EL GOBIERNO TEJE SU TRAMA EN UN SINODO DE SOMBRAS

El Honorable Senado de la Nación, esa asamblea legislativa conformada por herederos de las familias feudales provinciales argentinas, acaba de dilatar la sanción del proyecto de ley de acceso a la información, cuya única función es proveer de herramientas para el control ciudadano sobre la transparencia en la administración y gestión de políticas públicas.

El texto saliente con media sanción de Diputados, sufrió múltiples modificaciones orientadas a crear trabas e impedimentos legales luego de su paso por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, cuyo titular es la esposa del presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Ahora, el proyecto deberá volver el próximo año a la Cámara Baja para una nueva revisión de las modificaciones, que obligan a los solicitantes a la confección de formularios y declaraciones juradas, entre otros elementos dilatorios.

El enrarecido ambiente generado por los inciensos senaduriles provocó la réplica de diversas organizaciones no gubernamentales, legisladores opositores y oficialistas, entre otras, a las que se suman entidades vinculadas a la actividad periodística.

Sin parpadear, la avispada dirigente santacruceña argumentó que 'hay una deformación del acceso a la información como un derecho de los medios de comunicación o de los periodistas'.

Una preocupación que la presidenta honoraria, aparentemente considera ajena al ámbito del interés público, porque los episodios de supuestas coimas en el Senado para la sanción de la reforma laboral durante la gestión de Fernando de la Rúa, tarjetas Banelco y sobre lacrados aparte, seguramente fueron sospechas aisladas y circunstanciales.

De igual forma, si resta algún ratito libre en la apretada agenda de los múltiples agentes kirchneristas y aunque exacerbe las obligaciones heráldicas del Ejecutivo, no sería una pérdida de tiempo que alguno de ellos informe sobre si el próximo año los consultores Zuleta Puceiro (OPSM), Analía del Franco (Analogías) y Artemio López (Equis) serán recontratados de forma directa por pedido del superpoderoso jefe de ministros, Alberto Fernández, para elaborar encuestas y estudios ambientales de similar especie, por sumas que superan el millón y medio de pesos.