13 de septiembre del 2002

Comunicado del Ejército de Liberación Nacional
Colombia: Narcotráfico-paramilitarismo-corrupción

eln.voces

Desde la segunda mitad de la década de 1980 se hizo mas evidente el peso del negocio de la droga en el corazón económico del país, lo que se hizo evidente con la conformación de la narcoburguesia, con presencia directa en las principales decisiones de la vida nacional.
Colombia se consolidó como un "narcopaís", en el pleno sentido de la palabra. Su economía, su vida social y política quedaron articuladas al negocio de las drogas.
Hoy este es un fenómeno estructural que hace parte de los cimientos de la actividad económica y política nacional. Por eso, en el exterior se alude a Colombia como la "NARCO REPÚBLICA", la narco democracia, la narco economía. Una narco sociedad, que de arriba abajo está penetrada por este fenómeno de manera estructural y determinante.
Poderosos núcleos mafiosos, gracias a sus jugosos capitales y a su vertiginoso proceso de acumulación, presionaron desde mediados de la década de 1980 una recomposición de clase dando lugar a la narco burguesía como parte integrante de las clases dominantes, propietaria de capital en su sentido estricto, así fuese de origen mafioso, y a una nueva clase propietaria de las mejores tierras y grandes extensiones, dando curso a la más criminal contrarreforma agraria.
Durante la década del 1980 los narcotraficantes progresivamente se abrieron paso en los altos círculos pasando en la década de 1990 a ser parte de las clases dominantes, a ser factor clave en la economía y la vida política e incidir de manera determinantes en el Estado y todas sus instituciones.
Los distintos episodios del proceso 8.000 sacaron a la luz publica la injerencia del cartel de Cali en la política, su control del Congreso y sus relaciones con las altas esferas del Estado. Siguen todavía ocultas sus conexiones con la alta oficialidad y la jerarquía eclesiástica. Pero es indudable su relación creciente con las fuerzas armadas, al igual que lo acontecido con el resto de la sociedad y las distintas esferas del poder.
Una de las cartas que los gringos se reservan bajo la manga en su presión a las clases dominantes y el Estado colombianos es, precisamente, sacar a la luz pública las pruebas que tienen sobre la conexión de empresarios, políticos y de varios generales y altos oficiales con los capos del narcotráfico.
En el manejo del problema del narcotráfico se hace evidente una vez más, la doble moral del Gobierno de los EE.UU.. El énfasis en las declaraciones de cada uno de sus funcionarios cuando hablan de combatir el problema se queda en mera palabrería al analizar como se financia la política contra insurgente.
El paramilitarismo, que es la parte determinante de esta estrategias se ha fortalecido con dineros resultantes del negocio de las drogas.
Todos los jefes paramilitares han logrado consolidar en sus feudos emporios de la producción y distribución de Narcóticos solo que como sucediera en otros países es innegable la importancia que tienen en la financiación de la Contra. Los Carteles de la Costa y los Llanos Orientales y capos como los hermanos Castaño y Víctor Carranza actúan y se lucran con la complicidad no solo de las autoridades nacionales sino también de los mismos gringos que los ven como un mal menor.
El ELN reitera su deslinde categórico con este tipo de actividades y manifiesta una vez más la decisión de combatir este negocio teniendo en cuenta que se requiere de un acuerdo global de carácter internacional que tome medidas efectivas de control al consumo y a las mafias que procesan y negocian los narcóticos en los países afectados. No permitiremos la extradición de nacionales colombianos y rechazamos cualquier tipo de imposición o injerencia del Gobierno de los EE.UU.. Para la sustitución de cultivos ilícitos y la erradicación del negocio de la droga se tendrá muy en cuenta la necesidad de elaborar planes de desarrollo que den salidas integrales al problema. Es necesario implementar alternativas económicas que representen soluciones reales al problema, garantizando ingresos sustitutivos a la población