Un ratito con los tobas de Travesía y Almafuerte

Colectivo Rosario
Indymedia Argentina

Vecinos del barrio toba se reunieron el martes con funcionarios de la municipalidad, expectantes de escuchar propuestas de resolución a la demanda de tierras que vienen realizando. Las autoridades permanecieron menos de veinte minutos, trasladaron toda la responsabilidad al Estado Nacional y se negaron a responder las preguntas de los pocos medios de comunicación presentes. De forma simultánea, continúan los hostigamientos por parte de la policía.

Eran las 5 de la tarde cuando llegaron, en una camioneta del Servicio Público de la Vivienda (SPV), funcionarios de esa dependencia con el objetivo de explicar las diferentes alternativas que están evaluando para resolver los reclamos de la comunidad toba. La reunión había sido acordada la semana pasada con Juan Carlos Zalbalza – Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario – luego de que un centenar de familias, cansadas de años de promesas incumplidas, se decidieran a ocupar un terreno lindero a la comunidad.
Fueron cinco minutos de exposición y un ‘muchas gracias por su atención’, que intentó dar por finalizado el encuentro. Pero algunos vecinos pidieron más precisiones y la reunión se extendió durante quince minutos más. En síntesis, los funcionarios explicaron que la resolución del conflicto depende del Plan Arraigo de la Comisión de Tierras Fiscales del Ministerio de Desarrollo Social, que aún no pudieron involucrar al gobierno provincial y que la reunión ‘definitoria’ será el 9 de diciembre a las 18:00 horas en un lugar que resta confirmar, a la que asistiría un técnico de la dependencia nacional.
Después de la reunión, que se realizó en el terreno reclamado, dos periodistas de Indymedia Argentina y de Aire Libre Radio Comunitaria comenzaron a entrevistar a uno de los enviados de la municipalidad. La primera interrogación hacía referencia a declaraciones vertidas por su superiora, María Isabel Garzía, titular del SPV. Antes que la pregunta finalizara, el funcionario solicitó que se interrumpiera la grabación mientras que un colega suyo, que no quiso identificarse pero que los tobas reconocieron como Daniel Gálvez – coordinador de la zona norte –, le ordenó que se retirara.
Inquietudes sin respuesta
María Isabel Garzía, titular del Servicio Público de la Vivienda, declaró el jueves 25 de noviembre a Rosario/12 que estaban evaluando distintas alternativas para resolver la demanda de tierras y que, incluso, habían comenzado a discutirlas con un representante de Nestor Rozín, el propietario legal del terreno.
Sin embargo, ninguna de estas alternativas fueron mencionadas durante la breve reunión mantenida con los vecinos del barrio. Mientras tanto, según reconoció la funcionaria, incrementaron la seguridad del predio con el objetivo de impedir que sea tomado nuevamente. ¿Porqué temen que esto suceda si aseguran que habrá una rápida solución al reclamo? ¿Existe realmente un plan para los tobas?
Quienes no tuvieron problemas en conversar con la prensa fueron algunas vecinas del barrio. Aunque lo hicieron para denunciar la histórica postergación de sus demandas: "hace quince años atrás que estamos reclamando todo esto. Primero nos prometieron viviendas, marcaron terrenos, hicieron censos, de aquí, de allá, y nunca nos dieron nada. Siempre con promesas. Ahora vinieron de vuelta, dicen que dentro de diez días nos van a dar respuestas, no creemos tampoco en eso, porque las palabras se las lleva el viento. No hicieron reportajes delante de ustedes, eso es obvio que no, que ellos se lavan las manos en todo", concluyeron.
La policía se tomó revancha
El domingo pasado por la mañana, tras un ataque con armas de fuego realizado por foráneos de la comunidad, la policía intervino en un gran operativo que incluyó la movilización de seis patrulleros. Sin embargo, golpearon al toba que estaba herido de bala y dejaron escapar a los agresores, que luego pudieron ser apresados por la intervención de los vecinos del barrio. Más tarde, un efectivo provocó a otro integrante de la comunidad con un empujón, y cuando éste respondió, fue pateado por tres policías incluso después de ser esposado.
Una vez trasladado a la Subcomisaría n°24, el policía que lo había empujado solicitó a su superior que le permitiera torturar al detenido: "dejame diez minutos con este indio y le rompo el lomo". Mientras tanto, afuera de la dependencia se congregaban decenas de personas para pedir la liberación del toba. En respuesta, un efectivo que fue descripto como alto y rubio se abrió la bragueta, mostró su pene a las mujeres y gritó: "porqué no se conforman con esto".
Un vecino del barrio entrevistado por Aire Libre Radio Comunitaria consideró estos hechos como una revancha policial, ya que los efectivos no tuvieron oportunidad de reprimir en la reciente ocupación de tierras. Y además, porque se animaron a denunciar ante la prensa y ante distintos organismos las declaraciones discriminatorias del titular de la Sub-24, quien les había dicho que deberían irse a vivir en la selva "porque acá en la ciudad los indios no tienen derechos".
Derechos en la selva de cemento
Según un informe de la Consultoría Jurídica Barrial, que monitoreó el accionar de la policía con especial atención a la Subcomisaría nº24, es habitual que hayan pedidos de coimas, citaciones irregulares o inexistes, privaciones ilegítimas de la libertad, represión sistemática sobre jóvenes y tratos inhumanos con personas detenidas.
Las conclusiones de este informe fueron presentadas en la sesión del Concejo Municipal que tuvo lugar el 15 de octubre de 2004 en la Vecinal de Empalme Graneros, con el asesoramiento de la Sección de Crimonología del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos (CEIDH).
Informe: Colectivo Rosario – Indymedia Argentina