Latinoamérica

Gregory Wilpert
ZNet
Tras tres audiencias efectuadas durante las pasadas dos semanas, la Corte Suprema de Venezuela ha sentenciado que no admitirá la moción del fiscal general para enjuiciar a los cuatro altos oficiales militares, acusados de rebelión militar, en el intento de golpe de Estado del 11 de abril en contra del gobierno del Presidente Hugo Chávez. En efecto, por una ligera mayoría de 11 votos a 9, los jueces han desestimado los cargos en contra de los oficiales, con el argumento de no encontrar suficientes pruebas conducentes a un juicio viable. La decisión ha provocado una avalancha de acusaciones, de recriminaciones y de batallas callejeras entre la oposición, la guardia nacional y los partidarios del gobierno.
Los partidarios del Presidente Chávez, a la par de lo que han declarado la mayoría de los observadores internacionales, encuentran bastante desconcertante la perspectiva de que la Corte no halle suficiente evidencia de una rebelión militar. En otras palabras, en la noche del 11 de abril, estos oficiales fueron vistos en la televisión, leyendo unas declaraciones de cómo ellos no reconocerían, por más tiempo, la autoridad del Presidente. ¿Cuánta más evidencia de rebelión militar se necesita? No sólo eso, un considerable número de ministros y de otras personas, presentes en el palacio presidencial durante el golpe, han informado que los oficiales habían amenazado con bombardear, si el presidente y sus ministros no abandonaban el palacio en un lapso de 10 minutos. Finalmente, el régimen golpista había disuelto la Corte Suprema.
Resulta bastante difícil comprender que nadie fue encontrado responsable de estos actos ó que todos ellos tenían una justificación legal, como clama la defensa.
No obstante, los oficiales y la oposición han argumentado que debido a que no utilizaron armas durante el "supuesto" golpe (con excepción de la policía) y debido a que ellos se oponían a la decisión de Chávez de movilizar a los militares con el fin de evitar un mayor baño de sangre, su acto no constituye una rebelión militar, sino, más bien, un ejercicio de su legítimo derecho a oponerse a un régimen que estaba violando la Constitución venezolana. Temprano, el día 11 de abril, el Presidente sí habría ordenado la movilización de las tropas para, de acuerdo a lo que él mismo afirma, evitar que la marcha de la oposición chocará con los manifestantes en pro del gobierno. Los policías, como participantes activos de la marcha opositora, aunque claramente podían hacerlo, no pararían la marcha. Además, Chávez, también, ha dicho que él supo, tempranamente ese día, que había un golpe en progreso y que, aparentemente, él tenía la esperanza de quitarle el mando de las tropas a los generales y asumirlo él mismo mediante la colocación de las tropas en la calle. De esta manera, evitaría que los generales utilizaran las tropas en contra suya. Chávez siempre ha estado bastante seguro que los oficiales de menor rango están de su lado.
Tan difícil como nos resulte creerlo, la oposición venezolana todavía alega, reiteradamente, que lo del 11 de abril no fue un golpe. Lo que sucedió fue, más precisamente, que el Presidente renunció voluntariamente y que ello provocó "un vacío de poder", hecho por el cual los militares apelaron a la "sociedad civil" para llenarlo, mediante la designación de Pedro Carmona como Presidente. La clase de autoridad mediante la cual los militares ó la "sociedad civil" (es decir, la oposición) designaron a Carmona es dejada a nuestra imaginación (él terminó juramentándose a sí mismo en el poder ). Adicionalmente, esta noticia de primera plana ignora convenientemente el hecho que la Constitución venezolana prevé la sucesión en el poder, a través del Vice- Presidente y del Presidente de la Asamblea Nacional Legislativa.
Debería resultar obvio que las consecuencias de aceptar los argumentos de la oposición y de no tratar de procesar a los militares responsables del golpe ante una corte legal debilitarían, considerablemente, a la democracia venezolana, debido a que así se le otorga una licencia gratuita a los militares para que se opongan a Chávez, de la manera en que lo quieran. Entonces, ¿por qué una Corte Suprema, designada por Chávez y sus seguidores, sentenciaría en contra del gobierno, a favor de los que conspiraron el golpe? Las razones son complejas y, casi seguramente, tienen que ver con el hecho que los miembros de la Corte Suprema fueron, en su mayoría, nominados por Luis Miquilena, ex-Ministro del Interior y Justicia. Miquilena, quien es considerado como un "moderado" con aspiraciones presidenciales propias, abandonó el gobierno en otoño pasado y, recientemente, ha formado su propio partido: "Solidaridad", junto a varios de sus seguidores quienes rompieron la coalición con Chávez en la Asamblea Nacional.
Muchos sospechan que Miquilena estuvo involucrado en el intento de golpe y, según rumores que circularon antes del golpe, en el caso de uno se le designaría como Presidente. Como es bastante común en la cultura venezolana, la lealtad personal importa mucho y esto le otorga a Miquilena una gran ascendencia sobre los miembros de la Corte Suprema. William Lara, Presidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido de Chávez, previamente a la decisión de la Corte de no admitir los cargos, declaró que: "Luis Miquilena, junto a los líderes de Acción Democrática (el antiguo partido de gobierno) está ejerciendo una presión sobre los jueces de la Corte Suprema, de modo que éstos arriben a una decisión contraria a lo que dicta la ley y a favor de los oficiales acusados." Aunque no ayuda mucho el hecho que Chávez, en su programa de radio y televisión, fue mucho más lejos aún que Lara, y afirmó poseer "una posible evidencia de que los jueces están siendo manipulados, desde el exterior por parte de gente con mucho dinero." Luego, prosiguió a realizar una comparación con un juego de béisbol, su imagen favorita, donde un umpire quien ejecuta sistemáticamente malas decisiones debería ser expulsado del juego. Al día siguiente, los principales diarios exhibían titulares señalando que Chávez estaba amenazando la independencia de la Corte Suprema. Aún cuando los reclamos de Chávez fuesen verdaderos, el hacer tal anuncio públicamente fue una movida tonta. Ha salido, a la luz pública, algo de la evidencia mencionada por Chávez, ello parece demostrar un esfuerzo de manipulación, por parte de la oposición, en la forma de la grabación de una llamada telefónica, entre un líder de Acción Democrática y un socio de Luis Miquilena, donde se plantea la necesidad de ejercer presión sobre los jueces de la Corte Suprema.
Deteriorando, aún más, el sentido de la institucionalidad y el orden público, encontramos una serie de confrontaciones entre la policía y aquellos quienes protestan, frente a la Corte Suprema, en contra de la negativa de la Corte de someter a juicio a los conspiradores militares del golpe.
La policía municipal, controlada por un alcalde que pertenece a la oposición, ha tomado severas medidas en contra de los manifestantes, mediante el uso regular de gas lacrimógeno a fin de dispersarlos y de disparos, con munición real, hiriendo hasta ahora, por lo menos, a ocho manifestantes. Sin embargo, algunos manifestantes también han disparado y varios oficiales de policía han sido heridos. Adicionalmente, un nuevo grupo paramilitar urbano ha anunciado su presencia, en defensa del gobierno de Chávez y ha aceptado la responsabilidad de tender una emboscada, con armas de alto calibre, a una patrulla de la policía cuando se hallaba persiguiendo a los manifestantes, dentro de una localidad profundamente afecta a Chávez. Chávez ha rechazado, por su parte, el apoyo de este nuevo grupo, aunque la oposición ha utilizado este incidente como una prueba más de la destructividad de la "Revolución Bolivariana" de Chávez.
El nuevo grupo paramilitar, de tendencia izquierdista, que se autodenomina los "Carapaica", en honor a un líder indígena del siglo XVI, le ha dado a la oposición otra razón para convocar a los militares a "cumplir con su deber y desarmar a grupos como los Carapaica" ( así lo expresó el Alcalde Mayor, Alfredo Peña ). Todo esto no es más que un sutil y velado llamado a un nuevo golpe, ya que el único que puede movilizar a los militares para realizar esta tarea es el Presidente, aunque el llamado no estuvo precisamente dirigido a él. Por añadidura, Francisco Arias, un antiguo aliado de Chávez, hasta su fallida campaña presidencial en contra de éste, ha realizado, abiertamente, un llamado a los militares para que intervengan, en caso de que Chávez intente desconocer la sentencia del Tribunal Supremo.
Tal vez lo único que podría haber ayudado a Venezuela a alejarse del abismo de la confrontación permanente, sería una investigación objetiva y altamente respetable de lo que verdaderamente aconteció durante los días 11 al 14 de abril. Poco tiempo después del fallido golpe de Estado, hubo algunos serios esfuerzos por crear una comisión de la verdad para investigar independientemente lo que aconteció. No obstante, no fue posible arribar a un acuerdo en la Asamblea Nacional, con respecto a quienes integrarían dicha comisión, pues ambos sectores sospechaban irremediablemente los unos de los otros. En vez, de la Asamblea Nacional emanaron dos informes relacionados con el golpe—uno, escrito por los partidarios del gobierno y el otro, escrito por la oposición—con dos interpretaciones sumamente divergentes de los eventos acaecidos los días 11 al 14 de abril.
Chávez se enfrenta ahora a un delicado acto de equilibrismo donde los movimientos equivocados, tales como sus acusaciones públicas en contra de la Corte Suprema, podrían conducirle hacia otro golpe, hacia su enjuiciamiento, por parte de una Corte Suprema a favor del golpe ó hacia la renovación de los esfuerzos de la oposición por movilizar a todos los sectores opositores de la sociedad en contra de éste. Los partidarios de Chávez, como el director de su partido político, Guillermo García Ponce, han decidido salir todos a la calle y han lanzado una advertencia que, de ser Chávez enjuiciado, el partido promovería el relanzamiento de una nueva Asamblea Nacional Constituyente para la reforma de todos los poderes políticos en Venezuela.
Mientras los radicales de ambos lados del conflicto político venezolano parecen a punto de lincharse los unos a los otros, uno sólo puede esperar que Chávez y aquellos que le rodean tomen este golpe a la democracia de una manera más calmada. Peor aún que el permitir que un golpe en contra de un régimen democráticamente electo quede impune, resultaría ahora el insistir en desafiar el frágil orden constitucional de Venezuela, mediante la remoción de unos jueces que parecen estar en manos de la oposición. Aunque esto podría parecer intolerable a los Chavistas, es más probable que, a la larga, sea reforzada la cultura democrática en Venezuela, a través de un estricto apego a un proceso judicial y no a través de la justicia de las turbas, como lo reclaman algunos aquí.
Desafortunadamente, este incesante conflicto acerca del golpe, del contra golpe, de las decisiones judiciales y de las acusaciones hiperbólicas ha llevado a los medios y a otros observadores a ignorar, voluntaria o involuntariamente, los logros reales del régimen de Chávez.
Los medios y los distintos observadores nunca mencionan el hecho que, aproximadamente, la mitad de la población venezolana es beneficiaria potencial de una auténtica reforma de la ley de tierras (urbana y rural) que se encuentra en etapa de implementación. Además, no se han mencionado las notables mejoras en los servicios de salud y educación para los pobres. Estos logros serían revertidos, si la oposición accediese al poder, como lo fueron durante el breve régimen golpista de Carmona.
En vez de ello, a la par de las acusaciones diarias no verificadas de la oposición que los medios pregonan a los cuatro vientos con todo su poderío, éstos enfocan su atención en el hecho que la sociedad venezolana sufre los efectos de la devaluación de la moneda y la consecuente alta tasa de inflación y que ambos factores se deben a la fuga de capitales por motivación de tipo político. Se trata de una fuga de capital motivado políticamente debido a que las políticas de Chávez, en esencia, no distan mucho de aquellas de sus predecesores – a excepción, considerablemente, de sus políticas petroleras.
Entretanto que la situación económica es grave y ha contribuido a la recesión y al incremento de la tasa de desempleo, se apunta a la naturaleza no-ganadora de la política en la era de la globalización. Es decir, se trata de un contexto político-económico global en el que las políticas que, intencionalmente, favorecen a los sectores menos adinerados de la sociedad conducen a un deterioro económico, debido a la fuga de capitales nacionales e internacionales y, por consiguiente, a una mayor pobreza. Mientras que aquellas políticas que benefician al sector empresarial, tal como el Neoliberalismo, nos conducen también a una mayor pobreza. Este es el problema que, verdaderamente, debería estar en la Agenda Venezolana, en lugar de los impacientes y anti-democráticos esfuerzos por salir de Chávez –ya que su mandato puede ser revocado por la vía democrática el próximo año.