Política Urgente

Es un hecho notorio el papel que jugaron los medios comunitarios, junto con las emisoras de Radio Fe y Alegría, en la denuncia de la estrategia golpista, la represión subsiguiente y los procesos de rebelión popular y militar que concluyeron con la rápida retoma del hilo constitucional. Durante los dos días de régimen de facto, diversas emisoras comunitarias fueron objeto de allanamientos ilegales, y un radiodifusor comunitario fue torturado. No había de pasar mucho tiempo para que los sectores que apoyaron y avalaron el golpe de extrema derecha enfilaran sus acciones hacia la criminalización de las iniciativas de comunicación alternativa. Esta campaña apunta a negar a las comunidades el ejercicio de sus derechos de expresión política, en términos que son incompatibles con las libertades democráticas; así como favorecer el silenciamiento de las iniciativas que ante una eventual nueva aventura, podrían complicarle el rol a los medios encargados de silenciar las disidencias populares.
El presidente de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, signatario del acto de instalación del régimen de facto de Carmona, abrió el fuego al manifestar a comienzos de junio su preocupación "por el carácter ilegal" de las emisoras comunitarias y la supuesta naturaleza política del contenido de sus emisiones. Esta denuncia tuvo pronto eco: una de las televisoras comerciales que favoreció el clima de escalada y que anunció insistentemente la supuesta renuncia de Chávez desde horas de la tarde del 11 de abril, transmitió imágenes de una entrevista de Catia Tve (uno de los medios con mayor proyección pública), con comentarios orientados a la criminalización de la televisora alternativa. Estas primeras acciones escondían el germen de una campaña de criminalización orientada a silenciar las voces que se alzaron contra el régimen de facto de Carmona, que desde entonces no ha cesado.
A mediados de junio, un grupo de diputados de oposición, liderados por los que hasta hace poco formaban parte del proyecto de cambios y hoy validan su posición política a través de actos de la vanguardia de la difamación, hicieron pública una denuncia relativa a una reunión de diversos activistas comunitarios con el Presidente de la República, en la que supuestamente se habría planificado un ataque contra ellos. Entre las personas imputadas por esta denuncia, se encuentran diversos representantes de medios comunitarios. Por ello, y debido a su carácter criminal e infundado, se relaciona con la campaña en contra de los medios alternativos, así como con la campaña sistemática de los sectores que desde su prepotencia excluyente y su narcisismo intolerante se autodenominan "democráticos", contra los sectores populares que apoyan el proceso de cambios.
Entre tanto, a finales del mes de junio, los medios comunitarios Catia Tve y Radio Perola recibieron el Galardón en Mención Especial de los Premios Nacionales de Periodismo, otorgados por el estado, por haber adelantado una labor comprometida de informar a las comunidades como medios de corto alcance, asumiendo con seriedad el servicio de interés colectivo de acceso a la información. Este premio fue objeto de una absurda y estúpida campaña de los medios comerciales que participaron en el golpe, que nunca podrán limpiar su reputación frente al pueblo que se alzó en defensa de la democracia y la justicia social.
Por esas fechas, la Alcaldía Metropolitana, bajo la dirección del alcalde Peña, inició a su vez una serie de actos plagados de irregularidades y arbitrariedad manifiesta, orientados a desmantelar CatiaTve, la cual opera principalmente desde locales prestados de un hospital público de Caracas. Supuestamente, las acciones tenían el objetivo de garantizar la asepsia de las instalaciones hospitalarias, pero en realidad la intención era desmantelar la antena que se encuentra en el techo del último piso. Adivinen por qué.
Otros hechos tienen como protagonistas a organismos y funcionarios públicos. A finales de junio, Nicolás Rivero, el comunicador que fue torturado durante los hechos de abril, se apersonó en la Policía Técnica Judicial (PTJ) para conocer de su denuncia. La PTJ, cuerpo que participó en el maltrato sufrido por el comunicador, le detuvo siguiendo instrucciones de un fiscal que protagonizó los allanamientos ilegales y golpistas del 12 y 13 de abril, y que es simpatizante del partido Acción Democrática - miembro de la Internacional Socialista y hoy en día a la extrema derecha del espectro político nacional. La detención fue supuestamente debida a su relación con los enfrentamientos de Puente Llaguno del 11 de abril. Los medios comunitarios denunciaron el atropello como parte de la campaña de acoso orquestada por los medios comerciales y sectores golpistas vinculados con los poderes públicos. Tal y como señaló su abogada, Nicolás se encontraba sobre el puente cubriendo los hechos como periodista. La respuesta de sus "colegas" comunicadores de los medios comerciales fue - una vez más - su abierta, descarada y antiética criminalización.
Asimismo, contrariamente al exquisito trato que los medios comerciales reciben por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la denuncia de las radios comunitarias no ha ameritado pronunciamiento alguno por parte de este organismo internacional. Tras escuchar las declaraciones de Nicolás Rivero, el juez mantuvo la medida privativa de libertad por los supuestos delitos de homicidio y resistencia a la autoridad. Hasta la fecha, Rivero sigue detenido con presos comunes a espera de juicio, mientras que la notoria arbitrariedad cometida contra él ha ameritado la respuesta contundente de la iniciativa internacional de comunicación alternativa Narconews, que adelanta una campaña de solidaridad con los medios comunitarios venezolanos.
Posteriormente, a mediados del mes de julio, Radio Sendero, de Antimano, fue objeto de un espectacular allanamiento, protagonizado por varias unidades de la policía política. Varias personas fueron detenidas, pero gracias a la contundente respuesta de movilización de los sectores populares, fueron puestos en libertad ese mismo día. La acción arbitraria y desmedida de este cuerpo policial fue justificada debido a la supuesta denuncia de una maestra del colegio donde funciona la radio, que habría afirmado que en la emisora supuestamente se guardaban explosivos.
A lo largo de este tiempo, los medios comerciales golpistas han redoblado en cuanta ocasión han tenido sus coberturas inflamadas, repitiendo patéticos comentarios vinculados con el terror que les produce la posibilidad de una progresiva vigencia de la libertad de expresión por encima de su privilegio – cuyo ejercicio ilegítimo y ventajista es hoy el principal instrumento de la campaña antidemocrática de los sectores de oposición.