Tribunal de Apelaciones definirá cuál es la fiscalía que debe entender sobre el destino de María Claudia García
Contienda de jurisdicción opone al juez Balcaldi con el poeta Gelman
El magistrado envió el expediente al fiscal Enrique Moller que actúa con el juez Mirbal en el paquete de casos de desaparecidos. El abogado de Gelman recusó la decisión y considera que debía actuar la fiscal Mirtha Guianze. Se defiende el fundamento de que la desaparición forzada es delito continuo.

El juez penal José Balcaldi.

A dos meses de que el poeta argentino Juan Gelman presentara una denuncia penal en la que exige saber el destino de su nuera María Claudia García, el sistema jurídico uruguayo se ha enredado en una contienda de competencias y jurisdicciones que no permite avanzar sobre el destino de la causa ni el de la propia joven desaparecida en 1976.
Desde el pasado 19 de julio de 2002, cuando el representante de Gelman, abogado José Luis González, presentó la denuncia ante el Juzgado Letrado Penal de 4º Turno, a cargo del juez José Balcaldi, se ha sucedido una serie de intercambios de escritos que han derivado en la intervención de un Tribunal de Apelaciones.
El diferendo entre el abogado y el magistrado puede determinar sanciones sobre el juez y, eventualmente, que se declare la nulidad de todo lo actuado por el magistrado; a la vez que incide en la resolución doctrinal sobre la condición de delito continuo en los casos de desaparición forzada.

El destino de María Claudia

Marcelo Gelman y su esposa embarazada, María Claudia García, fueron secuestrados en Buenos Aires el 26 de agosto de 1976, y permanecieron detenidos en el centro clandestino de reclusión Automotores Orletti. Allí estuvieron durante todo el mes de setiembre, en el que fue detenido un grupo de uruguayos quienes permanecen hoy en condición de desaparecidos.
María Claudia García fue vista en Orletti el 7 de octubre de aquel año por el argentino José Luis Bertazzo, quien luego de un mes secuestrado en Orletti fue liberado. También el uruguayo Alvaro Nores, quien sobrevivió a Orletti, recuerda haber visto a la mujer argentina embarazada.
El propio Bertazzo señala que días antes de su liberación los militares se llevaron al último grupo de uruguayos, los cuales fueron devueltos a su país, probablemente en el vuelo del avión 511 de TAMU, según un testimonio difundido en el marco de una investigacion de LA REPUBLICA.
El testimonio, que mencionó los nombres de los oficiales de la Fuerza Aérea Uruguaya encargados del traslado clandestino del grupo de civiles encapuchados que arribaron al Aeropuerto de Carrasco en los primeros días de octubre de aquel año, no fue desmentido por uno de los tripulantes de aquel vuelo, el hoy comandante en jefe de la FAU, brigadier general (av.) José Pedro Malaquín, quien en una carta dirigida a LA REPUBLICA rechazó haber cometido crímenes de lesa humanidad y sólo alegó que la información tenía "inexactitudes".
María Claudia García de Gelman también fue trasladada luego a Montevideo y permaneció en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID) hasta dar a luz una niña a principios de noviembre. Su esposo, Marcelo Gelman, apareció junto a otros secuestrados en toneles de hierro que aparecieron en el canal de San Fernando, delta del Tigre, aquel 21 de octubre.
La nieta del poeta Juan Gelman fue recuperada a principios del año 2000 luego de la asunción del presidente Jorge Batlle. Se encontraba en manos de un policía que tenía importantes nexos con autoridades de la administración de Julio María Sanguinetti. El destino de María Claudia García sigue sin develarse, aunque existen versiones de que fue ejecutada en Uruguay y enterrada en un cementerio clandestino.
El destino de la denuncia
El abogado de Juan Gelman presentó la denuncia de la desaparición de su nuera ante el Juzgado Penal de 4º Turno con el fundamento de que los delitos denunciados (privación de libertad, homicidio, sustracción de menores y supresión de estado civil) y las personas responsables de esos crímenes, no están amparados bajo la Ley de Caducidad, que en 1986 amnistió a los militares.
Los denunciantes consideran que los delitos mencionados están desprovistos de toda connotación de carácter político y, en todo caso, corresponden a cuestiones particulares entre integrantes de las fuerzas armadas. Ello, sin perjuicio de que tampoco corresponde la Ley de Caducidad en un delito de carácter permanente como la privación de libertad y supresión de estado civil.
El patrocinante de la denuncia recuerda que María Claudia García no tenía militancia política ni partidaria alguna, ni tampoco afiliación gremial, y subraya que su traslado a Uruguay tuvo como único fin el que terminara de cursar su embarazo para luego quitarle compulsivamente a su hija y entregársela a un ex integrante de las fuerzas conjuntas (hoy fallecido).
Destaca la denuncia que posteriormente, se dio muerte a la nuera de Juan Gelman con la única razón de suprimir las indicios del delito de supresión de estado civil y procurar, de ese modo, la impunidad de sus autores.
Luego de presentada la denuncia, el juez José Balcaldi la remitió al Fiscal Letrado Nacional de 4º Turno, doctor Enrique Moller, a pesar de que la Fiscalía Letrada competente era la de 2º Turno, a cargo de la doctora Mirtha Guianze.
El abogado José Luis González interpuso entonces un recurso de apelación subsidiario de reposición, en el que argumentó que la fiscalía correspondiente era la de Guianze.
Sin embargo, el magistrado de 4º Turno sostuvo que la resolución dictada no era apelable y, en consecuencia, no correspondía pronunciarse sobre el recurso y tampoco conceder el beneficio de la alzada. La causa de María Claudia García de Gelman ingresaba entonces a un destino tan incierto como el que tuvo la víctima del caso denunciado.
El destino de los desaparecidos
El lunes 9 de setiembre, el abogado de Juan Gelman presentó un nuevo "recurso de queja por denegación de apelación", en el que sostiene que contrariamente a los argumentos del juez Balcaldi, la resolución del magistrado sí es apelable y un Tribunal de Apelaciones es el que debe resolver la contienda, según el artículo 226 del Código del Proceso Penal, en un plazo no mayor a quince días.
Desde la interposición de este recurso, el juez Balcaldi deberá elaborar un nuevo informe acerca de los motivos que tuvo para denegar la apelación, y remitir su fundamento al correspondiente Tribunal de Apelaciones dentro de un plazo de tres días que vencieron el pasado viernes.
Si el magistrado no franquea el recurso de queja, puede llegar a ser sancionado por la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de que se declare la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la interposición del recurso.
En caso de que el Tribunal de Apelaciones acoja el recurso, el expediente con la denuncia de Juan Gelman volverá a manos de Balcaldi quien tendrá que explicar los motivos que tuvo para no asumir competencia y enviar su fundamentación a otro Tribunal que será el que dirima la contienda.
Recién entonces se sabrá si la denuncia debe ser instruida por el juez Balcaldi o, el caso tiene que sustanciarse con las demás causas penales, la mayoría vinculadas a violaciones a los derechos humanos, que se encuentran en manos del juez Gustavo Mirabal, en el Juzgado Penal de 2º Turno.
La resolución del Tribunal de Apelaciones adquiere particular implicancia luego de que, esta semana, el fiscal Enrique Moller solicitara al juez Mirabal que remita al Poder Ejecutivo --para que indique si los casos están comprendidos en la Ley de Caducidad-- un paquete de denuncias contra nueve militares uruguayos que, por los delitos de privación de libertad, sustracción y retención de menores y asociación para delinquir, se encuentran en ese juzgado.
Los casos ya se intentaron archivar una vez en el marco de la Ley de Caducidad, pero los denunciantes lograron la reapertura de los expedientes con el fundamento de que la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, ratificada por Uruguay, considera que el delito permanece en el tiempo y continúa hasta la fecha.