20 de septiembre del 2002

Alvaro Vásquez

La violencia como estilo de gobierno. Uribe Vélez le declara la guerra a la insurgencia y a todo el pueblo colombiano. Hace vacíos llamados a la paz en medio de las contradicciones, pero sobre todo de disposiciones para fortalecer el aparato bélico y de medidas represivas al amparo de la Conmoción Interior. Estamos ante un gobierno de rasgos fascistas. No cabe la menor duda. Cerrado a la democracia y por ende a la paz y a la justicia social. Un gobierno orientado hacia los intereses de los EE.UU.
Es propio de la tradición colombiana el autoritarismo del sistema de poder. Asimismo, el ejercicio cotidiano de la violencia como estilo de gobierno. Por eso, los llamados estados de excepción dejaron de serlo para convertirse en la manera "normal" de dirección del Estado.
Pero el gobierno de Uribe Vélez significa un salto en materia de autoritarismo, con todos sus atributos, represión, militarismo, imposición desde arriba. Por su papel como gobierno para la guerra y como el encargo de vencer a la insurgencia, es su esencia el imperio y la insolencia en sus decisiones. Está comprometido con la tesis del gobierno "fuerte", de la mano "dura", tesis que confunde gobernar con imponer sin ninguna clase de limitaciones. No es casual que el primer hecho de poder sea la conmoción interior.
El decreto antiterrorista de la semana pasada es un punto de partida para recortar las libertades, los derechos y garantías ciudadanas, impedir la acción popular y callar la protesta social contra sus medidas antiobreras y antidemocráticas. Su primera expresión es la prohibición de la marcha juvenil y las provocadoras declaraciones oficiales contra la jornada social de esta semana.
Con el conocido cinismo del Establecimiento, la doctrina oficial es la que se titula como "seguridad democrática". Hay incompatibilidad simultánea de seguridad y democracia, puesto que las medidas para asegurar la primera significan la supresión práctica de la segunda. De acuerdo con la versión oficial, peor para la democracia, que debe esperar turno para cuando ya exista la seguridad. Mientras tanto, la medida de las libertades la fijan los militares, ahora convertidos en jueces y partes del conflicto colombiano.
Estamos pues, ante un gobierno visceralmente antidemocrático cuya primera regla es el autoritarismo para lograr la seguridad, que se confunde con la política de guerra a todo trance para derrotar la insurgencia. A esta finalidad se sacrifica todo lo demás.
Aún cuando señalamos la tradición de autoritarismo del sistema y se muestra el conocido ejemplo del estatuto de seguridad de Turbay Ayala, lo cierto es que ahora hay rasgos mucho más graves y preocupantes. Los nuevos fenómenos del Plan Colombia, el 11 de septiembre, la crisis económica y el fracaso de las negociaciones del anterior gobierno, hacen del actual un sistema de poder mucho más basado en la política de fuerza, en la liquidación de los derechos y en la exclusión del pueblo. Y, convierten a la democracia, junto a la defensa de las garantías laborales y a la lucha por la salida política del conflicto armado, en eje central de la acción popular, de la movilización de masas y de la necesaria unidad de todos los que levantan la alternativa de la libertad como el único medioambiente de la paz y el progreso.