Latinoamérica

MÁS ALLANAMIENTOS Y DETENCIONES

Cacería de brujas en todo el país.Persiguen al movimiento social y popular
En el afán de mostrar resultados en la lucha contrainsurgente, losorganismos de inteligencia del Estado y la Fiscalía General de la Nación,continúan adelantando una verdadera cacería de brujas contra dirigentessociales y populares, a los que exhiben "victoriosamente" como fichas clavede la subversión. En muchos casos responsabilizándolos de atentados y de lacolocación de bombas y atentados dinamiteros.
En Bogotá y Soacha, a lo largo de la semana pasada, se produjeronallanamientos en Ciudad Bolívar, en barrios del sur y en barrios de laCentral Nacional Provivienda. Siempre van dirigidos a dirigentes deCenaprov, de organizaciones humanitarias y populares. En la mira de lapersecución oficial están los desplazados de la violencia paramilitar deUrabá, el Magdalena Medio y el Meta, particularmente. Después de lapersecución de las llamadas AUC, se les vino encima la hostilidad del Estadoque los quiere penalizar.
El Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, ANDAS y elColectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", denunciaron que en lamadrugada del viernes 19 de abril, en Bogotá, fueron detenidos Luis Veneciay Ramiro Rueda miembros de la Junta Directiva Seccional ANDAS-BOGOTA yLuis Urrego, afiliado a la misma, junto con Harold Winston Vásquez, Rafaelde la Ossa, Silvia Márquez Ariza y José Ardila, pertenecientes a lasorganizaciones de desplazados ANDESCOL y USCOL. Los operativos fueronrealizados por miembros de la XIII Brigada del Ejército, apoyados en lasatribuciones ya sin vigencia de la Ley de Defensa y Seguridad Nacional.
Los detenidos son desplazados de diferentes regiones del país,fundamentalmente de Barrancabermeja, que llegaron a Bogotá para preservarsus vidas, debido a amenazas de grupos paramilitares. Según se pudoconocer, están sindicados de ser auxiliadores de la insurgencia eintegrantes de milicias guerrilleras. Se tuvo conocimiento, que MarcosNieves, presidente de ANDESCOL y Daniel Rendón, presidente de USCOL figuranen un listado con los mismos cargos.
Las ONG han responsabilizado directamente al Estado y a sus FuerzasMilitares por la vida e integridad física de los detenidos, al tiempo queagregaron, que esto demuestra una vez más la persecución y judicialización alos dirigentes de organizaciones sociales y sindicales, trabajadores dederechos humanos y de organizaciones de población desplazad, cuyo únicodelito es su firme lucha por la reivindicación de los derechos que les hansido vulnerados, y el trabajo de apoyo y acompañamiento a procesosorganizativos.
A este clima de persecución, sin duda contribuyeron recientes declaracionesdel ministro del Interior, Armando Estrada Villa, quien el pasado siete deabril, en la clausura del Encuentro de Victimas del Desplazamiento por laViolencia en Colombia, financiado por el Ministerio del Interior, señalóque las denuncias realizadas por las diferentes personas desplazadasasistentes al evento, entre ellos los que ahora están detenidos, eransesgadas y los acusó de no pronunciarse sobre hechos recientes ocurridos enla ciudad de Villavicencio, presuntamente ejecutados por las FARC, de lascuales ninguno de los participantes tenía conocimiento. Las palabras delseñor ministro en el contexto de la realidad nacional contribuyeron aagravar la situación de seguridad de los lideres de la población desplazada.
En Montería y otras ciudades de la Costa Atlántica también han sidodetenidas decenas de personas sindicadas de ser responsables del atentadocontra Álvaro Uribe Vélez. Lo que se preguntan las organizacioneshumanitarias es ¿Cómo se puede desplazar un supuesto comando que va aefectuar un operativo contra un candidato presidencial sin ser detectado porla inteligencia militar a la que se destinan tantos recursos económicos? ¿Noserá que en estos atentados están involucrados sectores que buscanjustificar la aprobación del estatuto antiterrorista y otras medidasrepresivas?