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Coordinadoras zapatistas empezaron una campaña en el Distrito Federal
Buscan ONG "desenmascarar" acuerdos de protección ecológica
firmados por el gobierno
Pretenden demostrar la relación que existe entre el ALCA y el Plan Puebla-Panamá
CAROLINA GOMEZ MENA
Las coordinadoras zapatistas del Distrito Federal arrancaron ayer una campaña
informativa con el objetivo de "desenmascarar la realidad de los supuestos acuerdos
de protección ecológica que ha firmado el gobierno y la relación
que éstos tienen con el Area de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), y ahora con el Plan Puebla Panamá (PPP)".
La estrategia, denominada Campaña en Defensa de la Soberanía Nacional,
y por el respeto a los municipios autónomos zapatistas y el rechazo al
desalojo de Montes Azules, también pondrá énfasis en la
participación que han tenido diversas trasnacionales farmacéuticas,
así como organizacines no gubernamentales (ONG) "disfrazadas de ambientalistas,
entre ellas la estadunidense Conservation International y Pronatura, las que
con engaños están entrando a las comunidades indígenas
y saquean los recursos biológicos nacionales".
Asimismo, se dará a conocer la relación que estas agrupaciones
tienen con el Banco Mundial (BM); un ejemplo de ello es "Conservation, la que
se dice amiga de la naturaleza, pero en realidad es colaboradora cercana del
BM, y desde hace varios años administra la reserva de la biosfera de
Montes Azules, en Chiapas".
Sobre esto, Patricia Hernández, integrante de la coordinadora zapatista
de Benito Juárez y vocera de la campaña, indicó que la
demanda al gobierno federal es que por conducto de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) explique "por qué se sigue
permitiendo el saqueo de los recursos bióticos, cuando la idea que nos
vendieron era que defenderían nuestros recursos naturales".
En entrevista, Patricia Hernández detalló que durante la estrategia
(que tendrá carácter de indefinida) se darán pláticas
de biodiversidad, biopiratería, PPP, transgénicos y de
defensa de la tierra, a cargo de los ejidatarios de Atenco. Agregó que
en principio sólo se llevará a cabo en la capital, pero que la
intención es que por medio del Congreso Nacional Indígena (CNI),
en breve se extienda al resto del país.
Además de las 16 coordinadoras del DF participaron en el acto de lanzamiento,
que se realizó en el Hemiciclo a Benito Juárez, el Frente Zapatista,
el Comité de Apoyo a la Zona Norte, ejidatarios de San Salvador Atenco
y algunos universitarios. Allí se instalaron módulos informativos
y de juegos, como la lotería de animales y el del espejo, donde se pudo
observar el último animal en extinción: el hombre.
Hernández dijo a los presentes que "los últimos informes de los
enlaces civiles reportan que la presión militar está muy fuerte;
los paramilitares atacan a nuestros compañeros y saquean sus casas, pero
sabemos que todo esto es parte del camuflaje que usa el gobierno para justificar
el desalojo de la población, bajo el criterio de que los indígenas
depredan la zona, pero basta aplicar la lógica para rechazar esa tesis,
porque si en tantos cientos de años que han estado allí, la selva
no se degradó, ¿por qué habría de pasar ahora?", preguntó.
De ahí también el rechazo a estrategias como el corredor biológico
mesoamericano (CBM) y que el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad
en Comunidades Indígenas de los estados de Oaxaca, Michoacán y
Guerrero (Coinbio) tenga como finalidad "hacer un llamado a la población
para que juntos demandemos al gobierno información clara y precisa sobre
esos acuerdos, y por qué hay agrupaciones ambientalistas extranjeras
metidas en la selva Lacandona, en Oaxaca y en Guerrero".
A decir de las coordinadoras, sobran ejemplos de saqueos, uno de ellos es la
"obtención de la patente, por parte de una compañía holandesa,
de la bacteria que provoca la fermentación que da origen al pozol (bebida
tradicional maya)". Todo ello "se ha hurtado con la complicidad del BM, institución
que acordó destinar al CBM 90 millones de dólares a lo largo de
siete años, divididos en dos fases, la primera de cuatro y la segunda
de tres años, con fecha de término tentativa para el 30 de junio
de 2008. Mientras que los gobiernos locales aportarían 66.99 millones,
los cofinanciadores internacionales 2.44 y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente,
14.84", entre otros.