Latinoamérica

Samuel Blixen
Brecha

Para impedir un avance en la investigación de los crímenes de la dictadura, el gobierno de Jorge Batlle recurre al método del extravío: el extravío del pedido de informes sobre la desaparición de Elena Quinteros; y el "extravío" de buscar un testimonio que desmienta las revelaciones sobre las ejecuciones masivas de prisioneros trasladados desde Argentina.

¿Qué mejor que María Claudia Iruretagoyena, la nuera del poeta Juan Gelman, haya sido restituida a Argentina, para ser asesinada, después de haber sido trasladada a Uruguay a los solos efectos de robarle el niño que llevaba en el vientre?
¿Qué mejor que los prisioneros uruguayos en Argentina, que permanecen desaparecidos, hayan sido arrojados al mar, desde un avión, en lugar de morir asesinados en alguna prisión clandestina de la zona de Villa Dolores? Las dos hipótesis, manejadas por los integrantes de la Comisión para la Paz, permitirían mantener dos flagrantes mentiras, funcionales al "estado del alma" que pretende instalar el presidente Jorge Batlle: que en Uruguay no hubo ejecuciones de prisioneros y que el terrorismo de Estado en Uruguay sólo cobró una treintena de desaparecidos, víctimas de la impericia de los torturadores.
Ese panorama, que permitiría a la Comisión para la Paz "cerrar la herida abierta" de las violaciones a los derechos humanos, y clausurar el tema pendiente desde la aprobación de la "ley de caducidad" con un mínimo costo para los militares involucrados, se vio radicalmente alterado con las revelaciones de Eduardo Alfredo Ruffo, el agente de la side argentina que operó en 1976 en el centro clandestino Automotores Orletti, bajo las órdenes de Aníbal Gordon. Ruffo, cuya firma luce al pie del documento de alquiler del garaje de la calle Venancio Flores, en el barrio La Floresta, de Buenos Aires, participó en las acciones represivas realizadas por los militares uruguayos que usaron Orletti como base de operaciones y en los interrogatorios a que fueron sometidos los prisioneros uruguayos.
Convertido en vocero de los ex represores argentinos de Orletti, una "mano de obra desocupada" que se mantiene cohesionada, Ruffo recientemente comenzó a filtrar, mediante un curioso mecanismo de intermediarios, información relativa a las andanzas de los militares uruguayos en Argentina. Sus revelaciones, que parecen estar orientadas, en uno de sus objetivos, a desembarazarse de culpas ajenas, aportaron las pistas concretas para la ubicación de la nieta de Juan Gelman, nacida en cautiverio en el Hospital Militar de Montevideo, y de Simón Riquelo, hijo de Sara Méndez.
Los datos que Ruffo aportó a Gelman también permitieron establecer la identidad de aquellos militares uruguayos que trasladaron a su nuera, María Claudia, desde Orletti hasta los calabozos de bulevar Artigas y Palmar, y la de quienes, después de robarle a su hija recién nacida, decidieron su muerte. Los detalles de la investigación particular que desarrolló Juan Gelman a partir de las pistas aportadas por Ruffo están registrados en dos expedientes judiciales, uno radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal número 7, a cargo del juez argentino Jorge Urso, y otro en Uruguay, en el Juzgado Penal de Segundo Turno, a cargo del juez Gustavo Mirabal, donde el poeta argentino solicitó citar como testigo al presidente Jorge Batlle, quien, según confesión al senador Rafel Michelini, sabe quién mató a María Claudia Iruretagoyena de Gelman.
Más recientemente, Ruffo aportó detalles sobre el episodio conocido como "el segundo traslado", que abrió una nueva instancia de investigación sobre el "destino final" de más de una docena de prisioneros uruguayos, todos pertenecientes al Partido por la Victoria del Pueblo (pvp), que fueron vistos por última vez en Orletti, a fines de setiembre de 1976. Una primera tanda de prisioneros del pvp capturados en junio y julio de 1976 fue trasladada a Uruguay a los efectos de presentarlos ante la televisión y la prensa extranjera como guerrilleros detenidos en Uruguay que invadían el territorio para iniciar una "ofensiva militar".
La pretensión de los mandos militares y del entonces canciller Juan Carlos Blanco de impedir que el Congreso de Estados Unidos aprobara la suspensión de la ayuda estadounidense por la continua violación de los derechos humanos, llevó a montar la parodia de la "invasión". Aunque el show para documentar una supuesta agresión guerrillera no alteró la decisión del Congreso estadounidense, la difusión de los nombres de los detenidos aseguró su supervivencia. Esa circunstancia fue explotada por los militares como una "prueba" de que los comandos que operaron en Buenos Aires "rescataron" a los prisioneros uruguayos de manos de los "asesinos argentinos". De hecho, se sugería que los prisioneros de la segunda ola de detenciones registrada en agosto y setiembre de aquel año, todos desaparecidos, habían sido eliminados por los secuaces de Aníbal Gordon.
Para desembarazarse de esas acusaciones, Eduardo Ruffo reveló que hubo un segundo traslado masivo de prisioneros desde Orletti hacia Montevideo y que esos prisioneros fueron ultimados en Uruguay. Esas revelaciones generaron el nerviosismo entre el puñado de militares uruguayos que operaron en Buenos Aires, y descolocó a los miembros de la Comisión para la Paz, que hasta ahora se desentendía de las desapariciones de uruguayos en Argentina. Los indicios de que los prisioneros de Argentina fueron trasladados a Uruguay y ultimados en territorio nacional alteran el esquema sustentado por la comisión, de que las Fuerzas Armadas no desplegaron una políticia de ejecución sistemática de prisioneros. Tal esquema ya hacía agua con el episodio de María Claudia, en el que las pruebas indican no sólo que fue asesinada en Uruguay por uruguayos sino que además fue trasladada clandestinamente a los solos efectos de robarle a su hija.
Dispuestos a acotar las desapariciones a los 30 casos de muertes en tortura que supuestamente serán "aclarados", los miembros de la comisión viajaron a Buenos Aires para "investigar" la veracidad de aquellas novedades puestas en circulación por Ruffo. En las entrevistas que mantuvieron con ex prisioneros de algunos centros clandestinos de detención, con miembros de organismos de derechos humanos, con antropólogos y funcionarios judiciales, los integrantes de la Comisión para la Paz desplegaron un curioso método de trabajo: según algunos militares uruguayos, Eduardo Ruffo miente (y, al parecer, miente para obtener dinero de algunos periodistas, a los que vende información falsa para costear sus necesidades de droga, tal es la versión que manejaron los miembros de la comisión); y para probar la mentira la comisión buscó contacto en Buenos Aires con otros miembros de la antigua banda de Gordon, cuyos testimonios pudieran anular las afirmaciones sobre "el segundo traslado", que Roger Rodríguez consignó en varias crónicas publicadas en La República. La comisión pretendía además confirmar la versión, también de fuentes militares uruguayas, según la cual María Claudia fue regresada a Argentina a comienzos de enero de 1977, después de dar a luz, y que fue allí, a manos de los represores argentinos, que desapareció definitivamente.
En sus dificultades para obtener un testimonio "diferente" de los lugartenientes de Gordon, los integrantes de la comisión comentaron la posibilidad de conectarse con Miguel Ángel Furci, otro agente que operó en Orletti, antiguo amigo de Ruffo y que, según su propia confesión, recibió de manos de José Gavazzo a Mariana Zaffaroni, "al pie de la escalerilla del avión" que trasladaba a los uruguayos hacia Montevideo, entre ellos los padres de la niña, Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas; llegaron incluso a manejar la posibilidad de pedir a Mariana que intercediera ante Furci, el hombre que la secuestró y la crió. Furci podría, a la vez, confirmar la otra hipótesis de la comisión, aquella según la cual si hubo un segundo traslado, los prisioneros uruguayos habrían sido lanzados al mar desde el avión, para lo que es necesario que demuestre que el avión era el único dc3 que permitía abrir una puerta en pleno vuelo. Tales son los esfuerzos que despliega la comisión para superar un "punto muerto" al completar dos años de actuaciones.
Postérguese y olvídese
Si no fuera por el descalabro económico, excluyente de cualquier otro tema, el presidente Jorge Batlle estaría seriamente cuestionado por el doble discurso de su política sobre derechos humanos. Mientras se aguarda un pronunciamiento del magistrado que entiende en la causa de desaparición y asesinato de María Claudia Iruretagoyena de Gelman, causa en la que el propio presidente deberá ser interrogado sobre su conocimiento de la identidad de los responsables, se supo que en algún vericueto burocrático el Poder Ejecutivo ha paralizado, una vez más, el proceso penal contra el excanciller Juan Carlos Blanco, por su responsabilidad en la desaparición de la maestra Elena Quinteros.
La causa había sufrido insólitas "demoras" desde que los senadores del Frente Amplio habían radicado en 1990 una denuncia penal en el juzgado de primer turno, después que el Senado, por mayoría, eximió de responsabilidad al ex canciller, quien en 1976 había aceptado la decisión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) de no entregar a Elena Quinteros al gobierno de Venezuela, decisión que selló su destino. En la primera mitad de la década del noventa la indagatoria no prosperó porque inexplicablemente el entonces juez actuante no lograba encontrar el expediente de la cancillería que probaba la complicidad de Blanco en la desaparición de la maestra.
La jueza María del Rosario Berro, que asumió en 1995 la titularidad del juzgado, tampoco pudo encontrar el expediente durante más de cinco años. Cuando la madre de Elena, Tota Quinteros, interpuso un recurso de amparo, se supo que el expediente siempre había estado en los anaqueles del juzgado. Pero fue necesario presentar otro escrito para que el caso de Juan Carlos Blanco prosperara. En conocimiento de todos los antecedentes y después que el excanciller declarara ante la magistrada, la fiscal solicitó el procesamiento por el delito de coautoría de privación de libertad, delito que se sigue cometiendo día a día en tanto Elena sigue desaparecida.
Enfrentados a la disyuntiva del procesamiento, habida cuenta de que el ex canciller, por no haber sido militar ni policía, no está en condiciones de acogerse a la ley de caducidad, los abogados de Blanco sugirieron la posibilidad de trocar la privación de libertad por complicidad en homicidio, una maniobra que permitiría invocar la prescripción del delito. Suspendiendo un pronunciamiento, la jueza Berro resolvió solicitar a la Comisión para la Paz que remitiera toda la información que tuviera sobre el caso. El 27 de junio partió la comunicación del juzgado, pero como admitieron a una delegación del pit-cnt, hasta el jueves 22 de agosto los miembros de la Comisión para la Paz no habían recibido la solicitud. Se presume que el Poder Ejecutivo incurrió en un nuevo "extravío" para evitar una alteración del statu quo en materia de derechos humanos.