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LA ALIANZA CONTRA LA IMPUNIDAD
LA ALIANZA CONTRA LA IMPUNIDAD, reunida en asamblea general, preocupada por la situacion politica, economica y social del pais y tomando en cuenta la actitud gubernamental y del Frente Republicano Guatemalteco frente a ella, considera que el gobierno del Presidente Portillo no puede seguir haciendo oidos sordos a las multiples denuncias y protestas de diversos sectores que, con justa razon, exigen corregir el rumbo y cumplir con los ofrecimientos, promesas y compromisos adquiridos ante la opinion publica nacional e internacional. El erario publico no puede seguir siendo un botin en manos de funcionarios que fueron nombrados o electos para servir al pueblo y no para servirse de el. Las instituciones del Estado no pueden seguir siendo cueva de ladrones ni refugio de criminales que han evadido la justicia. El crimen organizado no puede seguir siendo tolerado o dirigido desde altas esferas de gobierno, ni las personas acusadas de crimenes cometidos en el pasado reciente pueden seguir teniendo cabida en el gobierno. Por ello, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, urge la desarticulacion del nefasto y criminal Estado Mayor Presidencial, involucrado en crimenes y violaciones a derechos humanos. Urge descontinuar las transferencias presupuestarias que lo fortalecen. No se puede continuar señalando a la delincuencia comun de los allanamientos y amenazas que sufren los defensores y las organizaciones de derechos humanos, los fiscales, jueces y magistrados que actuan apegados a derecho y los testigos y familiares de victimas que han presentado denuncias en el Ministerio Publico. Todo ello amerita urgentemente una investigacion exhaustiva, una explicacion concreta a la poblacion y no la evasion de responsabilidad por omision, tolerancia o beneplacito de funcionarios de gobierno. No es posible que continue la muerte de niños, hombres mujeres y ancianos, por enfermedades curables o por hambre, en un pais lleno de recursos naturales. Asimismo, es intolerable que continue la critica situacion del campo que se ha convertido en una bomba de tiempo, sin que las autoridades le presten la debida atencion. El Poder Legislativo debe parar de aprobar leyes casuisticas que distorsionan el Estado de Derecho, a favor de intereses particulares. No se puede continuar con recortes a la inversion social y presupuesto a instituciones que deben garantizar la aplicacion de la justicia, por revanchismos partidarios o personales. En ese sentido, exigimos al gobierno guatemalteco: - La depuracion profunda de todas las instituciones del Estado - El cese de la vigilancia, control y hostigamiento contra las organizaciones de derechos humanos y del movimiento social - Poner un alto al crimen organizado - El proceso juridico a elementos que tienen pendientes cuentas con la ley o que por una u otra causa han sido señalados de corrupcion o de crimenes cometidos en el pasado o en el presente - La inmediata desarticulacion y desaparicion del Estado Mayor Presidencial y el alto a las transferencias presupuestarias que lo fortalecen. Asimismo la desarticulacion de todos los grupos paramilitares, garantizando la seguridad ciudadana - La investigacion de los hechos cometidos contra organizaciones y defensores de derechos humanos y organizaciones sociales - La inmediata atencion a la problematica del campo que esta entrando nuevamente en crisis, tomando en cuenta las propuestas del movimiento campesino organizado relativas al desarrollo rural integral. Finalmente, ratificamos nuestra fe en el futuro de Guatemala, nuestro compromiso de lucha contra todas las formas de impunidad, y nuestro compromiso de mantener la autonomia e independencia respecto de gobiernos, partidos politicos, sectores o movimientos que promuevan el rompimiento del orden constitucional, pero tambien exigimos que el gobierno escuche y atienda las peticiones ciudadanas y corrija el rumbo de las politicas. Llamamos a la poblacion a no mantenerse apatica frente a esta situacion que nos afecta a todos. Guatemala, abril de 2002. Alianza contra la Impunidad www.pgpi.org)