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Amnistía Internacional (AI) ha manifestado hoy: "Cuando Álvaro Uribe Vélez asuma la presidencia de Colombia el 7 de agosto no podrá ignorar la responsabilidad que tiene de hacer que los derechos humanos de todos los colombianos sean prioritarios".
En una carta dirigida al nuevo presidente, la organización le insta a desarrollar una política integral en materia de derechos humanos, que sirva para atajar la creciente situación de crisis en que esos derechos se encuentran sumidos en el país. La Sección Española de AI ha enviado también una carta al Príncipe de Asturias, que asistirá a la toma de posesión de Uribe, solicitándole que plantee al nuevo presidente las recomendaciones de la organización.
"La nueva presidencia comienza su andadura en unos momentos en que la crisis de los derechos humanos en Colombia se está agudizando y millones de personas en todo el país sufren a diario las consecuencias de la violencia política y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las dos partes implicadas en el conflicto", ha declarado Amnistía Internacional.
Peter Drury, investigador de AI para Colombia, ha añadido: "El nuevo presidente se enfrenta ahora a una disyuntiva fundamental: puede optar por actuar para atajar la crisis de derechos humanos o aplicar políticas susceptibles de empeorarla".
Existen unas líneas básicas de actuación que el gobierno debe emprender para poner coto a la situación de emergencia de derechos humanos, resumidas en las recomendaciones que las Naciones Unidas han formulado insistentemente de acabar con la impunidad, combatir a los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, y proteger a los defensores de los derechos humanos y otros sectores vulnerables de la sociedad civil, como los sindicalistas y las comunidades afrocolombianas.
Amnistía Internacional ha subrayado: "Muchos de los planes que el doctor Uribe ha anunciado parecen ir contra el espíritu de esas recomendaciones y suponen una amenaza real de empeoramiento del conflicto, socavando la protección de los civiles y ofreciendo más impunidad a los violadores de derechos humanos".
En su carta, la organización reitera su preocupación por algunos planes del que será presidente de Colombia, como la creación de una milicia civil de informantes integrada por un millón de personas, medida con la que se corre el riesgo de involucrar aún más a la población civil en el conflicto y de consolidar la estrategia paramilitar respaldada por el ejército. Otros de esos planes son otorgar a las fuerzas armadas atribuciones propias de la policía judicial y permitir al ejército que practique registros domiciliarios y detenciones sin autoridación judicial, lo que podría facilitar el encubrimiento de las violaciones de derechos humanos que perpetren las fuerzas de seguridad o sus aliados paramilitares.
También son preocupantes los planes de restablecer la facultad presidencial de decretar el estado de sitio, que facilitaría la comisión de violaciones de derechos humanos al suprimir la supervisión judicial y legislativa y hacer caso omiso de las salvaguardias internacionales sobre los estados de excepción.
Amnistía Internacional ha añadido: "El doctor Uribe viene declarando que lo que le hace falta a Colombia es 'mano firme' para resolver el conflicto, garantizar la seguridad y atajar el pertinaz crecimiento de los niveles de violencia. Sin embargo, lo que de verdad hace falta es una voluntad política firme para proteger y garantizar los derechos de todos".
Los grupos insurgentes, que también han sido responsables de numerosas violaciones del derecho internacional humanitario, deben asumir su responsabilidad por perpetuar la escalada de violencia en Colombia. AI condena sin paliativos los homicidios de civiles, los secuestros perpetrados por esos grupos y los ataques indiscriminados contra objetivos militares que han provocado heridos y muertos entre la población civil.
La organización ha preguntado también al Sr. Uribe cuál es el uso que se está dando al material de defensa español y europeo exportado a Colombia. AI considera que el gobierno español debe denegar cualquier licencia de exportación de material a Colombia que pueda ser utilizado para cometer violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra.
En junio de este año, la Armada Nacional de Colombia anunció que compraría dos aviones patrulleros marítimos CN-235, de fabricación española, para "labores de patrullaje marítimo, operaciones de búsqueda y rescate, de vigilancia y seguridad, y de persecución al narcotráfico". Amnistía Internacional ha pedido también al Príncipe de Asturias que se interese por las garantías que el gobierno español obtiene de que estos aviones no se utilizarán en operaciones en las que resulten violados los derechos de la población civil.
La organización concluye: "Uno tras otro, los sucesivos gobiernos colombianos han fracasado en su empeño y permitido el sacrificio de los derechos humanos en aras de la seguridad y de estrategias contrainsurgentes. Ha llegado la hora de comprender por fin que la seguridad no puede nunca lograrse a costa de los derechos humanos. Ha llegado la hora de que el nuevo presidente opte por la alternativa correcta para los derechos humanos en Colombia".
Si desean información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, o leer el texto completo de la carta remitida al presidente Uribe, visiten en internet:
Español: http://www.edai.org/temporal/colombia/colombia.htm
Inglés: http://web.amnesty.org/web/content.nsf/pages/gbr_colombia