió en exploración, entonces en este momento, en que tienen menos rentabilidad porque el precio del gas se pesificó, venden hacia afuera. Pero la Argentina no puede exportar porque no tiene reservas -o por lo menos no las conoce- y no está abastecido el mercado interno. Tampoco hay auditorías oficiales sobre esto. Este es un dato que nos coloca como único país en el mundo que desconoce sus reservas de hidrocarburos. Se deben tener reservas por treinta años y por lo menos el 80% del mercado interno de gas natural debe estar abastecido. En cambio apenas se abastece hoy a la mitad de la población y las reservas alcanzan cuanto mucho para diez años. De modo que los ilícitos que se hicieron con los contratos de exportación a Chile hay que pararlos. Pero no hay que pararlos porque se pueda con eso reparar el faltante actual, porque son otros gasoductos. Tampoco se puede seguir entregándoles áreas a las provincias cuando la Constitución dice que las provincias tienen el dominio originario, pero no la administración del recurso. La administración es de la Nación.
- ¿Y la infraestructura?
En cuanto a infraestructura gasífera y eléctrica hay dos modelos en el mundo: el modelo argentino (el anterior), que era racional, manejado por empresas estatales monopólicas, y que en el mundo se conoce como sistema francés, aunque ellos se copiaron de nosotros. Francia mantiene, a pesar de los gobiernos conservadores, sus dos grandes empresas de servicios públicos en manos del Estado. Nadie las pudo privatizar, ni siquiera Chirac, que lo quiso hacer hace poco y casi lo matan. El 80 % de los franceses quieren el gas de Francia y la electricidad de Francia en manos del Estado. Y está el modelo del Banco Mundial, que Fracasó en el Reino Unido, donde están por volver atrás con lo que hicieron, fracasó en EUA y fracasó en la Argentina. El mercado gasífero fracasó en la Argentina. ¿Alguien puede decir que el productor o el generador prestan un servicio público? Es un commodity: venden al precio que quieren, cierran la usina, cierran el pozo. Pero la ley dice que es un servicio público. Si se presta un servicio público se deben atender en forma permanente y continuada las necesidades en virtud de la cual se dio la concesión. Pero en el contrato dice otra cosa (tanto en el servicio eléctrico como el gasífero), no los obliga a invertir, con lo cual ese contrato también es ilícito, porque viola la ley. Este sistema explotó porque las empresas no invirtieron. La falta de inversión en infraestructura , la sobreutilidad, la sobreexplotación y la subinversión en exploración provocan esta crisis.
- ¿Se pude dimensionar el papel de distribuidoras y transportadoras en la crisis actual?
Las distribuidoras compran en boca de pozo y venden. El tema es que no han atendido la demanda interna y han cobrado muchísimo el ingreso a la red, por eso se incorporó muy poca gente. Han hecho su negocio, pero un negocio mucho menor que el de las transportadoras. Las transportadoras recuperaron el capital invertido en dos años y medio; son las empresas que obtuvieron la mayor utilidad neta sobre el nivel de venta: 45 %. Esto está muy bien estudiado en FLACSO, hay un libro de Basualdo y Aspiazu donde se explica que estas utilidades son únicas en el mundo. Además de todo esto se provoca otro despropósito. La red troncal es una sola, Gas del Estado la manejaba unificadamente para todo el país; en el proceso de privatización se rompió para hacer negocios, como hacer ocho o diez distribuidoras. Si la privatización hubiese sido seria se habría mantenido la red troncal, con una sola empresa. Estos faltantes de gas, en gran parte, se podrían haber arreglado con la red troncal, por lo menos en invierno. Antes, cuando hacía mucho frío en el Sur se guardaba gas en los caños que estaban en el Norte; era una red totalmente unificada. Ahora no están conectadas las redes, son empresas distintas. Los cortes siempre existieron, pero no se les cortaba a los consumidores domésticos, se cortaba a las grandes empresas, a las que se les cobraba una tarifa menor en verano.
- ¿Cómo se verán afectadas las Pymes en la medida en que tienen el servicio denominado interrumpible?
Con este cuento del servicio interrumpible se ocultó el faltante. Antes no había contratos por servicios interrumpibles o ininterrumpibles; había tarifas. En Realidad Económica 108 publiqué unos cuadros y un criterio tarifario donde se ve lo que hicieron con la segmentación. Los cortes de gas jamás se efectuaban a los usuarios domésticos, porque estos cortes son muy peligrosos. Sí, como decíamos, a las grandes empresas. Primero se cortaba a las usinas y después a las cementeras, pero no por precio, que no tenía nada que ver. Y jamás al doméstico o al Pyme. Después de la privatización los cortes continuaron como cuando estaba Gas del Estado, en los meses de invierno, pero siguiendo un criterio relacionado con el precio: al que puede pagar el servicio ininterrunmpible no le cortan, y el otro se joroba. Por eso la pelea de ahora. Hace dos años, cuando se pesificaron las tarifas, les empezaron a cortar el gas a las Pymes del Norte. Si se pagaba tres veces más, aparecía el gas. Eso hacían las distribuidoras de acuerdo con los productores, y el ente miraba para otro lado. Es lo mismo que quieren hacer ahora. Lo que pasa es que este escándalo es tan grande que va a provocar la unión de los Pymes. Así como los expendedores de GNC que no tengan que ver con las petroleras se van a tener que unir. Las Pymes se van a tener que unir para defenderse, porque en esto les va la vida.
- ¿Qué implican las soluciones de racionalización de que se habla hoy?
En vez de invertir en producir más gas, tener más reservas y construir nuevos caños lo que las empresas pretenden es cortar la demanda y de paso provocar más consumo de combustibles líquidos, con todo queda en manos de las petroleras. Su solución es: cortes y aumentos de precios. Algo inconcebible. En la Argentina de las empresas del Estado, esto no lo permitía el pueblo.
- ¿Es lo mismo racionalización que uso racional?
En el año '85, el decreto 2.247, que está vigente pero sin plata, estableció el primer programa de uso racional de la energía, eso de lo que tanto se habla ahora sin entender nada. El 'uso racional' era una campaña educativa y establecía la sustitución de lo que es más escaso y más contaminante por lo que es menos escaso y menos contaminante: petróleo por gas, y después reemplazar hidrocarburos por energía hidroeléctrica, por ejemplo, entonces lo que es renovable reemplaza a lo que es no renovable. Y todo esto implicaba enseñarle a la gente cómo tiene que prender la hornalla, cómo hacer que los motores de los autos sean más limpios y consuman menos, etc. Todo esto se tiró a la basura con el menemismo. Vino el mercado: cuanto más ganamos más gastamos. En la Argentina aumenta un punto el PBI y aumenta 1.50 o 2 el consumo de energía. En EUA es al revés, aunque tampoco son un dechado de virtudes, pero aprendieron mucho.
- También se habla de traer gas desde Bolivia.
Alcanza para el NOA, es muy poco. Y no lo pueden traer hasta el centro del país, en Córdoba se acabó: no aguanta el gasoducto porque no tiene capacidad de transporte. Y el precio sería de 1,20 dólares. Quienes lo compren lo van a pagar muy caro, no van a poder competir con los que lo paguen más barato. Pero el plan no es bajar el gas que viene de Bolivia, sino subir el que se distribuye adentro del país. Las empresas quieren salir de los 40 centavos de dólar, que fue el precio tradicional de Gas del Estado (a veces, menor) y quieren llevarlo a 1.50, que era el precio de diciembre de 2001. Quieren volver a ganar lo mismo que antes en dólares, porque son todas multinacionales. Argentina perdió el manejo de esos recursos.
- ¿Cuáles son las posibles vías de solución?
El camino correcto es la reestructuración de todo el sector con fuerte intervención del Estado, aplicando la ley, porque todo está basado sobre ilegalidades.
- ¿Qué medidas podrían adoptarse en lo coyuntural?
Si se quiere arreglar lo coyuntural, por lo menos hay que poner orden. Ya habría que disponer por ejemplo un gabinete de crisis (que no tenga nada que ver con las petroleras) y decretar la emergencia. La emergencia de abastecimiento energético significa aplicar la ley de Hidrocarburos, la Ley de Emergencia Pública, que está vigente, y la Ley de Abastecimiento. Y significaría tocar los precios, subir retenciones (lo que aportan las empresas actualmente es poco, y el gas no paga, como algunos productos petroquímicos que tampoco pagan. Tenemos que empezar con 40 % para el gas). Y cuanto más mano de obra, menos retenciones. Es lo lógico. Pero tampoco tenemos por qué exportar, porque no hay reservas. Hay que poner limites a la extracción; si una empresa hizo contratos para vender afuera que no puede cumplir, la ley dice otra cosa. El que tiene más de cinco áreas debe devolverlas porque la ley dice que no las puede tener.
- ¿Qué instrumentos legales existen para aplicarlas?
La Secretaría de Energía debería ser la autoridad de aplicación de la ley de Hidrocarburos, y tiene los entes reguladores debajo, es decir, todo el poder. Muchos dicen que no hay ley de hidrocarburos, pero hay y no la quieren cumplir. Y si los entes no sirven, la Secretaría de Energía tiene poder legal para regular y fijar precios. Hay una ley de Emergencia Pública y una ley de Abastecimiento. Esto tiene arreglo en tres años: hay que construir gasoductos, y hay que empezar mañana para que haya gas en invierno. La cuestión es quién lo va a pagar. Si se hace un fideicomiso con participación estatal, se sigue subsidiando a las empresas privadas. Si las transportadoras no cumplieron, deben poner los recursos. Hay que tener cuidado con esto, porque si no, nacionalizamos todo y nos quedamos con las ruinas.
¿Y las medidas de fondo?
La medida de fondo sería volver al sistema anterior, corrigiendo defectos pero con grandes empresas del Estado. Sería preciso crear una empresa pública que se quede con todo lo que tienen que devolver quienes hoy están en infracción, ya que son productos esenciales para la vida económica de la Nación. En este sentido, se deben manejar los recursos desde el nivel nacional, no provincial.
Si se quiere salir de este modelo económico para tener un país distinto, socialmente equitativo, geográficamente equilibrado, políticamente democrático, las herramientas son las empresas del Estado, y las de energía son las empresas fundamentales. Al decir esto parece que se estuviera pidiendo una revolución, pero no es así.
La Argentina no puede tolerar 6.000 o 5.000 millones de dólares que se ven en el balance de pagos en utilidades, dividendos, etc., que se van para afuera. 'Para el mar', decía Mosconi. (Hoy las empresas de hidrocarburos no están obligadas a liquidar en el país el 70% de los que venden el en exterior).
No hay plan económico posible; no hay salud, no hay educación, no hay trabajo si no hay petróleo para los argentinos.