ALTERCOM 27 de marzo de 2002

Diecisiete ecologistas fueron detenidos en un operativo que el Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional del Ecuador realizó el 25 de marzo en el campamento de Guarumos, ubicado en la zona de Mindo, por donde cruza el Oleoducto de Crudos Pesados, y cuyo trazado ha sido severamente cuestionado por "atentar contra el ambiente y los derechos humanos".
"Con la finalidad de realizar un control migratorio en el lugar, para en lo posterior dar cumplimiento al desalojo realizado con la presencia del Señor Intendente General de Policía de Pichincha, Victor Hugo Olmedo, el Dr. Edison Fierro Dobronski y Fiscal de Pichincha de la Unidad de Misceláneos, personal del Grupo de Operaciones Especiales: Un señor Jefe, Diez señores Oficiales, cuarenta y cinco policías. Se procedió a la retención de diez y siete ciudadanos de los cuales son catorce extranjeros y tres ecuatorianos uno de ellos menor de edad, los tres ciudadanos ecuatorianos se quedaron a órdenes del GOE..." (sic), dice textualmente el parte emitido por la Inteligencia de la Dirección Nacional de Migración.
Sin embargo solo 14 extranjeros llegaron a la audiencia del martes 26 de marzo, que se llevó a efecto en las instalaciones de la Intendencia de Policía de Pichincha. La razón?: simple, al decir del Intendente. -esta audiencia se la realiza para dirimir el "Juicio Penal de deportación", pues los ciudadanos extranjeros violaron el artículo 23 de la ley de migración, haciendo mal uso de la visa T.3. (turista). El caso de los ecuatorianos ha sido remitido a la Fiscalía y el Intendente se inhibe de conocerlo. El juez que actuará será sorteado próximamente. Distintos procedimientos para un mismo supuesto delito. Acción inconstitucional, al decir de uno de los abogados.
Ante la presencia masiva de la prensa nacional y extranjera apostada en el país, 14 jóvenes, una de ellas con lágrimas en los ojos, no sabían lo que pasaba. El Intendente inició la audiencia, el secretario leyó la acusación que en síntesis dice: El 8 de marzo, David Arce Rojas, Gerente de la OCP, presentó una denuncia en la que dice que un grupo de ecologista el 7 de enero violaron el derecho de vía, propiedad de la OCP causando daños en los trabajos que esa compañía realiza y en la construcción del Oleoducto. Esos daños se los ha infringido contra costales de arena que se encontraban en el lugar.
"¿Han sido debidamente notificados los imputados?" -preguntó el Intendente. El secretario respondió afirmativamente, pero en ese momento, de manera descarada y ante el estupor de todos los presentes se entregó recién, a los detenidos, la notificación en la que constaba el por qué de su detención. Algunos la entendieron, otros muchachos se desesperaron por descifrar el idioma, pues en su mayoría no hablan español. Todos rechazaron la notificación por no ajustarse a la verdad y por haberse entregado durante la audiencia y no con la anticipación que el secretario afirmaba se la había hecho.
Sobraron los argumentos de los abogados defensores y de los propios imputados: no se les había notificado en su idioma materno, no se les permitió llamar a su abogado y no se les explicó la razón de su detención, como ordena la Constitución ecuatoriana; se los trasladó en buses particulares contratados no se sabe por quién y no en transportes oficiales, como manda la ley, se les hacinó en celdas infrahumanas, no se les dio alimentación, y más...
Sin embargo el Intendente, inmutable en su posición, dio por cerrada la sesión no sin antes decir que tenía fotos que probaban el delito y las escrituras del terreno de propiedad de la OCP. Ante el requerimiento de la prensa permitió que se vean las fotografías acusatorias, sacos de arena rotos, "no sé si con navaja o con motosierra" dijo el Intendente a la reportera de ALTERCOM. "Pero en ninguna fotografía consta la imagen de ningún detenido, señor Intendente". Se sonrió. De igual manera la escritura presentada correspondía a los terrenos de propiedad del señor Albarracín. "El campamento está ubicado en los terrenos del Señor Franco que autorizó la instalación del campamento", le replicó Natalia Arias de Acción Ecológica. "Pero si el Señor Albarracín es propietario de más de 60 hás.", contestó el Intendente. (Quien más tiene siempre es el que manda?)
Cuando ya se retiraba del lugar se acercó el Cónsul de Italia, quien le pidió ser escuchado, pues hablaba a nombre de todos sus colegas diplomáticos representantes de Alemania, Colombia, Suiza, Francia, Irlanda, e Italia, su país.
Las fotos no son prueba en el juicio pues no consta ninguno de los imputados, comenzó diciendo. Para seguir su argumentación, hay al menos cuatro hechos que nulitan el proceso: 1.- No se les habló en su lengua materna, ellos no saben qué pasa (según ordena la Constitución ecuatoriana), 2.- La notificación es extemporánea, se la ha efectuado en esta audiencia. 3.- Han pasado casi 30 horas detenidos sin ningún documento explicativo. 4.- Ellos estaban en terrenos que no son propiedad de la OCP. 5.- Se les está imputando de hechos ocurridos antes de su permanencia en el país (algunos tienen 5 días apenas de haber llegado). Señor Intendente tenga mesura... no se puede tomar acciones tan severas como la deportación para un delito, si lo hubo, leve. Déjeles salir, amonéstelos. No vale que haya "revanchas".
Pero el Intendente se fue, dejando entre los presentes un sabor de bochorno. Cantinflesca la sesión y firme la decisión prevaricadora de deportar a los extranjeros. Firme en la línea del presidente ecuatoriano en su animadversión contra los ecologistas. Miopía política, pésimo manejo internacional, por decir lo menos.
Mañana se verá que pasa con el otro capítulo. De qué se les acusará a los ecuatorianos, que según últimos datos suman ya 6. Tres detenidos en el operativo de "Control Migratorio" , y luego 3 cuando recogían las carpas del campamento. Todos ellos ahora duermen en el Penal García Moreno de Quito, mientras la indignación crece entre los afectados directos y el resto de la población que no soporta más tanto atropello a nombre del desarrollo.
Mientras tanto se espera el sábado la llegada de los diputados "verdes" de Alemania, país en el que amplios sectores vetan el crédito solicitado por la compañía OCP. Serán también ellos deportados?