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Pretenden esclarecer las desapariciones forzadas de 168 ciudadanos uruguayos, entre prisioneros y/o refugiados políticos
ESTE LUNES 5 DE AGOSTO, LA ASOCIACION "DÓNDE ESTAN?" DE URUGUAYOS EN GINEBRA PRESENTARÁ EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO EN LA SESION DE LA SUBCOMISION DE DDHH DE NACIONES UNIDAS:
1) El Uruguay, antes llamado la Suiza de América, sufrió la dictadura militar como otros paises del sur de ese continente, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, durante el decenio de los años `70. La militarización del Cono Sur fue implementada para la destrucción y la aniquilación de la oposición política de militantes de izquierda, y llegó hasta el asesinato, la tortura y el robo de niños dados en adopción a militares.
2) En el Uruguay, a dos años de haber sido creada, por decisión presidencial, la llamada Comisión para la Paz que se propuso esclarecer las desapariciones forzadas de 168 ciudadanos uruguayos-entre prisioneros y/o refugiados políticos, todas ocurridas entre 1972 y 1984, antes y durante la dictadura militar- ha defraudado las expectativas de avanzar en el rescate de la verdad histórica y la memoria colectiva.
3) En un régimen de trabajo condicionado por la reserva, sin potestades coercitivas para obligar a los represores a revelar sus secretos, y con el compromiso expreso de no identificar a los eventuales responsables, la Comisión se propuso esclarecer las desapariciones, el destino de los desaparecidos y ubicar los restos para que los familiares pudieran completar el duelo. Expresamente, se excluyó de la labor cualquier tipo de acción judicial que condujera al castigo de los culpables.
4) La Comisión para la Paz ha anunciado, hasta ahora, la solución de 15 casos de desapariciones y presume que podrá aclarar otros 15. Aun no ha podido ubicar los restos de ninguno de los desaparecidos, porque los militares, que en su momento fueron identificados ante la justicia como responsables, se han negado a brindar información, ni siquiera con la garantía del secreto y de la impunidad. La conducta de los militares que ocupan los más altos cargos de mando en las Fuerzas Armadas, no fue recriminada ni por el Presidente en su calidad de Comandante Supremo, ni por el Ministro de Defensa.
5) La postura contradictoria del gobierno -que por un lado instala una Comisión para determinar la verdad y por otro lado respalda el obstruccionismo a esa labor- es considerada como consecuente con la política de impunidad vigente.
6) El respaldo inalterado a los militares y policías violadores de los derechos humanos durante la dictadura, se ha visto últimamente confirmado con las decisiones oficiales respecto de acciones judiciales de magistrados argentinos, que han procesado a militares uruguayos responsables de crímenes cometidos en aquel país, en el marco del Operativo Condor. Operativo que está basado en la doctrina de seguridad del Estado, que preveía acciones conjuntas contra Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay ; como las acciones propuestas en el Plan Colombia, en el Plan Pluebla -Panamá, lo cual significa la continuacion de una estrategia de control de America Latina, se llame o no Condor.
7) El gobierno del Uruguay ha negado a dichos jueces información sobre los militares requeridos en Argentina, también se ha negado a ejecutar los pedidos de detención preventiva contra cuatro oficiales procesados por la justicia de aquel país y cuya extradición está pendiente de resolución.
8) La ley de Caducidad ha conducido al archivo de los expedientes de militares y policias, a pesar de que organismos internacionales, como la Corte Interamericana, han conminado al Estado Uruguayo a investigar y castigar los delitos de lesa humanidad.
9) Existen en la actualidad tres denuncias en tribunales penales: una contra Juan Carlos Blanco, ex-canciller del gobierno cívico-militar de Juan María Bordaberry, por la desaparición de la maestra Elena Quinteros, ocurrida en junio de 1976. El ex-canciller está sometido a proceso porque, en tanto que civil, no está amparado por la ley de Caducidad. Denunciado por varios senadores, después de una investigación parlamentaria sobre su conducta en el caso, el proceso judicial quedó "estancado" durante más de 10 años por la "pérdida de documentación".
10) El segundo caso involucra a tres juzgados que deberán resolver 12 casos de desaparición forzada ocurridos en 1976 en Argentina. Por primera vez, un magistrado aceptó el criterio de que la desaparición forzada es un delito continuado y como tal, no está amparado por la ley de Caducidad en el período que va desde su aprobación en 1986. Hay que exigir que los magistrados retomen las actuaciones en el estado en que fueron archivados los expedientes.
11) El tercer caso, de reciente denuncia, se refiere a la desaparición y asesinato de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman quien, en una investigación independiente, logró demostrar que en octubre de 1976, la joven, de entonces 19 años y embarazada de ocho meses, fue clandestinamente trasladada desde Buenos Aires hasta Montevideo, donde permaneció cautiva en dos centros clandestinos de detención hasta que dio a luz en el Hospital Militar. María Claudia fue asesinada después de que su hija fuera entregada a un alto funcionario policial.
Juan Gelman, cuya investigación le permitió, hace dos años, ubicar a su nieta y restituirle su identidad, sostiene en su denuncia que la ley de Caducidad no ampara a los responsables -que identificó- porque el asesinato de su nuera no tuvo connotaciones políticas, no fue un acto ejecutado en aplicación de una orden superior, sino un delito ordinario de homicidio para encubrir la sustracción de un bebé. Por este caso, ha sido citado como principal testigo, el Presidente de la República Doctor Jorge Batlle.
12) La prosecución de estos casos, supone un salto cualitativo en el rescate de la independencia del Poder Judicial y un avance en la lucha contra la impunidad expresada en una amnistía encubierta a los violadores de derechos humanos mediante una ley que confronta e ignora los convenios internacionales firmados por el Estado uruguayo sobre la tortura, la desaparición forzada y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
13) En el Parlamento uruguayo, la Alta comisionada de la ONU para los DDHH y la Comision para la Paz, Madame Robinson, aseguro que la ley de Caducidad excluye la posibilidad de investigar abusos con respecto a los derechos humanos llevados a cabo en el pasado.
14) El gobierno Uruguayo, acatando las órdenes recibidas por Washigton, presentó una moción de resolución que fué adoptada en la 58ª Comisión de Derechos Humanos, con el pretexto de la violación de los mismos en Cuba. Dicha resolucion sirve de respaldo al bloqueo. La mayoría del pueblo uruguayo, una vez más ha sido traicionado en su profunda amistad con el pueblo cubano. Si se hubiera utilizado la misma ferviente voluntad politica para aclarar los secuestros de niños, asesinatos y crimenes cometidos, antes y durante la dictadura, la impunidad no reinaria en nuestras calles.
Elena Bonavita
Ex-exilada politica y esposa de desaparecido