Latinoamérica

Kintto Lucas
IPS

Más de 30.000 ecuatorianos presentaron su solicitud de visas para trabajar en España ante la cancillería de Ecuador en el marco de un acuerdo migratorio entre los dos países.
Sin embargo, muchos emigrantes verán frustrada por ahora su pretensión de radicarse en España porque las propuestas de empleo necesarias para que se haga efectiva se han demorado.
Leonardo Carrión, jefe de la Dirección de Ecuatorianos Residentes en el Exterior, una oficina de la cancillería, explicó que además llevará meses entrevistar a todos los postulantes debido a la alta demanda de postulantes.
El funcionario espera que "en el transcurso de este mes" comiencen a llegar las solicitudes de trabajo, requisito imprescindible según la nueva Ley de Extranjería de España.
"Me inscribí en la cancillería porque si surge un trabajo me permite viajar con papeles. Si eso no ocurre, la salida es ir ilegal (sin documentación) como tantos compatriotas", declaró a IPS uno de los solicitantes mientras esperaba para entregar sus papeles en la cancillería.
Varias de las personas consultadas por IPS dicen que primero esperarán la oferta de trabajo, pero si esta se demora, la solución es instalarse sin documentación.
La intención de viajar como turistas y quedarse a trabajar en España sin los documentos correspondientes fue el común denominador de las personas consultadas por IPS, por eso prefirieron no revelar su identidad.
La Asociación de Emigrantes Ecuador Llactacaru, de Barcelona, señaló en un comunicado que "la aplicación de la Ley de Extranjería y de su reglamento está empeorando la situación de los inmigrantes en España".
"En enero, contraviniendo su propia legislación, el gobierno español clausuró el régimen general de visas, impidiéndonos la posibilidad de regularización, incluso con oferta de trabajo", explicó.
La Asociación añadió que "la represión contra los emigrantes va en aumento", porque la policía los persigue y "han aumentado las detenciones y deportaciones".
Ecuador Llactacaru dijo, además, que la Ley de Extranjería llevó a que las personas sin documentos sirvan de "mano de obra barata y sin derechos".
Esa norma dejó a los inmigrantes "indefensos ante las mafias que venden falsos contratos o ante empresarios sin escrúpulos que fuerzan a trabajar en situaciones de gran precariedad, facilitando así la discriminación social y laboral", puntualizaron.
La Ley de Extranjería establece un sistema de cupos de inmigración para Marruecos, Ecuador, Colombia y Polonia, que son los países que tienen acuerdo bilateral con España.
Los inmigrantes que se inscribieron en la cancillería de sus países de origen para una visa de trabajo pueden lograr contratos que, "en su mayoría, tienen una duración de seis meses, improrrogables y con obligación de retorno", indica la asociación de inmigrantes radicada en Barcelona.
"Este sistema sirve además de justificación al gobierno para mantener sin papeles a los inmigrantes actualmente residentes en el Estado Español", como muchos de los ecuatorianos que viven en Catalunia, aseguró el comunicado.
La Subdirección General de la Regulación de la Inmigración y las Migraciones Interiores, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, informó que fueron aceptadas 37.964 solicitudes de regularización de papeles de ecuatorianos de las 48.551 presentadas el año pasado.
Los inmigrantes que no lograron su visa de residencia por esta vía ya no lo podrán hacer porque con la nueva Ley de Extranjería sólo se otorgarán documentos mediante convenios de trabajo.
Al mismo tiempo que en Ecuador terminaba el periodo de inscripciones para solicitar visas de trabajo para este año, el diario español El País informaba que muchos "inmigrantes ilegales viven una situación muy difícil" debido a su precariedad laboral y económica.
El alto precio de los alquileres, la exigencia de excesivas garantías y los recelos de los propietarios hacia los emigrantes en España redujo la oferta inmobiliaria y muchos han sido condenados a vivir hacinados, pagando excesivos subarriendos, agregó el diario.
Asociaciones de ciudadanos marroquíes, colombianos y ecuatorianos pidieron ayuda pública para poder acceder a viviendas dignas.
Raúl Jiménez, de la Asociación Ecuatoriana de Emigrantes Rumiñahui, apuntó que era necesario crear "programas de vivienda de alquiler social o subvenciones que ayuden a pagar el alquiler cada mes".
Mustafá Al-Mrabet, de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), explicó que la falta de vivienda es el principal impedimento para que los inmigrantes "puedan integrarse al país".
Por eso pidió a los ayuntamientos "que cedan terrenos para la construcción de viviendas con alquileres baratos".
"Aquí no queremos moros" es la respuesta más frecuente que escuchan sus compatriotas de parte de los propietarios cuando intentan alquilar, comentó Al-Mrabet.
Por su parte, Pedro Arias, de la Asociación de Colombianos en Madrid (Acoma), también se quejó de que para los propietarios españoles un "colombiano es sinónimo de un delincuente".
El ecuatoriano Raúl Jiménez también narra que compatriotas suyos a veces son explotados por inmigrantes de este mismo país.
La migración de ecuatorianos a España creció a fines de la década del 90, como consecuencia de la crisis económica que afectó el país.
Datos del Ministerio del Interior de España indican que en la actualidad los ecuatorianos constituyen el grupo más grande de inmigrantes en Madrid y uno de los más importantes del país.
El gobierno municipal de Madrid informó el año pasado que el número de ecuatorianos residentes en esa ciudad aumentó 15 veces en dos años, pasando de 4.915 en 1999 a 75.527. Según fuentes de Quito, en España residían en 2000 más de 350.000 ecuatorianos, pero solo 130.000 tenían la documentación en regla. Para Ecuador las remesas de los emigrantes representan el segundo rubro de entrada de divisas, con 1.250 millones de dólares al año, monto solo superado por las exportaciones de petróleo