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Éramos tan independientes
Nelson Cesin / BRECHA
El huracán político que azotó al país durante el
pasado fin de semana dejó secuelas imborrables en todos los planos imaginables;
también a la diestra y siniestra del míster.
Muchas lecturas pueden extraerse de los históricos acontecimientos políticos
del sábado 3 y el domingo 4, pero hay dos vocablos que pueden sintetizar
el trámite y las consecuencias de esos acontecimientos: resignación
y dependencia. El gobierno volvió a recurrir a la teoría de la
inevitabilidad, a la lógica de escoger lo malo para evitar lo peor, para
convencer a sus socios y parte de la oposición de que el derrumbe financiero
no admitía otra salida que la impuesta por el Fondo Monetario Internacional
(fmi). Las exigencias determinaron de la noche a la mañana un cambio
dramático, histórico, de la plaza financiera: el Estado no debía
continuar salvando bancos ni banqueros (como lo hizo durantes décadas
y hasta hace muy poco tiempo, con el beneplácito del fmi); la banca pública
debía ser "fortalecida" mediante la congelación temporal de sus
depósitos a plazo fijo, los bancos gestionados quedaban librados a la
suerte de sus accionistas privados (y los ahorristas colgados del pincel), y
para los extranjeros se debían "mantener las reglas de juego" anteriores
al derrumbe, todo lo cual implicaba una notable pérdida de puestos de
trabajo. La coalición de gobierno, a pesar de la apertura del circuito
bancario en semejantes términos, conseguía distanciarse unos pasos
de la hoguera (ya se verá a qué costos y durante cuánto
tiempo), mientras la oposición de izquierda mostraba preocupantes conatos
de incendio en su interior. El "campo social", sin embargo, está que
arde.
CONFIRMACIONES. El diputado Felipe Michelini (ne), quizá expresando el
sentir de un pueblo, dijo que el gobierno adoleció del "síndrome
de las tres i" en el encare global de la crisis: "incompetencia política,
incapacidad técnica e irresponsabilidad". Muchos otros formadores de
opinión se han expresado en términos similares al analizar los
errores y horrores del gobierno de Jorge Batlle en el "manejo de la fase más
profunda de la crisis", que se instaló el 30 de julio con el inicio del
feriado bancario, destacando una improvisación desconcertante de soluciones
derivada de la absoluta ausencia de planes precisos, amén de otra serie
de "problemas de comunicación", que trasmitían la certeza de que
las autoridades no sabían ni dónde estaban paradas. Pero la breve
apreciación del diputado Michelini adquiere otra dimensión en
el repaso de ciertos antecedentes políticos cercanos, los cuales agregarían
una cuarta "i", la de "impresentable", a las características del gobierno,
y una quinta y suprema, la de "inevitable", al conjunto de medidas implementadas
para evitar la llegada a este despeñadero.
Inevitable era, por ejemplo, aprobar el primer ajuste fiscal de febrero para
"distanciarnos definitivamente" del infierno argentino. También era inevitable
sancionar el segundo ajuste de mayo, mucho más severo que el anterior,
porque el sufrimiento era la condición para recibir la abultada ayuda
de los organismos de crédito (que por ese entonces habría de superar
los tres mil millones de dólares). La macro devaluación del 20
de junio fue inevitable, porque la asistencia crediticia no llegaría
si las reservas se consumían en aguantar el precio del dólar.
Sin embargo era inevitable, aunque nadie explica muy bien por qué, que
las reservas se consumieran en respaldar una corrida que entre enero y fines
de julio supuso el retiro del 45 por ciento del total de depósitos.
El relevo del equipo económico en pleno, con la significativa excepción
del contador Ariel Davrieux (fb, pc), no era inevitable (al menos en la visión
del oficialismo colorado), pero resultó políticamente providencial
para introducir otras reformas tan "inevitables" como dramáticas, y confirmar
el penoso fracaso de la teoría de la inevitabilidad precedente. El ministro
de Economía Alejandro Atchugarry asumió el cargo el 24 de julio
y seis días después se vería "obligado" a disponer el feriado
bancario más prolongado en la historia del país. El flamante ministro
reconocería, con otras palabras, que la decisión se adoptó
porque el sistema financiero estaba en bancarrota y reconocería, además,
que el programa de asistencia crediticia había "caído" porque
Uruguay no pudo cumplir con los compromisos asumidos ante el fmi, todo esto
muy a pesar de haber cumplido ejemplarmente con "los deberes", es decir, de
haber aplicado un conjunto de políticas económicas, fiscales y
financieras "inevitables". Por lo demás, quizá la aureola de bonhomía
que rodea a Atchugarry (amén de otros factores, como el desconcierto
político generalizado ante esta lógica de hechos consumados) pueda
explicar la condescendencia del sistema partidario (ya sea por acción
o por ausencia de reacción) con sus planteos de salida a la debacle financiera,
los cuales volvieron a aplicar la implacable lógica de gobierno: "o esto
o el caos".
VERY GOOD, MY FRIEND! La población entera, incluida la mayor fuerza política
del país, vino a enterarse de un jueves a un viernes del panorama financiero
más terrible, cuya superación exigía la sanción
legislativa, de un viernes a un domingo, de una única e inevitable alternativa.
La cumbre de líderes partidarios convocada de urgencia a la residencia
presidencial, el jueves 1, sirvió para que Batlle socializara su angustia,
exhibiendo un cuadro de situación que desnudaba su estrepitoso fracaso
en el manejo de la crisis económico-financiera.
A partir de entonces se supo que desde enero a fines de julio la corrida de
depósitos había alcanzado unos 5.700 millones de dólares
(un 45 por ciento del total de los depósitos en esa divisa), y que, en
el mismo período, las reservas del país habían caído
de 3 mil millones a poco menos de 600 millones de dólares. Se supo que
el fmi quería propinarle a Uruguay la misma lección ejemplarizante
que está dando a Argentina y, de no mediar la generosa voluntad de míster
George Bush ("a mi amigo Jorge no lo voy a dejar caer", dicen que dijo), quién
sabe si su tocayo uruguayo estaría aún en el Edificio Libertad.
El Departamento del Tesoro estadounidense habría de adelantar, a modo
de un "crédito puente", un "máximo" de 1.500 millones de dólares
como parte de los fondos ya comprometidos por los organismos de crédito,
pero la ayuda seguía supeditada al "acuerdo" con el fmi, cuyo mayor accionista
es el gobierno de Estados Unidos.
El "acuerdo" alcanzado sacaba de circulación el proyecto del Poder Ejecutivo
sobre el Fondo de Fortalecimiento del Sistema Bancario, a estudio del Parlamento
desde el 21 de julio, para introducir a las apuradas otro de nombre similar
pero de contenido muy distinto, el del Fondo de Estabilidad del Sistema Bancario.
Si el Fondo de Fortalecimiento consistía en diseñar una entidad
especial para administrar unos 2.500 millones de dólares destinados a
racionalizar y sanear el sistema, el Fondo de Estabilidad disponía de
1.500 millones y tenía como principal objetivo legalizar el congelamiento
temporal de los depósitos a plazo fijo sólo en los bancos República
(brou) e Hipotecario (bhu).
El proyecto, en su primera y definitiva versión, creó un fondo
de 1.080 millones de dólares para "garantizar el total cumplimiento"
de los depósitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro del brou y el
bhu, pero en contrapartida "prorroga" los vencimientos de los depósitos
a plazo fijo en moneda extranjera de ambos bancos, programando su devolución
en un período de tres años (un 25 por ciento de los fondos al
primer año de vencimiento, un 35 por ciento al segundo año y un
40 por ciento al tercero). Los 420 millones restantes se destinarán a
la devolución de los depósitos a la vista de los bancos gestionados
(de Crédito, Comercial, Montevideo y Caja Obrera). Pero el texto nada
dice acerca de cómo ni cuándo se devolverán los plazos
fijos de estos bancos, los cuales tienen al Estado como accionista -principal
o minoritario-, ni tampoco sobre cuál será el destino de los más
de dos mil trabajadores que integran sus plantillas en caso de que los accionistas
privados no los capitalicen y deban ser liquidados, según la nueva filosofía
del gobierno, como ya ocurrió con el Montevideo y Caja Obrera. Al parecer,
la única posibilidad de que los titulares de los plazos fijos se hicieran
de sus ahorros sería mediante la "liquidación de los activos"
de esas instituciones, una solución que parece extraída de las
novelas del realismo mágico.
Las otras "sugerencias" inmediatas del fmi no demandaban aprobación legal
o, dicho de otro modo, pueden deducirse del contenido de la ley aprobada. La
banca extranjera hizo saber que sus casas matrices responderían con fondos
propios a la eventual corrida que ocasionara el levantamiento del feriado bancario,
pero a condición de que no se "alteraran las reglas de juego", es decir,
que se mantuviera el contrato entre privados (léase "nada de corralitos
ni inventos parecidos") y no se "pesificaran" las deudas. El gobierno no sólo
honró sino que duplicó ese compromiso: "La libertad es la regla
de juego", diría el ministro Atchugarry al fundamentar las sustanciales
modificaciones de "las reglas de juego" para la banca pública y gestionada.
"WE ARE FANTASTIC." Las cartas estaba más que echadas, pero era necesario
cumplir con las formalidades democráticas, entre las cuales estaba la
de reunir a senadores y diputados durante sábado y domingo (toda una
hazaña que ocurrió una sola vez desde la reapertura democrática,
nada menos que para votar la ley de caducidad), pues de lo contrario los fondos
no se liberaban y el feriado bancario no se levantaba. El propio embajador estadounidense
en Uruguay, Martín Silverstein, se encargaría de precisar que
esta secuencia no era cuento, introduciendo cierta cuota de suspenso y presión
en las negociaciones: "En este momento no hay un cronograma, no hay conclusiones
definitivas sobre cuánto, cuándo y de qué manera va a venir.
Las negociaciones en este momento son entre el fmi y Uruguay, y no entre Estados
Unidos y Uruguay", diría, en perfecto spanglish, el viernes 2, aunque
48 horas más tarde, inmediatamente después de sancionada la ley,
apareciera sonriente para anunciar la liberalización de los fondos.
Los blancos, el mismo viernes, enviaron a tres de sus senadores a negociar con
el ministro de Economía algunas alternativas que "atenuaran el debilitamiento"
de la banca oficial, pero abandonaron la reunión notoriamente resignados:
"Es esta salida o el corralito", expresó el senador Francisco Gallinal,
mientras su correligionario Luis Alberto Heber señalaba que "este acuerdo
(con el fmi) no nos deja margen de maniobra para incidir en el proyecto; o se
acepta o se rechaza". La izquierda encuentrista comenzaba un proceso de debate
que habría de derivar en serias confrontaciones internas (véase
recuadro), pero la mayoría de sus fuerzas sustentaba la tesis de que
el proyecto habría de "liquidar" la banca estatal, por la vía
de promover sólo en ella la reprogramación de depósitos
y mantener las reglas preexistentes para la banca extranjera. El ministro Atchugarry,
luego de varios anuncios frustrados, comparecería el sábado 3
a la Comisión de Hacienda integrada por legisladores de ambas cámaras,
para explicar que la iniciativa perseguía un par de objetivos básicos:
mantener la cadena de pagos y "defender" a la banca pública. Reseñó
el volumen de las colocaciones de depósitos en el brou y el bhu antes
de señalar que los fondos obtenidos no alcanzaban para evitar la "reprogramación"
dispuesta, afirmó que el brou "será el único banco en el
mundo que podrá decirle a los clientes que por cada dólar que
haya en su cuenta corriente o caja de ahorro habrá un dólar de
respaldo en el Banco Central", y ofreció su sillón a "quien encuentre
una solución mejor que ésta".
El problema no estaba en encontrar o proponer soluciones, sino en aceptarlas.
El senador Jorge Larrañaga (an, pn), por ejemplo, planteó como
alternativa que el 40 por ciento de los plazos fijos, los inferiores a cinco
mil dólares, quedara exento de la "reprogramación", pero no fue
aceptado. La izquierda propuso que el congelamiento de depósitos no se
hiciera por modalidad de colocaciones sino por montos (habida cuenta de que,
según la información proporcionada por el sindicato bancario,
el 80 por ciento de los plazos fijos en el bhu y el 50 por ciento de los del
brou -unos 120 mil en total- son inferiores a los 10 mil dólares), pero
la iniciativa no se aceptó porque, a juicio del gobierno, la continuidad
de la cadena de pagos sólo se asegura con los depósitos a la vista.
Tampoco alteraron el proyecto las severas advertencias que expuso el sindicato
bancario en la intervención de diez minutos que le concedió la
citada comisión. Allí, una delegación de aebu expresó
su preocupación por la existencia de depósitos cercanos al millón
y medio de dólares en los bancos en proceso de liquidación; dijo
que esa eventual liquidación afectaría a unas 23 mil empresas
que a su vez mantienen vínculos comerciales con el brou, por lo cual
sus dificultades de pago redundarían en notorios perjuicios para el banco
estatal; y planteó las enormes dificultades comerciales que supondrá
la liquidación de los bancos Caja Obrera y Comercial para el Interior,
en varias de cuyas ciudades sólo existe la presencia de estos bancos
y del brou.
El intercambio de opiniones fue cordial, pero todas las advertencias, correcciones,
aditivos o sustitutivos en relación con el proyecto murieron a los pies
de la urgencia. El Senado comenzaba la sesión a las diez y media de la
noche del sábado 3, y la Cámara baja sancionaba definitivamente
el proyecto antes de las 16 horas del día siguiente. El tiempo de los
discursos era escaso, a diferencia del abanico de posiciones. Hubo quienes,
como el senador quincista Alberto Brause, atribuyeron buena parte de nuestros
males a la prédica de la "intrigante" prensa argentina, "los Sarrateas
modernos", negando que la solución encontrada revistiera las características
de un corralito o beneficiara a la banca extranjera. Otros, como el diputado
Gustavo Penadés (Herrerismo, pn), no ocultaron su aprobación resignada
(por aquello de que "todos conocemos" a alguien "perjudicado" o "desempleado"
por la aplicación de esta ley). En filas de la izquierda el repertorio
también fue amplio: desde la desaprobación del proyecto por motivos
de disciplina partidaria del senador asambleísta Danilo Astori (quien
lo consideró, entre otras razones, como la "única salida" a la
crisis) hasta la tesis opuesta de su colega vertientista Alberto Couriel, para
quien la confianza en la banca pública se debilita notoriamente "si decimos
que la banca extranjera se hará cargo de sus depósitos pero, en
cambio, reprogramamos los del brou".
Por si no estaba claro quién era el titular de la soberanía durante
ese fin de semana, la Cámara de Representantes vino a corroborarlo con
el insólito acuerdo de todas las bancadas para adelantar la votación
del proyecto y después continuar con las fundamentaciones de voto. La
ley cruzó como una estrella fugaz por Diputados. Y antes de que culminara
la sesión, el embajador estadounidense sonreía para los flashes
al anunciar, siempre en una mezcla de español e inglés, que los
fondos estarían a las ocho de la mañana del lunes 5 en el Banco
Central.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Paul O'Neill, visitaba el país
al día siguiente y la intención del gobierno era recibirlo con
los bancos abiertos. Para que el funcionario estadounidense pudiera comprobar,
como dijo el presidente Batlle, que gracias a la ayuda de su gobierno "we are
fantastic".
fuente: Brecha
