Latinoamérica

Sean Donahue
Counterpunch
Traducido para Rebelión por Germán Leyens

BOGOTÁ, COLOMBIA. Las calles quedaron extrañamente vacías en Bogotá después del ataque con morteros el día de la ceremonia de transmisión del mando. Soldados, policías, mendigos y vendedores permanecieron en las calles, pero todo el que podía escoger permaneció dentro de las casas. El extraño silencio era marcado por el ruido de los helicópteros del ejército y de los cazas jet de EE.UU. que volaban bajo sobre la ciudad.
Esa tarde, Bogotá parecía una ciudad bajo sitio –y era difícil decir cuál lado era el responsable – las guerrillas izquierdistas con sus ataques de mortero, o el nuevo gobierno con su opresiva demostración de fuerza militar en una capital que se ha ahorrado lo peor de la guerra civil de cuarenta años de este país, pero que amenaza con convertirse en un nuevo campo de batalla al escalar la guerra. El Presidente Alvaro Uribe Vélez hizo campaña con el slogan "Mano Firme, Corazón Grande," Era evidente que la mano firme había agarrado Bogotá, pero no se veía el corazón grande por ninguna parte.
Legalizando la represión.
Esa misma mañana, en Barrancabermeja, una ciudad en la que se refina petróleo en el río Magdalena, al norte de Bogotá, una activista de la Organización Femenina Popular, un grupo valeroso y dedicado de mujeres que trabaja por la paz, el desarrollo sostenible, y los derechos de la mujer en una ciudad que está totalmente bajo el control de paramilitares derechistas, declaró a nuestra delegación de activistas por los derechos humanos de EE.UU., que con la toma del mando por el Presidente Uribe, "Esperamos ver la realización de un modelo totalitario con la bendición de EE.UU."
En los días siguientes, Uribe ha actuado rápidamente para expandir el poder del estado y escalar la guerra contra las guerrillas marxistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las guerrillas han combatido durante cuatro décadas contra el ejército colombiano y los paramilitares ilegales de derecha alineados con el gobierno.
En su primer día en el poder, Uribe anunció un proyecto piloto para reclutar a 600 "informantes civiles" para los militares en el norteño departamento de César. Si ese programa tiene éxito, Uribe espera reclutar a un millón de tales informantes en todo el país.
El programa provoca escalofriantes recuerdos de la red de ciudadanos espías de la policía secreta de Alemania Oriental y del programa TIPS propuesto por el Presidente Bush, que hubiera reclutado a una de cada veinticuatro personas en EE.UU. para que espíen a sus vecinos. (El programa TIPS de EE.UU. fue echado a pique cuando los empleados federales se negaron a participar.)
La realidad del programa de Uribe puede ser aún más aterradora. Declaró a reporteros que no excluiría que se armara a los informantes: "Al principio, (ellos) no tendrán armas porque los matarían para quitarles las armas, pero el ministro de defensa y los altos comandantes estudiarán bajo qué circunstancias se autorizaría el uso de armas," dijo. Uribe supervisó un programa similar cuando era gobernador del departamento de Antioquia. Las patrullas armadas CONVIVIR creadas por la administración gubernativa de Uribe terminaron trabajando estrechamente con los paramilitares ilegalizados de derecha que son responsables por muchas de las peores atrocidades en Colombia. Los grupos de derechos humanos temen que si se arma a los informantes civiles voluntarios sería una forma de legitimar y legalizar a los grupos paramilitares. También señalan que el programa borraría peligrosamente la línea entre civiles y combatientes en una guerra en la que todos los lados ya cometen grandes violaciones de la ley humanitaria internacional, atacando a civiles a los que se sospecha de colaborar con sus oponentes. Por cierto, la periodista irlandesa, Ana Carrigan informa que, parcialmente en reacción al programa de informantes civiles: "Las FARC están planificando la próxima etapa de su estrategia de imponer un gobierno local alternativo, basado en la formación de "consejos revolucionarios civiles" que funcionarían bajo la dirección de dirigentes locales, obligados a implementar las "leyes" de las FARC a punta de pistola."
Fernando Londoño, Ministro de Justicia y del Interior de Uribe, ha sugerido que el nuevo gobierno impulsará una enmienda constitucional que reestablecería algunas de las provisiones del temido Estatuto de Seguridad que privó a los ciudadanos de sus libertades cívicas y posibilitó que los militares asesinaran, torturan e hicieran desaparecer impunemente a disidentes a fines de los años 70. Recientemente, cuando un reportero interrogó a Londoño a qué derechos los colombianos estarían dispuestos a sacrificar para lograr mayor seguridad, replicó "A todos. No hay derechos absolutos."
El lunes siguiente, Uribe declaró un "Estado de Conmoción Interna," dando a su administración poderes de emergencia para establecer un impuesto de guerra de emergencia de 800 millones de dólares y para suspender algunas de las libertades garantizadas en la constitución colombiana de 1991. El Washington Post informa que:
"El decreto, que tendrá una vigencia entre tres y nueve meses, permite al gobierno imponer toques de queda prolongados e impedir el acceso a áreas sin aprobación previa de los tribunales, restringir la información publicada por los medios noticiosos, incautar tierras, equipos y pericia profesional de ciudadanos privados; y suspender a funcionarios elegidos que contribuyan al desorden público."
También le permite al Presidente que autorice a los militares para que realicen allanamientos y hagan arrestos sin autorización judicial.
El Subsecretario de Estado de EE.UU., Marc Grossman, de visita en Colombia, apoyó las acciones, diciendo que "los colombianos han sacrificado mucho durante años, pero Uribe los está llamando a sacrificar aún más para proteger su democracia. Apoyamos ese llamado."
En esencia, el decreto otorga al gobierno nuevos instrumentos legales para silenciar el disenso en nombre de la lucha contra el terrorismo.
Barrancabermeja:
¿Anticipo de lo que vendrá?
Hay quienes creen que Barrancabermeja bajo control paramilitar ofrece una imagen aproximada de la Colombia que el presidente Uribe quisiera crear con su reforzado estado nacional de seguridad. Los paramilitares son milicias derechistas, financiadas por acaudalados terratenientes, traficantes de cocaína, y corporaciones multinacionales, que han realizado durante décadas una "guerra sucia" de masacres y asesinatos políticos contra los disidentes colombianos. Aunque oficialmente han sido ilegalizados, operan en estrecha cooperación con los militares.
Barrancabermeja es un sitio único. Esta ciudad de base trabajadora tiene una prolongada historia de activismo sindical –es el sitio en el que el sindicato de trabajadores del petróleo, la USO, obligó al gobierno colombiano a formar la compañía petrolera estatal, ECOPETROL, a principios de siglo, para asegurar que una parte de la riqueza petrolera de Colombia permaneciera en el país en lugar de ser despojada por completo por las compañías extranjeras. Barranca (como la llaman sus habitantes) fue durante mucho tiempo una plaza fuerte de la guerrilla del ELN, hasta que los militares los expulsaron de la ciudad en la "Operación Feliz Navidad" en diciembre de 2000. Una vez que se fueron los guerrilleros, los paramilitares se apoderaron del control y procedieron a asesinar a los que consideraban sus oponentes en los sindicatos, en la OFP, y en los grupos por la paz y los derechos cívicos, para demostrar que ahora tenían un poder absoluto. También impusieron un estricto código social, y comenzaron una campaña de "limpieza social" matando a gays, lesbianas, bisexuales, drogadictos, prostitutas, mujeres con tatuajes, hombres con rizos, y a cualquiera que no se ajustara a su visión de lo que debiera ser Barrancabermeja. En su primer año de control, los paramilitares asesinaron a un promedio de tres a cinco personas por día en Barranca. Esos asesinatos fueron realizados con total impunidad en una ciudad que exhibe una inmensa presencia militar y policial. Los bloques de ruta paramilitares son establecidos rutinariamente a la vista de los bloques militares en las carreteras y en los ríos fuera de la ciudad. Este año, los asesinatos han disminuido –ya que habiendo establecido un reino del terror, los paramilitares sólo necesitan asesinar a una persona por semana en Barranca para mantener la credibilidad de sus amenazas.
Funcionarios de la Cámara de Comercio de la ciudad condenan oficialmente a los paramilitares, pero señalan que la ciudad es más pacífica actualmente. Los guerrilleros y los militares solían librar batallas campales en las calles. Pero los militares y los paramilitares no se combaten en absoluto, y los guerrilleros han partido. También señalan que los sindicatos se han vuelto "más razonables" en los últimos años.
El debilitamiento de los sindicatos ha significado un aumento de la pobreza para la gente de la región. En el pasado, la USO era suficientemente fuerte para asegurar que ECOPETROL conservara un 50% de los beneficios hechos en todo contrato petrolero con una compañía extranjera. Pero en los últimos años, la USO ha tenido que luchar enérgicamente para conservar siquiera un 30% de los beneficios de la mayor parte de los negocios petroleros en Colombia, mientras que las corporaciones extranjeras se llevan un 90% de los beneficios de sus proyectos conjuntos con ECOPETROL.
Activistas del grupo regional de derechos humanos, CREDHOS, nos han informado que el gobierno está ahora experimentando con la persecución y encarcelamiento de disidentes utilizando acusaciones falsas, porque crean menos protestas internacionales que si los paramilitares realizan asesinatos políticos (que por cierto continúan en cantidades horrendas.) En octubre pasado, la policía arrestó a seis dirigentes de la unión de trabajadores del petróleo, USO, y los acusó de rebelión. Los trabajadores siguen en arresto domiciliario.
La represión legal parece ir mano a mano con los asesinatos políticos –representando la forma en la que el estado mantiene el orden que los paramilitares han establecido. Amnistía Internacional escribió en un informe sobre el arresto de los trabajadores petroleros que:
"Estas últimas detenciones ocurrieron en el contexto de una huelga en ECOPETROL (la compañía petrolera estatal) para exigir que el gobierno nacional diera garantías para la actividad sindical, que está siendo impedida por las continuas amenazas de asesinatos y persecución por los grupos paramilitares. El gobierno colombiano no sólo no ha actuado contra los paramilitares que siguen ensangrentando el movimiento social colombiano, ahora incluso las autoridades judiciales han acusado a estos dirigentes [sindicales] de ejercer actividades fuera del ámbito legal, buscando en los hechos la criminalización de los derechos de asociación y de protesta de los ciudadanos colombianos."
Palabras fuertes de una organización cuidadosa y moderada como Amnistía.
El intento de criminalizar el disenso se hizo aún más evidente durante nuestra reunión con el coronel Andrés Rodríguez Fernández, un antiguo instructor de derechos humanos en la infame Escuela de las Américas del ejército de EE.UU. en Fort Benning, en Georgia, que ahora dirige el Batallón Especial Nº 7 de Protección de la Energía y de la Infraestructura del ejército colombiano radicado en Barrancabermeja. Insinuó que la USO ha sido fuertemente infiltrada por la guerrilla, y nos mostró diapositivas de presuntos actos de terrorismo que obreros sindicalizados habían realizado contra la fábrica de ECOPETROL (daños menores de puertas y rejas que tuvieron lugar durante una huelga.) Nos dijo que los grupos de derechos humanos en el área son "gente que viene de una u otra parte para publicar comunicados de prensa y denuncias." Sugirió que las FARC estaban detrás de esos grupos –que querían que se destituyera a oficiales haciendo que el Fiscal General los acusara por falsas acusaciones de abusos de los derechos humanos. En Colombia, la calificación de activistas como simpatizantes de la guerrilla es entendida comúnmente como una manea de decir a los paramilitares que los activistas en cuestión son objetivos legítimos para sus asesinatos. El coronel repetidamente aglomeró a sus oponentes bajo la categoría común de "terroristas" –comprendiendo evidentemente que si deseaba ayuda militar de EE.UU. para su batallón, tenía que convencer a la gente en EE.UU. de que su trabajo formaba parte de la guerra contra el terrorismo. La actitud del coronel Rodríguez hacia los grupos de derechos humanos provoca dudas inquietantes sobre lo que están enseñando exactamente los militares de EE.UU. a los soldados latinoamericanos en sus cursos de derechos humanos en la Escuela de las Américas (que fue rebautizada recientemente como Instituto por la Cooperación en la Seguridad del Hemisferio Occidental.)
A la mañana siguiente, una activista de la OFP nos explicó lo que significa la "guerra contra el terrorismo," de la que habla el coronel Rodríguez, para los activistas por la justicia social en Barranca:
"La idea del terrorismo es muy peligrosa. En el pasado, el comunismo era visto como el gran demonio. Más tarde, el tráfico de drogas se convirtió en el demonio que justificaba la violencia y la intervención y la destrucción de mundos y pueblos enteros. "Actualmente el terrorismo está siendo utilizado para justificar que se asesine a personas que piensan de una manera diferente. Algunos de nuestros mejores hombres y mujeres están siendo asesinados porque piensan de otra manera.
"Así que actualmente la estrategia del gobierno sobre el terrorismo está siendo edificada alrededor de la eliminación del que piense de otra manera, para llevar a que seamos uniformes en nuestras ideas y vidas. Como dirigentes se nos está poniendo en listas negras y criminalizando. Aquellos de nosotros que piensan de manera diferente serán etiquetados de terroristas, reunidos y arrestados."
La amenazante crisis económica
La violencia en Colombia oscurece otro problema amenazante y relacionado: Colombia está al borde de una crisis económica.
El dirigente de otro de los principales sindicatos del país declaró a nuestra delegación que Colombia debe 48.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y que está en peligro de no cumplir con los pagos de sus préstamos. Colombia podría enfrentar pronto un colapso financiero similar a los recientes colapsos en Argentina y Uruguay.
La respuesta de Uribe a la crisis económica es una especie de terapia de choque que forzará el desarrollo acelerado de un país que ha sido devastado por décadas de guerra y desplazamientos.
Quiere privatizar y vender los servicios y empresas públicas –una acción que llevará a masivos despidos en un país que ya confronta un desempleo de dobles dígitos.
Quiere impulsar masivos proyectos energéticos como ser nuevos campos petrolíferos, nuevas minas de carbón y nuevas represas hidroeléctricas. Esos proyectos traerán el ingreso de capital extranjero al país, pero la mayor parte de los beneficios irán a las corporaciones multinacionales que tomen el riesgo financiero inicial. Lo que es aún peor, obligarán a la gente a abandonar su tierra, aumentando la actual crisis humanitaria en un país que ya tiene más de 2 millones de refugiados internos, e incrementando la concentración de la propiedad de la tierra en un país donde los 5.000 mayores terratenientes poseen un 48% de la tierra.
Quiere que una agricultura comercial en gran escala reemplace los cultivos de subsistencia en pequeña escala. Pero los cultivos industriales para la exportación ya han sido un fracaso en Colombia en el pasado –las crisis en los precios del trigo y del café devastaron la economía colombiana en los años 80 y 90. Ahora los dirigentes empresariales, como los miembros de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, están pregonando la palmera africana como la fuente de la salvación económica de Colombia. Grandes conglomerados alimenticios como Nabisco, General Foods, y Unilever están comprando aceite de palmera como un ingrediente barato de base para productos de comida basura. Pero como nos indicó un economista, esas corporaciones y los prestamistas internacionales, con los que están estrechamente ligadas, están alentando a los países pobres del mundo a aumentar su producción de aceite de palmera. Pronto los mercados estarán inundados y los precios se derrumbarán una vez más.
La únicas cosechas colombianas en las que se puede confiar para que obtengan un buen precio son la coca y la amapola de opio.
Para empeorar la situación, a fin de financiar sus preparativos militares, Uribe se verá obligado a reducir los servicios sociales o a pedir más dinero a los prestamistas internacionales.
Todo esto lleva a un aumento de la pobreza y de la intranquilidad social en un país en el que más de la mitad de la población ya vive con menos de 2 dólares al día.
Es difícil imaginar que las cosas puedan llegar a empeorar aún más en Colombia, pero las iniciativas políticas, económicas y militares de Uribe podrían combinarse para llevar a Colombia al abismo de un baño de sangre total. Un sacerdote jesuita, pacifista, nos dijo:
"La mayoría de la gente en Colombia comprende ahora que la guerra no es la solución para ningún problema. No nos gusta la guerra de las FARC. No nos gusta la guerra del ELN. No nos gusta la guerra de los paramilitares. Pero si se comienza de nuevo a introducir armas, a introducir de nuevo el estado de sitio, si se eliminan los derechos que el pueblo obtuvo en la Constitución de 1991... Si se hacen esas cosas, este pueblo sentirá que está siendo atacado. Nuestro pueblo es un pueblo muy noble. Si es atacado dirán que alguien tiene que volver a tomar las armas."
Uribe depende de más armas, más dinero, y entrenamiento militar de Estados Unidos para darle a su gobierno la fuerza militar para imponer su voluntad. Esas políticas sólo hundirán aún más al país en la guerra. Como nos dijo una activista del OFP:
"El conflicto en Colombia nació por las desigualdades sociales, y al intensificarse esta guerra, estamos perdiendo nuestros derechos, y viendo que nuestras vidas se hacen más uniformes. Esta guerra no puede terminar mediante combates, sólo puede terminar con cambios estructurales en nuestra sociedad."
Haciéndose eco de sus sentimientos, un dirigente sindical nos dijo que los colombianos quieren tener la libertad de construir un país "del tamaño de sus corazones y del talle de sus sueños." La guerra, la violencia y la represión están en su camino. Nosotros, en EE.UU., tenemos que trabajar para terminar la ayuda militar de EE.UU. a Colombia, para que nuestro gobierno y las fuerzas represivas que apoya se aparten y dejen que el pueblo colombiano controle su propio país, su propia economía, sus propias vidas.
Sean Donahue es Co-Director de la Acción por la Paz de New Hampshire. Volvió hace poco de un viaje a Bogotá y a Barrancabermeja con una delegación. Su correo es: wrldhealer@yahoo.com.