6 de marzo del 2002

Palestina: 35 años de frustraciones y violencia en una semana

Rafael Sanseviero
Bitácora

Entre el 21 de febrero y el 4 de marzo del 2002, el conflicto entre el Estado de Israel y el pueblo palestino parece condensar ý reproducir las circunstancias que ambos pueblos han soportado durante décadas. Tal vez lo nuevo sea la creciente incapacidad de los pueblos judío y palestino de soportar nuevas frustraciones y dolores. El debilitado prestigio de Yaser Arafat empieza a gozar de la compañía de un vertical decrecimiento de la popularidad de Ariel Sharon en Israel.1
La violencia como eje de la política
Desde 1948 las aproximaciones a acuerdos de paz han fracasado en lo esencial. El ejercicio del poder en esa región ha sido siempre la violencia; violencia prolongada y ejercida con desigual poderío de daño por parte de Israel, a la que han replicado, a veces con heroísmo, otras con criminal desesperación, diferentes expresiones del pueblo palestino. Los organismos internacionales han patentado su impotencia a la hora de orientar acciones por un camino de negociación que ofrezca soluciones en las bases del conflicto. El desacato de las condenas a la ocupación y represiones israelíes se convirtió en norma de hecho internacional. Visto en la perspectiva de los acontecimientos posteriores al 11 de setiembre de 2001, esa conducta luce como un anticipo del discurso del Presidente Bush, quien al fundamentar la necesidad de combatir al "eje del mal", legitima el unilateralismo y quita autoridad al derecho internacional, proclamando la exclusividad de sus valores y el derecho de utilizar una fuera ilimitada para lograr sus objetivos, sin rendir cuentas a nadie. Probablemente nada refleje con más crudeza el descrédito del discurso de paz, que el contaste entre el tono de autoridad indiscutible con que son voceadas las amenazas de mayores violencias, y la súplica del Secretario general de la ONU quien el jueves 28 de febrero pidió que las fuerzas israelíes se retiren "inmediatamente" de los campos de refugiados palestinos que ocupan actualmente en el norte de Cisjordania e imploró a ambas partes a que eviten cualquier nueva acción que pueda poner en peligro a más civiles. "Lo que me desespera particularmente, es que esta vez hubo un gran número de palestinos muertos o heridos a causa de las incursiones del Ejército israelí en los campos de refugiados".
Los efectos "colaterales" de la guerra y la ocupación
Las guerras de nuestros tiempos han consagrado la contabilidad de un nuevo tipo de daño: los efectos colaterales. Se trata de los resultados, sobre los civiles, de las acciones de guerra. Dado que la violencia en nuestros tiempos incluye el castigar a las poblaciones civiles como un medio de obtener resultados políticos, ejercer daños colaterales forman parte del menú del que disponen los estados en sus campañas militares. Tomando como fuente datos publicados en El País de Madrid, hemos seleccionado información, que si bien constituye parte central de las reivindicaciones palestinas, es norma que no figure entre las noticias acerca del conflicto.
1 El agua como arma de guerra
Uno de los condicionantes para la devolución de los territorios ocupados y la política israelí de apoyo a los asentimientos es el imperativo de controlar las fuentes de agua; fundamentalmente el río Jordán y los acuíferos Cisjordania y Gaza. Los cambios de actitud de los líderes regionales hacia la concreción de planes de cooperación y desarrollo globales porque también están forzados por la necesidad de agua. La Jordania de Hussein sólo accedió a sentarse en la mesa de negociaciones cuando Israel amenazó con interrumpir el 60% de sus traspasos de agua a este país.
En Israel se consumen unos 600 metros cúbicos por habitante al año—se estima que el consumo mínimo para garantizar un buen nivel de vida es de 1.000 metros cúbicos por habitante y año—, frente a los 300 metros cúbicos per capita de Jordania y tan sólo 100 en Palestina.
Y no sólo es cuestión de cantidad, sino de precio y de calidad. Los palestinos de Cisjordania pagan entre dos y cinco veces más que los israelíes. En Gaza los palestinos pagan hasta 20 veces más que los colonos, a los que el Gobierno subvenciona el agua; además, su mala calidad se ha convertido en un grave problema de salud pública.
La importancia de la agricultura ha caído en picado debido a la falta de agua para el riego, a su alto coste y a la política de ocupación de tierras de los colonos israelíes. En 1983 la agricultura constituía más de 50% del PBI en Cisjordania y Gaza; en 1996 representó el 14%. Mientras que en 1969 el sector ocupaba al 46% de la población activa, en 1983 empleaba apenas al 26%. Esta crisis del campo se refleja en un aumento del paro, que en la actualidad se estima que afecta al 65% de los habitantes de Gaza y Cisjordania. Los agricultores en paro se han desplazado del campo a las ciudades, un problema de superpoblación que se agrava aún más dada la alta tasa de crecimiento demográfico palestino.
2 Crisis económica en Palestina
La crisis económica en los territorios palestinos se hace patente a partir de 1992 y sus principales causas son:
Dependencia económica: el plan de paz en su capítulo económico ha fomentado la dependencia de Palestina en la medida en que la toma de decisiones fundamentales está en manos de Israel. El protocolo de París regula las relaciones palestino-israelíes en las materias monetaria, fiscal y comercial. Su aspecto más nocivo para la débil economía palestina es una unión aduanera con restricciones, ya que las relaciones comerciales con terceros países son determinadas por Israel. También las manufacturas, servicios y mano de obra están bajo control de Israel. Además, el modo en que se ha producido el repliegue israelí y la red viaria existente han incrementado el aislamiento entre las economías de Gaza y Cisjordania. Como ejemplo, entre 1967 y 1994, el 90% de las importaciones venían de Israel y entre el 40 % y el 60 % de las exportaciones tenían como destinatario este país.
Cierres de fronteras: aunque se pensaron como una medida extraordinaria, la realidad es que se aplican de forma periódica y no sólo por cuestiones de seguridad, sino como medida de presión sobre la Autoridad Nacional Palestina. La primera consecuencia del cierre es la restricción en la libertad de movimiento de personas y bienes en Gaza y Cisjordania, lo que implica el desabastecimiento del mercado palestino, el encarecimiento de los precios, la falta de materias para la industria y el aumento del paro —un altísimo porcentaje de la población palestina trabaja en Israel, sobre todo en la construcción—. Además, tiene graves efectos sobre el comercio, la agricultura —los productos se pudren antes de llegar a los mercados— y el turismo, contribuye al aumento de la ya lacerante pobreza y fomenta el trabajo infantil.
Gestión de la ANP: la Autoridad Nacional Palestina, cuya gestión económica está marcada por la corrupción, ha contribuido a empobrecer la economía palestina debido al establecimiento de un sistema de monopolios y una dinámica de patronaje que no han permitido el desarrollo de una economía privada. En cuanto a las medidas tomadas para paliar el paro, la ANP ha aumentado el sector público, para el que trabajan 112.000 funcionarios, lo que hace que miles de familias dependan de la buena marcha de las cuentas del futuro Estado palestino y de los fondos que aporta la comunidad internacional.
Estos factores han creado una situación explosiva en los territorios autónomos que, unido al desconteto por la lentitud en el desarrollo de los acuerdos, desembocaron en la Intifada.
3 Repliegue no es retirada
Una de las principales fuentes de confusión cuando se habla del desarrollo del proceso de paz es el uso de las palabras retirada y repliegue como si fueran sinónimas. En los términos de la negociación, la retirada israelí implicaba el paulatino retorno a manos palestinas de la soberanía de los territorios ocupados. Sin embargo, el asesinato de Isaac Rabin y el ascenso de Benjamin Netanyahu al poder produjeron una marcha atrás en el proceso y la aparición de un nuevo concepto, el de repliegue, que significa una resituación de las tropas en una zona, cuya seguridad sigue estando en manos de Israel.
Hasta los Acuerdos de Oslo, la franja de Gaza y Cisjordania eran territorios ocupados militarmente por Israel. En la Declaración de Principios de 1993 (Oslo I) se acordó fijar un período de cinco años que había de llevar a cabo un acuerdo final sobre el estatus de estos territorios.
Durante este periodo, Israel iría cediendo el control de parte de estos territorios a la ANP. La primera etapa de esta retirada se plasmó en el Acuerdo para la autonomía de Gaza y Jericó en 1994. Un año después, se firmó el Acuerdo provisional para Cisjordania y la franja de Gaza (Oslo II), que preveía la implantación de la Autoridad Nacional Palestina al resto de Cisjordania en progresivas fases. Para ello, se dividió el territorio en tres zonas: A, totalmente bajo control palestino (Jericó, Ramala, Belén, Hebron…); B, aquellas donde el Ejército israelí podía actuar para reprimir el terrorismo y C, totalmente bajo control israelí (el 70% de Cisjordania incluida la franja del río Jordán y todas las colonias judías).
Los incumplimientos de los acuerdos y los calendarios empezaron con la retirada de Hebrón, donde un asentamiento judío en el centro de la ciudad hizo que el recién elegido primer ministro, Benjamin Netanyahu, se replanteara la situación. Netanyahu introdujo el concepto de repligue y forzó a la parte palestina a negociar un protocolo para que sus tropas continuaran en la ciudad, que quedó dividida.
El Gobierno del Likud se siguió negando a retirarse e incluso a replegarse de Gaza y Cisjordania, de ahí las continuas quejas de la parte palestina sobre la lentitud del proceso de paz. De hecho, en mayo de 1999 finalizó el período interino que tenía que dar lugar a un acuerdo final y total entre las partes y ni siquiera se ha puesto en marcha la devolución de gran parte de las zonas B y C.
4 Los refugiados
Las sucesivos ocupaciones israelíes de territorios palestinos y los conflictos con los países árabes han dado lugar a la existencia de un importante contingente de palestinos refugiados en su propio territorio o en el extranjero.
De los siete millones de palestinos que viven en el mundo, cuatro millones se encuentran fuera de su tierra. Para atenderlos, en 1949 se aprobó la creación de la Agencia de Socorro y Trabajos de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que asume competencias en materia de prestaciones sociales, vivienda, sanidad y educación.
El número de palestinos refugiados registrados por la UNRWA, muchos de ellos sin ningún tipo de documentación, ha crecido desde los 914.000 de 1950 a los casi cuatro millones. Un tercio de ellos, más de un millón, viven en 59 campos repartidos entre Jordania, Líbano, Siria, Gaza y Cisjordania. Además, se estima que existen unos 335.000 desplazados sin registrar.
Casi todos los países receptores han concedido a los palestinos un estatuto de temporalidad como medida de presión hacia Israel, lo que les ha convertido en apátridas. Sólo Jordania otorgó la ciudadanía a los palestinos de Cisjordania, ya que su intención era crear la Gran Jordania anexionándose ese territorio cuando Israel lo evacuara. Sin embargo, la renuncia de Ammán a Cisjordania en 1988 significó la retirada de los pasaportes jordanos a los palestinos de ese territorio.
Así, la situación de los refugiados varía mucho por países:
Líbano: La población y los gobernantes consideran a los palestinos culpables de la guerra civil (1975-1990) y de la ocupación israelí del sur del país, lo que se traduce en enormes dificultades para obtener la residencia y la propia Constitución, aprobada 1990, les prohíbe conseguir la ciudadanía libanesa. Además, existen restricciones en el tipo de empresa para la que pueden trabajar, lo que se traduce en una tasa de paro de un 80%.
Jordania: Los palestinos están muy integrados en la sociedad debido a su peso demográfico y a la postura de la monarquía jordana en el conflicto. A pesar de tener pasaporte jordano, se sienten discriminados frente a los nativos, que temen que su país se convierta en una Palestina II. En este sentido, los refugiados han acogido con esperanza la llegada al trono del príncipe Abdallah, casado con una palestina.
Siria: Gozan de igualdad en el trabajo y la educación, pero no en los derechos políticos. Además, tienen limitado el derecho a la propiedad y a la circulación.
Gaza y Cisjordania: La creación de la Autoridad Palestina ha beneficiado a este contingente, ya que se ha desviado a la zona gran parte de los recursos que antes se empleaban en los campos de países colindantes. Sin embargo, la pobreza y la falta de infraestructuras es acuciante.
Refugiados de interior: Cuando se hace referencia a la cuestión de los refugiados, se olvida que también hay palestinos que viven dentro de las fronteras de Israel —un 20% de la población—. Son la descendencia de aquellos que no quisieron irse, un sector que ha sufrido el olvido de la comunidad internacional y la marginación de las autoridades israelíes. Aunque muchos son ciudadanos israelíes de pleno derecho, otros son apátridas que se agruparon en aldeas conocidas como poblados refugio, no reconocidas y que no aparecen en los mapas.
Dado que la cuestión de los refugiados implica a todos los países del entorno y a su propia complejidad, su discusión se ha ido retrasando. Sin embargo, desde la Conferencia de Madrid los palestinos vienen alegando el derecho al retorno como un compromiso moral con las personas expulsadas de sus hogares y como un derecho reconocido por la ONU —Resolución 194 de 1948: "los refugiados que deseen el regreso a su casa y vivir en paz con sus vecinos se les tendrá que permitir hacerlo tan pronto como sea posible" (…) "aquellos que no quieran volver, o que aunque lo hicieran, hubieran perdido sus propiedades tendrán que ser compensados económicamente" —.
Israel, que nunca ha reconocido este derecho y que diferencia entre refugiados —los de la guerra del 48— y simples desplazados —los demás—, rechaza abiertamente el regreso de los palestinos en el exilio argumentando que el Estado de Israel tuvo que recoger a los judíos expulsados de los países árabes en 1948. Parece muy improbable que ningún gobierno israelí, sea cual sea su tendencia política, tolere un cambio en el balance demográfico entre judíos y árabes en la zona, ya que supondría el fin de su propia existencia como nación.
Aunque Palestina renunciara al derecho al retorno y se llegara a un acuerdo sobre el pago de indemnizaciones, todavía quedaría un escollo fundamental: a excepción de Jordania, el resto de países árabes no ha concedido su nacionalidad a los refugiados ni tiene intención de hacerlo, sobre todo Líbano.
(*) Editor de Política de Bitácora, rafaels@montevideo.com.uy.
Notas
1 El periódico Maariv publicó que el 53% de los israelíes están insastisfechos con el trabajo de Sharon; que el 73% considera que ha incumplido sus promesas electorales de lograr 'paz y seguridad'; el 68% cree además que la situación de Israel ha empeorado desde que llegó al Gobierno. Pero las críticas hacia Sharon, dice el periódico, no parecen conducir hacia una alternativa de paz, ya que el 51% de los encuestados opina que Israel no debe aceptar la iniciativa de paz propuesta por el príncipe saudí Abdalá. Por si el dato anterior no fuera suficientemente revelador, el 60% de los interrogados opinan que Yasir Arafat debe continuar confinado en Ramala.