José Antonio Almazán*

Con manifiesta ignorancia histórica, cifras maquilladas y un desprecio absoluto al Congreso de la Unión, el presidente Vicente Fox pretende justificar ante la opinión pública la privatización de la industria eléctrica nacionalizada y su entrega como jugoso negocio al gran capital extranjero.

La ignorancia. En México ya sufrimos, durante 57 años, la nefasta experiencia de las empresas eléctricas privadas. Durante este largo periodo, tanto la Mexican Light como la American & Foreign Power se desarrollaron considerando exclusivamente la obtención de la máxima ganancia en el menor plazo, sin importarles el desarrollo nacional; manejaron las tarifas eléctricas a su arbitrio y recurrieron a las presiones de sus respectivos gobiernos para el logro de sus fines.

Al filo de la nacionalización eléctrica, el saldo de medio siglo de empresas eléctricas privadas en México era por demás elocuente y negativo: más de 60 por ciento de la población nacional carecía de electricidad y los problemas de desabasto de energía eran frecuentes en la región central del país. El descontento popular, pero también patronal, contra las empresas eléctricas privadas era creciente. Todos estos elementos pesaron en la decisión del presidente Adolfo López Mateos para comprar las empresas eléctricas privadas y elevar a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica. Esta historia pretende ser ignorada por Fox, que en su iniciativa de privatización reduce la nacionalización de la industria eléctrica a mera opción de mercadotecnia.

Las cifras maquilladas. Al igual que Zedillo, Fox pretende reducir los aspectos de soberanía nacional a un mañoso manejo de cifras. Argumenta que para los próximos 10 años se requieren agregar 32 mil megavatios en capacidad de generación, que los montos de inversión de capital superan la cifra de los 500 mil millones de pesos y que el Estado no cuenta con esos recursos.

En primer lugar hay que destacar que estas cifras están deliberadamente infladas con el propósito de magnificar las necesidades de inversión en el área de generación eléctrica y con ello mostrar como inevitable la inversión del capital privado. Otros cálculos, no oficiales, muestran que los requerimientos de nueva generación se mueven en un rango de 14 a 20 mil megavatios y por ende las necesidades de inversión se sitúan en rangos de 9.7 a 20 mil millones de pesos para los próximos 10 años.

En segundo lugar habrá que subrayar que el problema de escasez de recursos para afrontar las necesidades de crecimiento eléctrico es resultado de una deliberada administración estatal orientada a garantizar e incentivar la acumulación de capital, mediante una política de subsidio a través de las tarifas por debajo de los costos reales de producción.

Las propias autoridades eléctricas reconocen que en 2000, tanto la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Luz y Fuerza del Centro (LFC) dejaron de ingresar recursos por venta de energía eléctrica por más de 56 mil millones de pesos, en virtud del subsidio en las tarifas eléctricas. Para 2001 esta cifra ascendió a 59 mil millones de pesos y para este año se calcula en 62 mil millones. ¿No hay entonces recursos?

El negocio. En efecto, como reconoce el secretario de Energía, la industria eléctrica es un buen negocio. Con 24 millones 850 mil usuarios contratados e ingresos por concepto de ventas de energía eléctrica que en 2001 ascendieron a 99 mil 592 millones de pesos, la industria eléctrica nacionalizada es un apetecible bocado para las grandes trasnacionales eléctricas.

La propuesta de Fox consiste en desmantelar a CFE y LFC mediante el traslado a empresas eléctricas privadas de 128 mil 520 grandes consumidores -0.6 por ciento del total- que adquieren 59.3 por ciento del total de energía y representan 51.5 por ciento de las ventas totales, que en 2001 ascendieron a 51 mil 347 millones de pesos. Se dejaría inicialmente a CFE y LFC el manejo del 99.4 por ciento restante (básicamente en tarifas domésticas) que representan 40.7 por ciento de la energía distribuida y 48.5 por ciento de los ingresos totales.

Evidentemente al arrebatárseles a CFE y LFC sus principales y más rentables clientes, en pocos años estarían condenadas a la extinción o a la absorción por los grandes monopolios eléctricos privados.

El desprecio. El pasado 24 de abril de este año las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía, Estudios Legislativos y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca votaron en contra tres iniciativas de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, presentadas por Ernesto Zedillo en febrero de 1999, el Partido Verde Ecologista de México en noviembre de 2001, y el Partido Acción Nacional en diciembre de 2001.

Para desechar estas tres iniciativas privatizadoras de la energía eléctrica la Cámara de Senadores realizó estudios e investigaciones durante más de un año, para finalmente elaborar un dictamen en el que destaca el apartado B, titulado "Análisis de los supuestos que fundamentan las iniciativas". Ahí, a lo largo de 18 tesis, son desmenuzados los argumentos privatizadores y desechados por improcedentes.

El presidente Fox debería leer este dictamen de la Cámara de Senadores, para percatarse de que su iniciativa no agrega nada nuevo a los argumentos de los que buscan entregar al capital extranjero la soberanía nacional en materia eléctrica. De ahí que su terquedad por buscar imponer una iniciativa privatizadora, cuyos "argumentos" ya han sido analizados y rechazados, lo único que revela es su desprecio por el Poder Legislativo y muestra que sus verdaderas intenciones son otras.


* Secretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas