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El
horror de ser sindicalista en Colombia Por Fernando Garavito
fuente: EL ESPECTADOR
¿Quiere usted morir en el curso de los próximos días? La fórmula
es simple: afíliese a un sindicato. En menos de lo que canta un gallo
las fuerzas oscuras que pululan en este país y que son simplemente eso:
"fuerzas oscuras", lo darán de baja en cualquier esquina.
Así ocurrió a partir de 1990 con mil sindicalistas, según
lo denuncia el Defensor del Pueblo, quien se basa en la investigación
adelantada por su oficina y en estudios elaborados por la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la OIT en una reciente inspección
sobre el caso de Colombia. Ni las Naciones Unidas ni la OIT, que yo sepa, son
organizaciones "comunistas", como tampoco lo es el ortodoxo doctor Cifuentes.
Por lo que podrá creérsele cuando dice que en este país
vivimos una "grave violación de los derechos fundamentales de los trabajadores
y de los líderes sindicales"; que esas mil y más muertes se deben
a que los grupos paramilitares han convertido a los sindicatos en "objetivos
militares"; que hay "grupos de justicia privada que buscan forzar la solución
de conflictos laborales determinados, liquidando los sindicatos o cercenando
el derecho de huelga"; y que muchos de esos crímenes han quedado en la
total impunidad. El defensor reconoce que el gobierno no ha sido indiferente
al problema, pero trae a colación un grave ejemplo que, de quererlo,
podría multiplicar por mil: cuando Ricardo Orozco, vicepresidente de
ANTHOC, el sindicato de los trabajadores de la salud, pidió protección
al Ministerio del Interior, recibió como respuesta una rotunda negativa.
Orozco fue asesinado el 2 de abril del año pasado.
El defensor señala que hay épocas en las que la persecución
se recrudece. Pues bien: esta es una de ellas. La CUT ha hecho algunas denuncias:
en lo que va corrido del año 2002, esa central ha sufrido 115 asesinatos,
siete agresiones de la fuerza pública contra movilizaciones pacíficas,
dos allanamientos, doce atentados, nueve desapariciones forzosas y 16 secuestros,
en tanto que varios de sus miembros han sido desplazados y amenazados. La impunidad
-dice la Central- ha sido del ciento por ciento. La semana pasada Omar Romero
Díaz, miembro del sindicato de la industria de materiales para la construcción,
resultó seriamente herido en un atentado que sufrió en Cali; el
15 de agosto grupos paramilitares asesinaron a Felipe Mendoza, trabajador de
la USO, en Tibú; a Amparo Figueroa, afiliada a ANTHOC, en Miranda, Cauca;
y a Francisco Méndez, miembro de FECODE, en Sincelejo; y Jesús
Antonio González, director de Derechos Humanos, dijo que en la madrugada
del 16 de agosto, tropas de la III Brigada allanaron su casa de habitación
buscando armas. Entre tanto, las directivas de "Equipos Cristianos de Acción
por la Paz" afirmaron que grupos paramilitares amenazaron con dar de baja a
uno de sus integrantes como represalia por la acción que cumplen en Barrancabermeja.
Y así podríamos seguir hasta el cansancio.
Pues bien. Todo esto se desarrolla en un ambiente de intimidación al
que no son ajenas las grandes empresas. A su llegada al país, la DRUMMOND,
que explota los yacimientos de carbón en el Cesar, trató de desbaratar
la organización sindical. Esa actitud hizo carrera, tanto que en el año
2001 los paramilitares asesinaron a cinco dirigentes, entre ellos a dos presidentes
sucesivos del Sindicato de la Industria Minera y Energética y a uno de
sus vicepresidentes, y hoy tienen amenazados de muerte a doce trabajadores.
Uno de ellos, Julio Nieto, se vio obligado a regresar a su puesto sin protección
alguna, lo cual lo obligó a poner una tutela que ha tenido algún
eco en los Estados Unidos. Sin embargo, a la empresa nadie la detiene y acaba
de despedir a 37 trabajadores sindicalizados, señalándolos como
responsables de los sabotajes que los paramilitares cometieron contra sus instalaciones
hace más de un año.
El panorama es turbio. Pero, por fortuna, la conmoción interior decretada
por el gobierno, está a punto de garantizarnos a todos la paz de los
sepulcros.
fuente: El Espectador.
