El paramilitarismo es hoy en día un fenómeno de enorme gravedad en Colombia. Su avance, sus cotidianas barbaridades –masacres, asesinatos, desaparaciones forzadas, torturas, hostigamientos, amenazas y masivos desplazamientos forzados- hacen necesarias una denuncia internacional de este fenómeno.
El paramilitarismo cuenta hoy en día con el apoyo de diversos grupos y círculos económicos, políticos y militar muy influyentes, hasta de algunos sectores sociales de la clase media, quienes impulsan la destrucción y liquidación violenta de movimientos alternativos tanto políticos como sociales. El paramilitarismo es una estructura militar que pretende legitimar políticamente abominable estrategia criminal.
Estos círculos de poder han emprendido un proceso paralelo, proponiendo una llamada "solución pragmática" donde se prevé y se persigue la participación de los paramilitares en las negociaciones de Paz. El Estado mismo ha pretendido presentar al paramilitarismo como un "tercer actor independiente" gracias a los medios masivos de comunicación., ocultando sus responsabilidades por acción y omisión en el desarrollo de este fenómeno.
Existe una fuerte presión sobre los Estados, las instituciones internacionales y las ONGs internacionales, para que acepten los paramilitares como "tercer actor" y por ende su participación en un proceso de paz.
Algunos sectores, instituciones internacionales, analistas políticos y expertos en mediación de conflictos se inclinan a aceptar el paramilitarismo como un "tercer actor independiente", aduciendo razones humanitarias y que esto supuestamente ayudaría a una distensión de la situación y frenar la barbarie paramilitar.
Muchas veces se mezclan dos conceptos diferentes: el concepto de "Regulación y Humanización del conflicto interno", que apunta a humanizar la guerra y a comprometer a las partes contendientes dentro del conflicto a respetar el Derecho Internacional Humanitario, de obligatorio cumplimiento para cualquier actor armado, sin que esto signifique un reconocimiento político, y el concepto de "Negociaciones de Paz", espacio y proceso para negociar y concertar reformas estructurales, políticas, económicas, entre enfrentados conceptos de Estado.
Todo esto nos lleva con urgencia a plantear muy breve, pero coherentemente nuestra posición frente al paramilitarismo en Colombia.
Las tesis centrales El paramilitarismo en Colombia tiene un larga historia. Las clases pudientes para perpetuarse en el poder político y económico han recurrido sistemáticamente a métodos ilegales y violentos siempre, cuando los métodos legales no alcanzaron para defender, extender y mantener sus privilegios. Así, la adquisición de extensos territorios ha sido en gran medida en forma violenta y los terratenientes han empleado mercenarios para lograr sus fines muchas veces camuflando sus verdaderos intereses detrás de justificaciones ideológicas y sabiéndose amparados por las estructuras estatales y sus medios. Además, está comprobado, el paramilitarismo fue una directriz del gobierno de los EE.UU. desde los años sesenta, para desarrollar estas décadas la guerra sucia contra la oposición y los sectores calificados de enemigos internos.
El señalamiento y denuncia de militares comprometidos en la violación de los DD.HH. a finales de la década del 70 principios del 80 implicó fuertes críticas al gobierno y posibles sanciones internacionales, lo que llevó al Estado a fortalecer el paramilitarismo como "un grupo al margen de la ley" continuando así su política de terror y de paso, intentando limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas.
También hoy en día el paramilitarismo constituye un instrumento para asegurar, ampliar y defender viejos intereses, y conquistar y mantener nuevos privilegios para la clase dominante: control sobre regiones con recursos naturales y alta biodiversidad; regiones estratégicas; tierras fértiles, aptas para la agroindustria; regiones con potencial para grandes proyectos de infraestructura, etc. También hoy el paramilitarismo justifica su avance ideológicamente con la lucha antisubversiva, anti- insurgente, la defensa de los valores tradicionales y de la institucionalidad estatal. El paramilitarismo reconoce emplear la violencia para esta finalidad, y estar además financiado y al servicio del narcotráfico.
Teniendo en cuenta esta situación se concluye que el paramilitarismo es una velada política de Estado, presente desde mucho tiempo y que ha sido empleada por los círculos mayoritarios de poder – o recibido de ellos su visto bueno, signos claros de tolerancia y la garantía de la impunidad-, cuando los recursos legales para defender y extender los privilegios no han bastado. En estos momento el Estado ha aceptado, promovido, alentado y protegido fuerzas paraestatales que operan fuera del marco legal, que recurren a la violencia salvaje, contra indefensos, sin interrupción de esa línea creciente para conseguir sus fines. Es decir, el Estado ha aceptado, empleado, fomentado y creado recursos ilegales, no previstos en ningún Estado de Derecho, y así ha recurrido a métodos de Terrorismo de Estado.
Esta política se hace evidente tanto en decretos y leyes, pero mucho más en la omisión y la acción articuladas de hecho, en estructuras permanentes y en declaraciones de poderosas organizaciones paramilitares creadas con la activa participación de altos oficiales en servicio activo, de reconocidos políticos.
Conclusión El Estado recurrió y recurre a un modelo de represión parainstitucional para realizar acciones criminales, operaciones encubiertas, defender de esta manera el status quo, para mantener la apariencia de un Estado de Derecho ( esto más que todo hacia fuera), como para combatir movimientos políticos de oposición, sociales y alternativos de base.
Creó un supuesto "independiente y autónomo tercer actor", que le hace el trabajo sucio -es decir crímenes que no son justificables en un Estado de Derecho -para así no comprometer las estructuras estatales como tales.
La estrategia paramilitar es una estrategia sistemática, premeditada y decidida que cuenta con una doctrina explícita, una sólida base, con el apoyo, la ayuda y la colaboración en las Fuerzas Armadas, los servicios secretos del Estado, influyentes y poderosos círculos de poder local, regional y nacional, empresarios, terratenientes y narcotraficantes. Instituciones estatales y los diferentes gobiernos han amparado este modelo de represión, garantizado la impunidad de los crímenes y desarrollado un discurso justificador. El Estado en su totalidad es por eso responsable por la creación, la formación, el apoyo, la protección y la tolerancia de las estructuras paramilitares. El paramilitarismo es su obra, su creación, por lo cual el Estado tiene que asumir su responsabilidad. El paramilitarismo no es un adversario del Estado, sino que persigue los fines de él con métodos violentos fuera de la ley nacional e internacional. Hay que reconocer que siempre había y hay en las instituciones del Estado, como también en una parte del Establecimiento, voces disidentes -muchas veces aisladas -las cuales planteaban su inconformidad con este procedimiento.
La colaboración entre las Fuerzas Armadas, círculos de poder, terratenientes, empresarios, narcotraficantes, círculos de las finanzas e instituciones estatales con las organizaciones paramilitares está amplia y fehacientemente documentada. Miles de testimonios de víctimas y familiares de víctimas no dejan ninguna duda sobre la existencia de múltiples, diversas y sistemáticas formas de coordinación y encubrimiento.
Humanización del conflicto, transgresión paramilitar y Proceso de Paz La humanización de la guerra en Colombia es urgente. Es de vital y urgente importancia lograr que los actores armados -reales y existentes -se comprometan a respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario. Es urgente proteger la población civil del conflicto y garantizarle unas normas mínimas para garantizar el derecho a la vida.
Acudir a un medio de ocultamiento de la responsabilidad, dando órdenes de exterminio y comprometiendo forzadamente la población civil, es, por definición, una infracción al derecho humanitario. Esto es el paramilitarismo, más que como "actor", una estrategia perversa de una parte contendiente.
Luego no puede admitirse una regulación de una estrategia que por definición es de transgresión sistemática del derecho humanitario.
Sin embargo, hay instituciones que por su mandato tienen la posibilidad y también la experiencia para trabajar en esta área de los contactos para "salvar vidas", por ejemplo el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR, y hacer menos dura la guerra para la población, protegiéndola )0 máximo posible de los efectos de la guerra.
Algo muy distinto son las "Negociaciones de Paz", que se hacen entre dos fuerzas enfrentadas con diferentes conceptos de Estado. En el caso colombiano es obvio que tendrán que participar en las Negociaciones de Paz la insurgencia por un lado y el gobierno -en representación de la clase dominante -por otro lado. Pero además, siendo los movimientos populares, las organizaciones sociales y sindicales los más afectados - por la guerra, tendrán que tener su propia voz en las Negociaciones de paz. Es decir, la sociedad civil excluida, estigmatizada, victimizada y reprimida, debe formar parte integral de las Negociaciones de Paz.
Los paramilitares no podrán formar parte en las Negociaciones de Paz, ya que por medios violentos en contravía del más elemental derecho, buscan perpetuar y mejorar a su favor el status quo, defendiendo como mercenarios los intereses de la clase dominante. Los nexos entre la clase dominante y las estructuras paramilitares,. y la identidad de los intereses de unos y otros, son ampliamente documentados y conocidos. Los paramilitares, simples ejecutores de una guerra sucia, son además representados en las Negociaciones de Paz por las cabezas titulares de la clase dominante, en el Estado y el Establecimiento, quienes y donde han determinado por acción y omisión tal tipo de guerra y los Intereses a los que sirve el paramilitarismo que financian y encubren.
Por qué los paramilitares no pueden formar parte en Negociaciones de Paz Exponemos algunos argumentos de por qué los paramilitares no podrán formar parte de las Negociaciones de Paz, y por qué rechazamos el reconocimiento del paramilitarismo como "tercer actor independiente" concediéndole así un status político favoreciendo así al Estado que se ve entonces libre de responsabilidad. Aceptarlo como tal, nos llevaría a la pregunta crucial:
con quién hablar? sobre qué? para qué fin? y con qué precio? La estrategia paramilitar visto como un todo y considerando sus beneficios económicos y políticos para las elites locales, regionales y nacionales, así como para capitales internacionales y nos demuestra una responsabilidad que va mucho más allá de las cabezas visibles de las organizaciones armadas paramilitares y sus comandantes. Estos solamente tienen una importancia pasajera, también pueden ser reemplazados, sacrificados o silenciados si las circunstancias lo exigen.
Además, el paramilitarismo no se deja reducir a una cabeza. Si se negociara con una cabeza, surgirían muchas otras, exigiendo el mismo derecho (jefes de bandas de sicarios que se le han articulado, narcotraficantes). Tenemos ya un impasse importante: si hay que negociar, entonces se tendría que negociar con los verdaderos centros de decisión de la estrategia paramilitar. Pero como será posible esto, ya que mantener estos centros en absoluto secreto, su ocultamiento y encubrimiento, es la esencia misma de la estrategia paramilitar? Si por razones pragmáticas éticamente cuestionables, se tuviera que negociar con jefes paramilitares a pesar de sus reconocidos crímenes de lesa humanidad, esto también significaría dejar en la oscuridad y en la total impunidad los que apoyan, financian y justifican sus acciones:
oficiales de las Fuerzas Armadas, políticos, empresarios, terratenientes y narcotraficantes. Ellos se podrían mantener en la oscuridad a pesar de los miles de indicios y pruebas de sus relaciones con el paramilitarismo. Esto significaría además pasar por alto miles de testimonios de víctimas y testigos directos, así como indicios e investigaciones de defensores de derechos humanos, a los cuales testimoniar o investigar los nexos paramilitares les ha costado la vida: Josué Giraldo, Jesús María Valle, Eduardo Umaña Mendoza e incontables otros más, unos también refugiados en el exilio.
Aceptar un diálogo con los comandantes paramilitares bajo la premisa del "tercer actor", para supuestamente recuperar la institucionalidad estatal, significaría absolver el Estado como tal de su responsabilidad por acción y omisión, y dejar a salvo a los intereses gestores de la guerra sucia para volver a acudir al paramilitarismo cuando lo necesiten; sería exonerar del genocidio a estructuras estatales, las cuales lo crearon, a los círculos de poder, de los cuales depende, dejando incólume esta vía para ser otra vez usada. No solamente significa suspender el Estado de Derecho -dado que desde su óptica formal los paramilitares son ---~--- c actores criminales -sino también la ley internacional de los derechos humanos: se desconocería la responsabilidad del Estado de vigilar y defender los derechos humanos y se estaría convalidando el mercenarismo y el terrorismo, repudiados en el derecho internacional, como medios de barbarie e impunidad.
Significaría aceptar la fragmentación y atomización funcional de las responsabilidades y por ende la absolución del poder político formal, aceptando como un hecho su alegada limitación, su falsa incapacidad y su artificiosa imposibilidad de combatirle. Esto llevaría a una peligrosa privatización de la violencia. Aceptar el paramilitarismo como interlocutor, supone darle piso político en el futuro y así promover y proporcionar un instrumento muy eficaz a los círculos de poder para defender sus privilegios por medios violentos e ilegales.
Conllevaría a dar una visión política a sus barbaridades y sus crímenes de lesa humanidad (masacres, desapariciones, torturas, genocidio) motivados por intereses egoístas y económicos de un modelo excluyente.
Disociar a los paramilitares del Estado y las clases pudientes, es disociar contra toda evidencia, los resultados de esa violencia que ha expulsado a cientos de miles de humildes familias campesinas y eliminado a sindicatos y organizaciones reivindicativas, para que no protestaran por sus condiciones de miseria y opresión.
La propia dinámica ha impuesto hasta ahora la fuerza de una razón tan básica que el propio Gobierno ha tenido que separar lo que es la insurgencia y su lucha, de lo que representan los paramilitares, para hacer viable una aproximación hacia un proceso de paz. Un tal reconocimiento, que atentaría en todo caso contra ese proceso y serviría a la impunidad, solamente podría venir del Gobierno mismo y nunca desde afuera. Mucho menos de institución alguna cuya misión sea la defensa de los derechos humanos y la justicia. No pueden ser tampoco otros Estados basados en el Derecho, ni organizaciones internacionales.
Declarar como imposible perseguir y disolver las estructuras paramilitares -una opción que hasta hoy nunca ha sido ensayada de verdad, pues nunca se han puesto en marcha los medios de combate apropiados- no es la tarea de otros Estados ni de organizaciones internacionales.
Declarar al Estado colombiano como incapaz de cumplir sus responsabilidades internacionales tiene muy graves consecuencias. Al contrario, hay que exigirle enérgicamente el cumplimiento de sus obligaciones y ayudarle en esta tarea a través del monitoreo in situ y otras formas, muy urgentes por la fragilidad y necesidad de mediación en el proceso de paz. Si no acepta este apoyo -así como no implementa las recomendaciones de la ONU ni de organizaciones internacionales de derechos humanos a pesar de poder contar con la ayuda de una oficina permanente de Naciones Unidas -, se debería preguntar: por qué se da este comportamiento?; por qué acepta fiscalización en la lucha contra las drogas, por ejemplo, y no contra el paramilitarismo? centros de decisión de la estrategia paramilitar. Pero como será posible esto, ya que mantener estos centros en absoluto secreto, su ocultamiento y encubrimiento, es la esencia misma de la estrategia paramilitar? Si por razones pragmáticas éticamente cuestionables, se tuviera que negociar con jefes paramilitares a pesar de sus reconocidos crímenes de lesa humanidad~ esto también significaría dejar en la oscuridad y en la total impunidad los que apoyan, financian y justifican sus acciones:
oficiales de las Fuerzas Armadas, políticos, empresarios, terratenientes y narcotraficantes. Ellos se podrían mantener en la oscuridad a pesar de los miles de indicios y pruebas de sus relaciones con el paramilitarismo. Esto significaría además pasar por alto miles de testimonios de víctimas y testigos directos, así como indicios e investigaciones de defensores de derechos humanos, a los cuales testimoniar o investigar los nexos paramilitares les ha costado la vida: Josué Giraldo, Jesus María Valle, Eduardo Umaña Mendoza e incontables otros más, unos también refugiados en el exilio.
Aceptar un diálogo con los comandantes paramilitares bajo la premisa del "tercer actor", para supuestamente recuperar la institucionalidad estatal, significaría absolver el Estado como tal de su responsabilidad por acción y omisión, y dejar a salvo a los intereses gestores de la guerra sucia para volver a acudir al paramilitarismo cuando lo necesiten; sería exonerar del genocidio a estructuras estatales, las cuales lo crearon, a los círculos de poder, de los cuales depende, dejando incólume esta vía para ser otra vez usada. No solamente significa suspender el Estado de Derecho -dado que desde su óptica formal los paramilitares son actores criminales -sino también la ley internacional de los derechos humanos: se desconocería la responsabilidad del Estado de vigilar y defender los derechos humanos y se estaría convalidando prácticas el mercenarismo y el terrorismo, repudiados en el derecho internacional, como medios de barbarie e impunidad.
Significaría aceptar la fragmentación y atomización funcional de las responsabilidades y por ende la absolución del poder político formal, aceptando como un hecho su alegada limitación, su falsa incapacidad y su artificiosa imposibilidad de combatirle. Esto llevaría a una peligrosa privatización de la violencia. Aceptar el paramilitarismo como interlocutor, supone darle piso político en el futuro y así promover y proporcionar un instrumento muy eficaz a los círculos de poder para defender sus privilegios por medios violentos e ilegales.
Conllevaría a dar una visión política a sus barbaridades y sus crímenes de lesa humanidad (masacres, desapariciones, torturas, genocidio) motivados por intereses egoístas y económicos de un modelo excluyente.
Disociar a los paramilitares del Estado y las clases pudientes, es disociar contra toda evidencia, los resultados de esa violencia que ha expulsado a cientos de miles de humildes familias campesinas y eliminado a sindicatos y organizaciones reivindicativas, para que no protestaran por sus condiciones de miseria y opresión.
La propia dinámica ha impuesto hasta ahora la fuerza de una razón tan básica que el propio Gobierno ha tenido que separar lo que es la insurgencia y su lucha, de lo que representan los paramilitares, para hacer viable una aproximación hacia un proceso El discurso oficial de la impunidad, de estar en medio de "dos fuegos" -uno de la insurgencia y otro de los paramilitares -cobraría fuerza aceptando a los paramilitares como otro actor en la mesa de negociaciones y pondría al Estado en una débil e inocua posición de "mediador entre dos fuerzas enfrentadas", una situación que no tiene nada que ver con la realidad.
Repetidamente jefes paramilitares han afirmado que su lucha es por "restituir el Estado y recuperarle zonas para su dominio". Es claro y está plenamente demostrado que hay una coordinación y connivencia entre las acciones del ejército y de los paramilitares. Poniéndose el Estado en una posición de mediador, lograría definitivamente esconder y ocultar su responsabilidad por la creación de toda una estructura de Terrorismo de Estado y sellar la impunidad, lo que precisamente gran parte del mundo hoy repudia porque es consciente de que una paz duradera no se construye olvidando los crímenes, más si los responsables siguen en sus puestos, con sus privilegios y fueros, y no son juzgados.
Vista también la complejidad de los Procesos de Paz, vale señalar que el reconocimiento del pararnilitarismo y la exoneración del Estado, impacta negativa y decisivamente en ]as posibi]idades de una so]ución política negociada con ]a insurgencia. Esta ha exigido c]ara y reiteradamente ]a persecución y disolución de las organizaciones paramilitares. Las condiciones de un proceso de paz no pueden ser concesión de] paramilitarismo, ni e] proceso mismo quedar como su rehén, dentro de un pervertido juego entre una declaración de incapacidad del Estado y la declaración de prepotencia de su estrategia paramilitar, burlando sus obligaciones y las expectativas de una paz con justicia. Además, teniendo en cuenta que detrás de esa estrategia paramilitar hay claros intereses económicos excluyentes, se haría aún más dificil la solución de problemas sociales, exigencia central de la agenda de negociaciones de la insurgencia.
El paramilitarismo convoca discursiva y articuladamente en la perspectiva de una intervención militar directa, en la línea de agudización de la crisis colombiana y su internacionalización, alegando la inviabilidad de una solución racional entre las partes contendientes, contribuyendo a una desestabilización al mejor postor, a cambio de impunidad y la detentación de poder económico.
La disolución de los grupos paramilitares no puede ser vista como una concesión a la insurgencia, ni puede ser condicionada a exigencias frente a ésta, sino que es una exigencia al Estado dentro del marco de su responsabilidad de velar y defender los derechos humanos, so pena de una mayor ilegitimidad, pues no puede demandar reconocimiento a su criminalidad, sino cumplir las obligaciones internas e internacionales. Además el paramilitarismo no ataca directamente a la insurgencia, sino que pasa por encima de la población mediante su exterminio como forma de acrecentar un dominio rentable para el Estado y los proyectos del modelo económico y el narcotráfico.
Un dialogo con los paramilitares aceptándolos como un "tercer actor", es un diálogo que se basa en una mentira, en el ocultamiento de la verdad histórica, en la garantía de la impunidad, en el silencio, en la impotencia y la injusticia frente a miles y miles de víctimas. Significaría una derrota moral definitiva para nosotros, y un golpe contundente para las víctimas, negándoles por siempre su derecho a la verdad, a la sanción de los victimarios ya ~a reparación integral. Significaría condenarles una vez más al silencio, a seguir viviendo con las sombras y heridas del pasado, haciendo imposible una verdadera reconciliación, la cual solamente es probable reconociendo la verdad, nombrando y sancionando los victimarios materiales e intelectuales y reparando el daño causado tanto moral y éticamente, como también política y económicamente.
Por todo esto concluimos:
Es un deber y un compromiso del Estado -representado por el Gobierno - desmantelar la estrategia paramilitar, perseguir a sus promotores, ejecutores y encubridores, depurar las responsabilidades y promover el enjuiciamiento de los responsables.
Esto es indispensable si se quiere reconstruir la verdad, la justicia y la reparación, un orden democrático y un Estado de Derecho. Es no solamente una exigencia frente a los inalienables Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, sino también una obligación básica frente a las incontables víctimas.
El paramilitarismo debe ser denunciado por lo que ha sido históricamente y es hoy día; lo que implica diariamente en realidad: masacres, desplazamiento forzado, tortura, amenaza, exilio, estigmatización, aniquilamiento, la negación de todos loS derechos civiles y políticos, calumnia, tergiversación, mentira, sevicia y crueldad; y lo que implica a futuro: chantaje e impunidad. Silenciarse frente a los crímenes en nada ayuda a la Paz. Una verdadera Paz nunca se puede construir sobre la mentira, conservando los mecanismos del crimen y de la impunidad.
La disolución de las organizaciones paramilitares y el corte de todos los nexos entre ellas y el Estado es un deber indispensable para que éste pueda recuperar su institucionalidad. No puede seguir tolerando que organizaciones armadas, basándose en crímenes de lesa humanidad y en el terror, actúen en su nombre.
Los derechos de las víctimas y de sus organizaciones a la verdad, la justicia y la reparación deben ser reconocidos y exigidos como principios fundamentales no negociables. Reafirmamos, lo que muchas ONG, personalidades y políticos en la comunidad internacional han expresado en el "Manifiesto por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia": "el perdón solo podrá venir de las víctimas y nunca de los victimarios. El perdón no se decreta. La capacidad de perdonar es inherente a la víctima y está relacionada con la necesidad de saber la verdad y ver realizada la justicia. Solo así el pasado será pasado aunque nunca olvido".
La guerra sucia ha impuesto contactos eventuales con las organizaciones paramilitares por razones humanitarias. Existen instituciones que tienen el mandato de realizar esos contactos, sin que esto signifique de algún modo un reconocimiento político, por ejemplo el CICR o la Defensoría del Pueblo. Tal situación forzosa debe tener la finalidad de salvar la población civil de los efectos de la guerra, en el marco de la necesidad de que se respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario. Hay una presión fuerte de las organizaciones paramilitares para "concertar" con ellas la ayuda social o cualquier trabajo con la población civil. Cualquier "concertación" con un actor criminal hace vulnerable y chantajeable a la contraparte legal. Dentro del mundo de la ilegalidad y el crimen no se puede apelar a la justicia; el más fuerte la impondrá a su manera. Rechazamos por esto cualquier "concertación" con tales grupos armados y esa estrategia, y exigimos de ellos respetar la autonomía de las ONG de derechos humanos, humanitarias y de cooperación, así como los comités locales o regionales. La comunidad internacional, las ONG internacionales, las instancias intergubernamentales, los Estados, tienen que exigir del Estado colombiano el incondicional y absoluto respeto de los Derechos Humanos, el acatamiento estricto al Derecho Internacional Humanitario ya todos los convenios internacionales suscritos por el Estado de Colombia y no más dilaciones para que se cumplan las responsabilidades de un Estado de Derecho que reclama reconocimiento. Dentro de estas obligaciones cabe como prioridad indiscutible el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares y la sanción de los responsables materiales e intelectuales. Sólo así hay condiciones de posibilidad para la reconstrucción del país y andar los caminos de la paz con justicia social.
La disolución de estos grupos y el castigo de sus responsables es un requisito básico para el avance de cualquier proceso. El Estado colombiano debe dar pasos decididos para su desmantelamiento ya el paramilitarismo con su accionar criminal amenaza seriamente cualquier solución política negociada del conflicto y se convierte en el mayor obstáculo para el logro de una Colombia con justicia, libertad y en paz.