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AFP, REUTERS Y DPA / LA JORANDA

Santafe de Bogota, 22 de agosto. En su primera co-municación a Alvaro Uribe desde que em-pezó su mandato, el 7 de agosto, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) señalaron que un eventual diálogo de paz sería directamente con su gobierno y no por medio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como propuso el mandatario, y aunque reiteran su disposición a negociar la condicionan a la desmilitarización de dos departamentos cocaleros.
Mientras, el gobierno anunció que incorporará 20 mil campesinos al ejército, a los que dará entrenamiento militar, armas y uniformes, para que "en caso de necesidad combatan a la guerrilla cuando se presenten ataques", mientras la Fiscalía General co-menzó una investigación a los máximos jefes de las FARC, incluido el legendario Manuel Marulanda, alias Tirofijo, por la supuesta utilización de armas químicas en ataques a cuarteles de policía.
El comunicado de las FARC explica que "si la insurgencia decidiera aceptar un diálogo con la ONU, tal como usted lo propone, el interlocutor no será ni usted ni el gobierno que presiden, sino la Organización de Naciones Unidas (...) como si el conflicto social y armado que padece Colombia por cerca de cuatro décadas fuera entre la ONU y la insurgencia colombiana, y no entre la insurgencia y el Estado".
En el mensaje, firmado por el mando central rebelde y hecho público por Internet, las FARC señalan asimismo que rechazan el discurso de "guerra total" del gobernante, indican que han analizado todas sus intervenciones públicas como candidato y presidente, y concluyen que "sólo le ofrece a la insurgencia la fuerza bélica del Estado para someterla por medio de las armas".
El grupo rebelde más antiguo y numeroso del continente, con 17 mil hombres, reitera por segunda vez en 12 días que está dispuesto a negociar con Uribe a partir de la agenda de 12 puntos pactada con el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana.
Esa agenda involucra los principales problemas económicos y sociales del país, protección de derechos humanos, revisión del modelo neoliberal y una reforma agraria.
Adicionalmente, las FARC insistieron en que se les entregue el control de los selváticos departamentos de Caquetá y Putumayo, las dos principales zonas cocaleras del país, fronterizas con Perú y Ecuador.
La zona que piden las FARC, de 113 mil 850 kilómetros cuadrados, es casi tres ve-ces más grande a la que desmilitarizó Pastrana para la fallida negociación, que tenía 42 mil kilómetros cuadrados, dos veces el tamaño de El Salvador.
Uribe ha propuesto una combinación de búsqueda de diálogo con un aumento del poderío militar, que pretende conseguir me-diante una fuerte inversión en las fuerzas armadas y en un involucramiento de civiles para que cooperen con el gobierno.
Este jueves, justamente, la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, indicó que desde esta fecha hasta marzo próximo aumentará en 40 mil el número de miembros de la fuerza pública, que actualmente ronda los 280 mil miembros.
Precisó que aproximadamente la mitad de esos nuevos miembros serán soldados re-gulares o profesionales o agentes policiales, y 20 mil serán soldados y policías de apo-yo, campesinos de diferentes regiones del país que ingresarán a las filas para prestar el servicio militar obligatorio.
En tanto, la Fiscalía General inició una investigación contra los máximos jefes de las FARC, incluido Tirofijo, bajo cargos de haber utilizado gases tóxicos "en un asalto al pueblo de San Adolfo (620 kilómetros de la capital)" el 3 de septiembre de 2001.
La fiscalía decidió vincular a los rebeldes a este proceso luego que el Instituto de Patología del Departamento de Defensa de Estados Unidos estableciera que las FARC utilizaron cianuro en el ataque contra la estación de policía de esa localidad.