Medio Oriente

John Pilger
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Clare Short es una experta autopromocionándose en los medios de comunicación. Es la "rebelde" del gabinete de Blair, un diamante en bruto que critica vehementemente a "los privilegiados de clase media" que desafían los dictados del Banco Mundial, del cual ella es una de las gobernadoras.
En realidad, Short es de un valor incalculable para Tony Blair ya que proporciona la ilusión de un gobierno para el pueblo (cuando no está apoyando el bombardeo de civiles en Afganistán o denigrando a organizaciones humanitarias u otros que cuestionan las políticas occidentales). Su compromiso expresado en numerosas entrevistas de acabar con la pobreza mundial desde el orwelliano Departamento para el Desarrollo Internacional (Department for International Development, DFID) que dirige es contradicho por un simple dato estadístico: Gran Bretaña destina tan sólo el 0'3 por ciento de su P.N.B. como ayuda a los países más pobres, lo que representa menos de la mitad del mínimo establecido por Naciones Unidas. Short se ha negado a concretar cuándo o si esta cantidad será incrementada.
El verdadero compromiso de Short es con una economía global dirigida por el todopoderoso capital occidental y se ejemplifica en su proyecto de "desarrollo" en Ghana. Su departamento ha dicho al gobierno ghanés que sólo recibirá ayuda monetaria para un proyecto hídrico si se lleva a cabo una privatización efectiva del suministro de agua, dando la oportunidad así a las corporaciones británicas y otras multinacionales de ganar una fortuna.
Mientras tanto, la mitad de la población de Ghana carece de suministro regular de agua potable y los niños se mueren debido a enfermedades que se transmiten a través del agua. Desde que el "convenio de colaboración" entre compañías públicas y privadas fue anunciado las facturas del agua de los pobres han aumentado drásticamente con el fin de que la industria del agua sea "competitiva" y pueda ser ofrecida en venta. El Consejo Cristiano de Ghana afirma que "privatizar el agua es como firmar una sentencia de muerte para los pobres de las ciudades y el campo de Ghana, porque no pueden pagar por ella".
En octubre pasado, Christian Aid publicó un soberbio informe, Master or Servant (Amo o Criado), cuyo capítulo "Comerciando con oro blanco: ¿Quién decide la política del agua en Ghana?" mostraba cómo la ayuda británica sigue condicionada a la obtención de beneficios económicos. También revelaba que el departamento de Short había congelado los fondos para la expansión del suministro de agua en la ciudad ghanesa de Kumasi hasta que todos los contratos de arrendamiento de los suministros de agua del país fueran firmados. "De hecho", afirma Christian Aid, "el Reino Unido está reteniendo los fondos para la fase final de un proyecto que ampliaría el abastecimiento de agua como un arma para imponer a toda costa un convenio de colaboración cuyos frutos pueden ser muy distintos".
El 20 de marzo, Clare Short escribió una carta prototipo a la diputada Anne Campbell en la que arremetía contra el estudio de Christian Aid calificándolo de "inexacto y engañoso" y sostenía que "el gobierno del Reino Unido no tiene influencia alguna en la selección de los participantes del sector privado" y que "toda la infraestructura del suministro de agua seguirá perteneciendo al sector público". Ninguna de las dos afirmaciones es cierta. Es ella quien nos está engañando.
Cinco meses antes, un alto oficial del departamento de Short, responsable de las privatizaciones del agua, escribió lo siguiente en una nota interna: "En un acuerdo entre el DFID y el gobierno de Ghana, el envío de estos fondos fue condicionado al recibimiento del registro de ofertas para los contratos de arrendamiento dentro del convenio de colaboración con el sector privado". No es necesario recordar a los lectores que "los convenios de colaboración" son el tenue velo tras el que se oculta la dominación de los servicios públicos por parte del gran capital. Así, en contra de los deseos de la mayoría de los londinenses, el metro está siendo entregado de hecho a compañías privadas que harán miles de millones, algo que es justificado con los mismos argumentos falaces utilizados en Ghana.
El control sobre el agua de Ghana ha sido transferido al Secretariado para la Reestructuración del Sector de Aguas, el cual, aunque forma parte del Ministerio de Obras Públicas, es financiado y dirigido en la práctica por el Banco Mundial junto con el DFID británico y el Fondo de Cooperación Económica Internacional japonés. El Banco Mundial paga los salarios del personal mientras que el DFID ha destinado 2,8 millones de libras, según un estudio de la Universidad de Strathclyde (Escocia), en concepto de "asistencia técnica para el proceso de privatización".
Por si fuera poco, el departamento de Short ha contratado al conservador Instituto Adam Smith, que aboga por "una gestión corporativa bajo una regulación mínima", en calidad de consejero para la nueva industria hídrica de Ghana.
Cuando el actual gobierno de Ghana se encontraba en la oposición protestaba contra la monopolización del agua por parte de compañías extranjeras. La mayoría de los ghaneses con un mínimo de conciencia social saben que sólo un suministro de agua potable integral beneficiaría a la mayoría. Pero la cancerígena obsesión con la ideología del "libre mercado" es tal entre aquellos que -cualesquiera que sean las máscaras políticas tras las que se ocultan- se pelean por las migajas en las mesas de los ricos y poderosos, que a un país como Ghana, con una necesidad desesperada de capital, no le quedan muchas opciones. Los activistas que se resisten al robo del agua del pueblo, aquí y en Ghana, merecen nuestro apoyo.