A VEINTE A�OS DEL ROBO DE LOS TRIBUNALES ROSARINOS

Carlos del Frade
Argenpress.info

El 8 de octubre se cumplen veinte a�os del robo de los Tribunales Provinciales de la ciudad de Rosario. De all� se llevaron las identidades verdaderas de los integrantes del Servicio de Inteligencia del Comando del Segundo Cuerpo de Ej�rcito que hab�an participado del terrorismo de estado y m�s de cien balances de otras tantas empresas que contribuyeron econ�micamente al genocidio en la zona del litoral argentino. El robo se hizo en plena democracia y a los pocos d�as de haberse presentado el informe de la Comisi�n Nacional de Desaparici�n de Personas. Hasta el d�a de la fecha no hubo mayores rastros, salvo la identidad de los que terminaron siendo socios de los desaparecedores, los principales responsables de los gobiernos nacional, provincial y municipal de entonces. Veinte a�os despu�s cuesta identificar detr�s de los macabros t�teres de uniforme a los verdaderos ganadores del genocidio: el poder econ�mico regional y nacional. Esta es parte de una historia que todav�a no se escribi� en su totalidad.

Feced de vacaciones y zona liberada

En 1999, quince a�os despu�s del robo de 150 expedientes de los tribunales provinciales que conten�an informaci�n sobre balances de las empresas vinculadas con el terrorismo de estado en la regi�n y el registro de las dobles identidades de los que participaron de la represi�n, dos testimonios revelan la construcci�n de una 'zona liberada' para que se produzca el asalto con total tranquilidad.

La compa�era durante 17 a�os de Agust�n Feced, indic� que esa noche estaba volviendo junto al ex comandante de Gendarmer�a de una semana de convivencia en Corrientes. El ex jefe de la polic�a rosarina durante la dictadura ten�a prisi�n preventiva rigurosa y no pod�a circular por ning�n lugar del pa�s. Para la mujer el d�a 'que se limpiaron los tribunales pudo haber estado gente del Viejo'.

Alfredo Di Pato, �nico testigo civil del robo, inform� que 'd�as despu�s de la denuncia' que hizo ante el juez Ernesto Navarro dos hombres le dijeron que 'lo pensara' por su bien, porque 'en definitiva, todo esto est� armado'.

Ambos relatos apuntan la responsabilidad pol�tica sobre el entonces ministro de gobierno, Eduardo Cevallo. La polic�a no estaba protegiendo la zona de Tribunales y Feced que, supuestamente deb�a estar preso, paseaba por la regi�n como en sus mejores tiempos.

Las vacaciones de Feced

Agust�n Feced, ex comandante mayor de Gendarmer�a Nacional, fue jefe de la polic�a rosarina entre el 8 de abril de 1976 y marzo de 1978.

Fue imputado de centenares de desapariciones, no solamente en Rosario, si no en toda la geograf�a santafesina.

El 28 de enero de 1984 se present� ante los tribunales federales para prestar declaraci�n sobre los cargos recogidos por las denuncias trabajadas por la Conadep.

Primero fue encerrado en el Hospital Espa�ol, despu�s en el Granadero Baigorria y por �ltimo en el edificio de Gendarmer�a en la Capital Federal. Su estado era prisi�n preventiva rigurosa.

'Ese d�a nosotros est�bamos volviendo de una semana que hab�amos pasado en Corrientes. El Viejo estaba muy bien de salud, aunque ten�a el esp�ritu quebrado', explic� la mujer que comparti� 17 a�os de su vida con el principal responsable del terrorismo de estado en la zona del Gran Rosario.

Seg�n su testimonio, 'cuando se limpiaron los tribunales seguro que hab�a gente que trabaj� con el Viejo'.

Ten�a raz�n: el responsable de la investigaci�n fue Alberto Gianola, por aquel entonces subjefe de la polic�a rosarina, un ex colaborador e integrante de la patota de Feced ascendido por la administraci�n Vernet - Cevallo.

El ministro de Gobierno provincial ya le hab�a permitido verlo al comandante cuando estaba prohibido hacerlo en los hospitales Espa�ol y Granadero Baigorria.

Hasta el presente, Cevallo nunca aclar� qu� tipo de protecci�n le dio al material secuestrado el viernes 5 de octubre por el juez Fermoselle, por qu� no hubo patrulleros en torno a la zona de tribunales ni qu� criterio utiliz� para que Feced recibiera visitas prohibidas y pudiera cruzar las provincias del Litoral con total impunidad.

'Estaba todo armado'

Faltaban quince minutos para las tres de la ma�ana del lunes 8 de octubre de 1984. Alfredo Di Pato avanza a bordo de su Fiat por Balcarce entre Montevideo y Pellegrini. Le llaman la atenci�n tres autom�viles estacionados frente a los tribunales. Un Falcon verde, una camioneta Dodge cremita con c�pula alargada y un Peugeot negro con dos hombres sentados en la parte posterior y una mujer de pelo negro lacio adelante. Llega al sem�foro de la avenida y decide observar con el retrovisor.

Un hombre vestido de polic�a le alcanza un paquete de color anaranjado a otro de civil, robusto, alto que baj� del Peugeot junto a la mujer. Vuelve la luz roja. Di Pato no puede esperar m�s. Ve que el bulto es despositado en la camioneta.

Cuando llega a la esquina de la pizzer�a 'Splendid', en Pellegrini y 1� de Mayo, busca al patrullero que estaba all� todas las noches. No encontr� a nadie.

Llam� a la polic�a y colg�. 'Me di cuenta que era una zona liberada. Por eso hicieron todo con tanta tranquilidad', cont� Di Pato quince a�os despu�s.

El entonces delegado de la vieja Entel decidi� declarar lo que vio ante el juez Ernesto Navarro.

Al poco tiempo dos hombres j�venes lo cruzaron por la calle: 'Te lo decimos por tu bien. No habl�s m�s. Pensalo. Si vos sab�s, en definitiva, que esto est� todo armado'.

Tambi�n un taxista se dio vuelta y le increp�: 'Vos fuiste el que declaraste por el robo de Tribunales'.

Salvo los �ntimos, nadie sab�a que Di Pato prest� testimonio en la causa. Sin embargo su cara, sus dichos, eran conocidos en determinados ambientes de la ciudad.

Nunca m�s lo molestaron. Tampoco lo volvieron a citar para ampliar su declaraci�n.

La versi�n oficial

Era la 1.30 de la madrugada. El agente de polic�a Juan Aguirre, por aquel entonces de 22 a�os, estaba de guardia en los tribunales juntamente al sargento Demetrio Flores.

Son� el timbre. Fueron a ver. Dos uniformados, --'con nuestro azul', como dir�a Aguirre-- uno de ellos con un cuaderno que ellos identificaron como los que habitualmente se usaban para llevar citaciones y documentos a los tribunales.

--Traemos unos oficios de la quinta para el juzgado en turno.

El sargento Flores abri� la puerta. En ese momento, el otro exhibi� una metralleta tipo 'pam' (pistola autom�tica mediana).

--Qu�dense quietos o son boleta.

Les dicen que si llega a haber otro guardia los 'amasijan'. Los tiran al piso, les vendan los ojos. Suena el tel�fono. Del otro lado de la l�nea piden informaci�n sobre qu� juzgado est� en turno. Le hacen responder al sargento Flores.

Los llevaron a una oficina. Les ataron las piernas a la altura de los tobillos y de las rodillas. Los polic�as perdieron la noci�n del tiempo. Alrededor de las cinco de la ma�ana lleg� el ordenanza, Vittore, inconfundible por su silbido. Los desat�. Despu�s lleg� la empleada del registro de inspecciones, Ramona Mansilla. Lo llam� al comisario Teruel.

'Me manifest� que hab�an copado el tribunal y que al personal lo hab�an encontrado atado en la guardia no presentando lesiones algunas', dijo el oficial en sus declaraciones.

Lo robado

El doctor Francisco Mart�nez Fermoselle, cuando le informan de lo sucedido, sabe que se trata de los documentos secuestrados en los allanamientos realizados en lo domicilios de Walter P�rez Blanco, en Santiago al 1400, de Eduardo Rebechi, en Dorrego al 1800 y de Teresa Cobe. El juez declar� que fueron 150 los expedientes robados y entre cinco o siete televisores que estaban en lo de Rebechi, como una cantidad de documentos imposibles de determinar.

Por aquellos d�as, la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombres denunci� que 'no ha sido este el primer robo que se concreta, ya hab�an desaparecido cuatro bultos de la calle Santiago al 1400, por lo que quiere decir que hay un comando que a�n tiene vigencia y act�a', sostuvieron los representantes del organismo de derechos humanos.

Indicaron que entre los elementos robados hab�a una 'agenda de tareas con fotograf�as con los nombres atr�s, nombres de desaparecidos, y nombres de los agentes de los servicios, como el coronel Andr�s Ribechi, Franciso Scilabra como Federico Silver, Oscar Villegas como Omar Roberto Vidal, Walter Peirano como Sergio Paz, Walter Roscoe como Ricardo R�os, Humberto Pasqualis como Juan Jos� Vasco, Germ�n Bueno como Germ�n Benegas, Carlos Vivas como Carlos Vidal, Ovidio Ju rez, Aldo Scorteche, Omar Sciacia, Alfredo Barrera, Cacho Garella, Ana Cristeler y Elsa Deliesche, secretaria de P�rez Blanco'.

El expediente

El expediente que re�ne las investigaciones iniciadas por el robo concretado en los tribunales provinciales rosarinos es el 648/84 y comenz� el mismo d�a del hecho.

Hasta julio de 1996, ten�a cuatro cuerpos y se encontraba en el juzgado de Instrucci�n de la 13� Nominaci�n, a cargo del doctor Barbero.

La causa est� caratulada como 'Robo calificado, privaci�n de la libertad y sustracci�n de documentos'. El juez original fue el doctor Ernesto Mart�n Navarro.

El doctor Francisco Mart�nez Fermoselle hab�a iniciado, como juez de Instrucci�n de la 10� Nominaci�n, una investigaci�n sobre los implicados civiles durante la dictadura y que revest�an, en la mayor�a de los casos, como informantes de los servicios de inteligencia, fundamentalmente, del Ej�rcito Argentino. En total se robaron 150 sumarios, varias m�quinas fotogr�ficas y otros elementos.

Pero no solamente se rob� el edificio de tribunales, sino la casa de Dorrego 1638, donde se hab�an encontrado agendas con los nombres de colaboradores, identidades de los servicios civiles y carpetas donde figuraban el cuadro de situaci�n y otros datos de diferentes empresas vinculadas con la represi�n.

El encargado de llevar adelante la investigaci�n fue el Inspector Mayor Alberto Pablo Gianola, uno de los hombres que hab�a pertenecido a la patota de Feced y que la administraci�n Vernet ascendi� a subjefe de la polic�a rosarina.

Para Manuel Blando, ex presidente de la CONADEP Santa Fe, al recordar aquel robo dijo que 'daban ganas de llorar. Nadie quiso recuperar esos documentos que incriminaban a militares, sacerdotes, empresarios y dirigentes pol�ticos. No hubo voluntad pol�tica para nada'.