Medio Oriente

Akiva Eldar
Ha'aretz
Traducido para Rebelión por L.B.

"Por favor, dígame, ¿qué se supone que debo hacer ahora?", pregunta el líder palestino local del área de Belén al diplomático occidental. Los dos contemplan cómo un descomunal bulldozer hunde sus fauces en la tierra de Beit Sahur para preparar la construcción de otra carretera de circunvalación que contorneará a los palestinos para mayor gloria de la ocupación israelí. La carretera está pensada para uso exclusivo de los residentes de Nokdim, la colonia judía donde reside el parlamentario israelí Avigdor Lieberman. "¿Qué haría usted en mi lugar?", pregunta el palestino, una persona moderada nada partidaria de emplear métodos violentos. "¿Se quedaría usted mirando con los brazos cruzados cómo los colonos le roban su tierra o se liaría a tiros con el bulldozer?".
Esas preguntas no inquietan a los dirigentes del Tanzim o a los comandantes de las Brigadas de Al-Aqsa. Ellos, al igual que la inmensa mayoría de los palestinos de los territorios ocupados (el 92%, según la encuesta más reciente realizada por el doctor Khalil Shikaki), están completamente de acuerdo con la legitimidad de la lucha violenta contra los colonos judíos y contra el ejército que los protege.
El dilema que los palestinos laicos confrontan en la actualidad tiene que ver con la eficacia y la moralidad de los atentados suicidas llevados a cabo en el interior del Estado de Israel propiamente dicho. Los indicios apuntan a que si Israel sugiriera que está dispuesto, junto con los palestinos, a retomar los acuerdos de la operación Uvas de la Ira –el pacto tácito que en su día excluyó a la Galilea y a las aldeas del sur del Líbano del área de confrontación armada—descubriría que tanto el Tanzim como las Brigadas de Al Aqsa secundarían de buen grado tal medida.
Pero la opción de detener la Intifada en el interior de los territorios ocupados tiene para los palestinos tantos visos de realidad como la posibilidad de que el Gobierno de Sharon ponga fin a las expropiaciones de tierra palestina para construir carreteras de circunvalación. La mera alusión a un alto el fuego generalizado y a reformas que no vayan acompañadas de contrapartidas políticas tangibles se considera una herejía.
Fuentes de los escalones más elevados de la Autoridad Palestina afirman que esa es una de las razones por las cuales el asesor financiero de Yasser Arafat, Mohammed Rashid, está demorando su regreso del extranjero. En Ramallah levantaron ampollas las informaciones que corrieron sobre sus discusiones en Washington acerca de introducir reformas en el seno de la Autoridad Palestina.
Otra razón, afirman fuentes de Ramallah, es que se piensa que difamó al jefe de Seguridad Preventiva, Jibril Rajoub, al afirmar que éste entregó a miembros de Al- Fatah a las tropas israelíes que cercaban su cuartel general. Una acusación similar le costó al ministro Asan Asfour acabar con sus manos y piernas fracturadas.
Todo aquel que albergue esperanzas de que los palestinos dejarán de matar a los colonos judíos debería hablar con Asís Amaru, ministro para asuntos del Waqf (1) en Hebrón. Amaru se ha pasado los últimos días corriendo de aquí para allá entre el mercado del centro de la ciudad, en la parte vieja de Hebrón, y la estación local de policía. Todo lo que pide es que las autoridades israelíes apliquen la ley a los colonos judíos que han ocupado las tiendas del mercado, propiedad de la fundación religiosa musulmana.
Después de la masacre del día de Purim de 1994 ejecutada por el colono judío Baruch Goldstein en la Tumba de los Patriarcas, Israel decretó el cierre de las tiendas del mercado; desde esa fecha dichas tiendas, contiguas al barrio judío de Abraham Avinu, han permanecido cerradas. Hace pocos meses los colonos judíos de Hebrón invadieron uno de los edificios y transformaron cuatro tiendas en varios apartamentos y una guardería. En los últimos días los colonos judíos han ocupado cuatro tiendas más en un edificio adyacente.
Amaru dice que el Waqf cumplió la sugerencia de la policía de soldar las puertas y las ventanas de las tiendas. Ayer por la mañana los colonos judíos emplearon la fuerza para ahuyentar a los soldadores y a la policía que los custodiaba y encerraron a los funcionarios del Waqf en el segundo piso del edificio.
Los palestinos de Hebrón se están preguntando si la policía habría actuado con similar moderación si hubieran sido palestinos los que hubieran tratado de apoderarse de una tienda judía. La conducta de los colonos judíos, y la ecuanimidad –en el mejor de los casos—que exhiben las fuerzas de seguridad israelíes con respecto a los judíos que vulneran la ley en los territorios ocupados contribuye a reforzar el ascendiente de los palestinos partidarios de la lucha armada. Su análisis de las cada vez más numerosas expropiaciones de tierras, cercado de terrenos y derribo de árboles es que la guerra contra los colonos judíos es una guerra por sus hogares.
En Hebrón ya ni siquiera el muecín está autorizado a llamar a los fieles a la plegaria. Los soldados explicaron al Waqf que las tradicionales llamadas a la oración, que llevan siglos realizándose desde los minaretes de Hebrón, "perturban la paz".
Cada vez son mayores las similitudes con la campaña argelina en contra de los colonos franceses. Incluso si alguna alta autoridad palestina decidiera detener a los kamikazes palestinos en su ruta a Petah Tikva, no hay la menor posibilidad de que un líder palestino condene a un ciudadano de Hebrón que decida abatir a un colono judío que invade su hogar.
Una reciente petición a la Corte Superior de Justicia permite comprender por qué los palestinos odian de ese modo a los colonos judíos. El abogado jerusalemita Shlomo Lecker elevó una petición a la Corte de Justicia en nombre de dos residentes de la aldea de Tu'ana, al sur del Monte Hebrón. Lecker afirma que el caso en cuestión es emblemático de la despiadada rutina de robo de tierras llevada a cabo bajo la protección del ejército y del Gobierno israelíes y que ilustra gráficamente el absoluto desprecio por la ley que caracteriza a los colonos judíos.
La historia arranca en septiembre del 2001. En esa fecha, un grupo de colonos judíos comenzó a construir un solar de cemento en un trozo de terreno colindante con las tierras agrícolas propiedad de Mohammed Mussa Jibrin y Ahmed Mohammed Mohammed. Yosef Adir, un alto funcionario del Consejo Regional de la zona sur del Monte Hebrón, supervisó los trabajos de construcción.
Los propietarios del terreno corrieron a la estación de policía de Kiryat Arba a presentar una queja contra la incursión de los colonos en su propiedad. "Tras depositar su queja", escribe Lecker en su petición, "un tal mayor Zvika se presentó en el lugar. Los demandantes le conocen como el oficial militar de la administración civil responsable del área. Le acompañaba un funcionario de la administración civil llamado Amos. Zvika dijo a los demandantes y a su abogado, Mussa Mahmara, que los trabajos de construcción se estaban realizando sin autorización. Amos les dijo que había dictado una orden de paralización de la obra pero que era imposible conseguir que fuera acatada, "porque los colonos no van a obedecer la orden". Recomendó a los demandantes que se dirigieran a la Corte Suprema de Justicia".
En las dos semanas siguientes, y bajo la supervisión de Adir, quien en su calidad de miembro del Consejo regional es teóricamente un funcionario del Gobierno, los colonos judíos completaron la construcción del solar de cemento y le añadieron una torre de agua.
A finales de septiembre los propietarios palestinos del terreno contactaron con Lecker y le pidieron que fuera a ver el lugar. "A dos kilómetros de distancia de la cima de la colina en donde se estaba construyendo el nuevo asentamiento, en una zona aislada y accidentada", escribe Lecker, "me topé con un control militar. El comandante del control, que se identificó como mayor Gilad, me mostró un mapa y una orden por la que se decretaba el cierre de la zona. En el mapa aparecía dibujado un triángulo que rodeaba el perímetro del asentamiento, que figuraba en la orden militar con el nombre de "Punto Abigail". El Mayor Gilad explicó que el comandante de la región, que había firmado la orden, deseaba que la zona permaneciera sellada para prohibir el acceso o acercamiento al área del asentamiento."
Cuando Lecker protestó diciendo que los colonos estaban cruzando el control militar sin ser detenidos por los soldados el oficial le señaló una frase en la orden militar que especificaba que la orden excluía a "personas autorizadas". Tres días más tarde, esos colonos "autorizados" llevaron varias caravanas al "Punto Abigail".
Una declaración del fiscal de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a la petición de Lecker confirma que los inspectores de la Administración Civil descubrieron que dos caravanas más, una caseta y un viejo autobús fueron transportados al lugar. El Estado declara que el 24 de febrero se emitieron dos órdenes exigiendo la paralización de las obras.
Pero Lecker consiguió hacerse con un documento que demuestra que Cisjordania es el Salvaje Oeste para los colonos, y que en opinión del Ministerio de Defensa, cuya titularidad ostenta una persona que ha declarado públicamente que no considera importante poner coto a los colonos, éstos pueden seguir actuando en los territorios ocupados exactamente como han venido haciéndolo hasta ahora.
El documento que obtuvo Lecker es una carta firmada por el mayor Yossi Shapira, secretario militar asistente del Ministro de Defensa. En ella declara que ha sido emitida una orden de paralización de obra para la construcción del asentamiento ilegal y que "si los colonos no evacuan el área motu propio el ejército los evacuará mañana".
La carta de Shapira está fechada el 21 de octubre del 2001. Al parecer surtió efecto y estuvo en el origen de una insólita resolución de la Corte Suprema dictada hace tres emanas que ordenaba al ejército ejecutar las órdenes que el propio ejército había cursado ya en referencia al "Punto Abigail", así como impedir la realización de cualquier otra obra en ese lugar. Naturalmente, hasta que los colonos obtengan su autorización.
2 de junio del 2002
(1) Waqf: Administración especial encargada de asuntos religiosos.