Insurge

Anncol - Enorme desconcierto desataron las autoridades colombianas al emprender la más impresionante cacería de brujas contra misiones humanitarias de otros países que fueron invitadas por las organizaciones campesinas nacionales con motivo de la jornada de protesta que se celebró el día de ayer, lunes 16 de septiembre. Constituyó la más impresionante demostración popular de inconformidad contra gobernante alguno, transcurridos escasos 40 días desde la posesión del ultraderechista Álvaro Uribe Vélez.
A las 8:35 de la mañana de este martes 17 de septiembre, unidades de la policía secreta del DAS detuvo con fines de extradición, saliendo del hotel donde se alojaban, la Misión de Acompañamiento a la Jornada Campesina que cuatro días atrás había arribado a Popayán, Cauca, distante a 350 kilómetros del sur de Bogotá. Se trata de Jacques Brovekaert, Jam Verike y Mirielle Barletta, todos ellos de origen Belga; así como la traductora colombiana Adriana Borrego, y el fotógrafo chileno del equipo Hugo Tapias, ambos nacionalizados en Bélgica.
Al momento de escribir estas líneas era esperado el traslado al Aeropuerto Internacional Eldorado, de Bogotá, de otros tres de los misioneros que la víspera fueron privados de su libertad, también con fines de extradición hacia España, su país de origen. Ellos son Ana Andrés Ablanedo y Daniel Justo Gutiérrez, pertenecientes a la organización no gubernamental Sodepaz, apresados por el Ejército en jurisdicción del municipio de Chalán, extremo norte colombiano. Mientras tanto, Carlos Daniel Enjuto, de Ospaal, fue detenido por tropas antiguerrilla en cercanías de Ibagué, región andina del centro del país.
Se trata efectivamente de la más impresionante campaña emprendida por un gobierno colombiano contra misiones extranjeras con fines humanitarias. Respuesta, tal vez, de la jornada de protesta social que también deja un saldo de 189 colombianos apresados y cientos de contusos en una veintena refriegas con la fuerza pública. De nada sirvió la inusual intervención de la Organización de Naciones Unidas, ONU, demandando de la administración Uribe Vélez plenas garantías para los manifestantes colombianos.
Dos mil estudiantes provenientes de distintos lugares del país que pretendían machar desde Tunja hacia Bogotá recibieron tratamiento de guerra bajo el amparo de una serie de decretos que fueron dictados los primeros días de septiembre al amparo del Estado de Conmoción Interior, constriñendo de manera preocupante las libertades individuales y colectivas en el país. El pasado viernes 13 del mes en curso, los jóvenes fueron arrinconados con tanques y tanquetas de guerra en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, impidiendo que surcaran los 140 kilómetros que separan esa ciudad de Bogotá. Finalmente fueron obligados a desalojar la comarca boyacense en autobuses prestados por otros claustros, improvisando campamentos en predios de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Según cálculos del Consejo Nacional Campesino, unas 127 toneladas de alimentos que traían consigo los campesinos fueron incineradas por la fuerza pública, generando dramáticos momentos en distintos lugares de Cundinamarca, Tolima, Sucre y Nariño, entre otras regiones. Gruesos grupos de labriegos fueron literalmente disueltos a punta de bayoneta, gases y bolillo, pese a que solo traían consigo unas cuantas pancartas y bolsas con alimentos. No obstante, la titular de la cartera de Defensa, Martha Lucía Ramírez, había satanizado la movilización sindicándola de estar infiltrada por las organizaciones guerrilleras.
Los que sí intervinieron antes y durante la jornada fueron los grupos paramilitares, de extrema derecha En el Nudo de Almaguer, extremo sur de Colombia donde se dividen las tres cordilleras, paramilitares armados hasta los dientes disolvieron distintas marchas campesinas que se habían resistido el amedrentamiento. Ocho días atrás uno de los bloques paramilitares que operan en esa parte del país habían declarado objetivo militar a cuanto labriego se atreviera abandonar su parcela para protestar contra las medidas del gobierno de Álvaro Uribe. No obstante, transcurrida la jornada del 16 el Cauca tiende a convertirse en el foco donde indígenas y campesinos persistirán en el empeño de hacer público su descontento con las medidas del gobierno de turno.
La verdad es que los alcances de la protesta abren posibilidades a la convocatoria de jornadas de mayor envergadura por parte del Comando Nacional Unitario que integran las centrales sindicales, organizaciones campesinas y buena parte de las fuerzas vivas del país. Lo que empezó como una jornada campesino-sindical a raíz del paquete de reformas laboral y pensional promovidas por el gobierno con mensaje de urgencia, podría transformarse en una nueva convocatoria al paro cívico nacional, si se tiene en cuenta el proyecto de reforma tributaria que igualmente fue radicado en el Congreso de la República, mediante el cual el Ejecutivo aspira recaudar cuatro billones de pesos con los cuales sortear parcialmente el déficit fiscal y costear el recrudecimiento de la guerra.
Éste viernes 19 de septiembre ha sido convocado el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales en Bogotá, a fin de evaluar los resultados y la prospección de la movilización. Incluido, por supuesto, el curso que tome la ilegalización de la jornada en sectores como la Aeronáutica Civil y el Poder Judicial, donde controladores y jueces y fiscales lograron impactar la opinión pública.
Está por verse la suerte de un grupo importante de los detenidos que vienen judicializados, así como la de los cooperantes extranjeros que arribaron al país convocados por las organizaciones campesinas. Una docena de observadores internacionales de Vía Campesina, ATC y los Sin Tierra, provenientes de Italia, Francia, Alemania, Suecia, Suiza, Honduras, Nicaragua y Brasil, entre otras naciones, en la práctica fueron obligados a pasar a la clandestinidad por temor a ser deportados como está ocurriendo con los otros siete cooperantes, sin concluir su misión de ayuda humanitaria.
Y no es para menos. Al fin y al cabo, siendo las primeras medidas de excepción que toma el Gobierno después que prácticamente restituyó en el país la declaratoria del Estado de Sitio que por espacio de 40 años imperó en Colombia, se trata de medidas de corte fascista.