Latinoamérica

Montesinos y militares imputados por el asesinato de "tupacamaristas"

Serpal

El fiscal Richard Saavedra Luján, denunció a el ex jefe de los servicios secretos peruanos Vladimiro Montesinos y a una decena de altos mandos del Ejército y de la Policía como responsables del asesinato de tres miembros del Movimiento Revolucionario Tupac-Amaru durante la operación destinada a retomar la sede de la embajada japonesa en Lima y liberar los rehenes en poder de los rebeldes, hechos ocurridos en Lima el 22 de Abril de 1997.
La jueza titular Cecilia Polack Boluarte, había dispuesto días pasados la detención preventiva de 12 oficiales del ejército como presuntos responsables del delito de homicidio calificado durante el ataque a la embajada. De inmediato se generó una reacción en círculos militares peruanos, y otros vinculados a Montesinos y al expresidente Fujimori, actualmente huído a Japón y protegido por el gobierno de ese país, que ha negado su extradición. Estos sectores pidieron de diversas maneras que "no se investigaran esos sucesos" a los que calificaban de "acción heroica".
Un poco de memoria
Para situarnos en aquellos sucesos, recordemos que el 17 de diciembre de 1996, un grupo de guerrilleros del Movimiento Revolucionario Tupac-Amaru, encabezados por su líder, el ex sindicalista Néstor Cerpa Cartolini, lograron la toma de la embajada de Japón en Lima, durante una gran recepción de la que participaban miembros del cuerpo diplomático, gerentes de negocios y altos funcionarios.
El propósito de la ocupación, fue denunciar la situación en las cárceles del fujimorismo y exigir la libertad de varios prisioneros pertenecientes a esa organización rebelde. Los rebeldes tuvieron bajo su control a unos 600 rehenes, pero gradualmente fueron liberando a unos 500, hasta quedar finalmente con 74 personas retenidas. La ocupación se mantuvo sin variantes durante varias semanas. La posición inicial de "no negociar con terroristas" asumida por Fujimori, fue censurada desde distintos sectores, tanto dentro como fuera de Perú. En un aparente cambio, el entonces presidente peruano accedió a establecer una "comisión de garantes" encargada de negociar. Así pareció suceder, con el ingreso de esos mediadores en la embajada para dialogar con los guerrilleros. A este proceso se incorporó el Cardenal Juan Luis Cipriani. Cuando las expectativas estaban en el acuerdo que permitiría la resolución pacífica de la ocupación, comandos especialmente entrenados durante casi tres meses, entraron a sangre y fuego a la embajada cuando los confiados "tupacamaristas" estaban en su mayoría, jugando un partido de "fulbito" en su interior.
Denuncias posteriores indicaron que la presunta negociación fue una maniobra de distracción dispuesta por Fujimori y su asesor Montesinos. En esa operación, no todos los negociadores estaban al tanto de su triste papel. Pero sí lo habría estado el Cardenal Cipriani a quien se atribuye haber introducido artefactos electrónicos que permitieron establecer el momento adecuado para el ataque.
La violenta operación consistió en el ataque simultáneo por varias entradas abiertas con explosivos, y en pocos minutos la fuerza atacante consiguió el control de la situación y la liberación de los rehenes, con excepción del Jefe de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Giusti, quien murió desangrado por falta de atención médica, tras recibir un balazo cuyo autor no fue precisado. El juez Giusti tenía prestigio por su independencia y por haber votado en su día para que los militares acusados de violación de derechos humanos fueran juzgados por una corte civil.
Los 14 guerrilleros ocupantes de la embajada resultaron muertos. Sobre sus cuerpos acribillados, apareció sonriente horas más tarde el presidente Fujimori, que recibió elogios de losEstados Unidos y de otros gobiernos por su "firmeza". Organizaciones de Derechos Humanos, pidieron una investigación independiente de los hechos ocurridos en el interior de la sede diplomática, ante la sospecha de que la mayoría de los rebeldes hubieran sido asesinados desarmados o después de rendirse.
En aquel entonces, Derechos Human Rights - Grupo Nizkor, emitió un comunicado de prensa en tal sentido, mencionando las declaraciones de testigos que afirmaban que" algunos de los guerrilleros del MRTA fueron aesinados luego de ser capturados vivos."
La verdad se abre paso
Pasados ya cinco años de aquellos sucesos, la investigación judicial confirma aquellas denuncias, eclipsadas entonces por el aparato de propaganda y el control de los medios que ejercía el virtual triunvirato de Fujimori , su "asesor" Montesinos y el Gral.
Hermoza, comandante del Ejército, y por la complicidad internacional prestada por muchos gobiernos "democráticos". Como dijo en su día un presidente norteamericano del dictador nicaragüense Anastasio Somoza: "Somoza es un hijo de puta, pero es "nuestro" hijo de puta." En ese caso los "suyos", eran Fuijmori y el ex colaborador de la CIA, la central de inteligencia norteamericana, Vladimiro Montesinos.
Según los informes que dispone la fiscalía, al menos ocho de los rebeldes del MRTA presentan "tiro de gracia" en la nuca. Ya la jueza Cecilia Polack había indicado en su resolución, los indicios de que los emerretistas identificados como Nicolás Eduardo Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Poceros Pedraza habrían sido asesinados. Entre los testimonios disponibles, figuran los del ex secretario de la embajada japonesa, Hidetaka Ogura, y de dos oficiales de policía, quienes afirman haber visto a Eduardo Cruz ( "Tito" ) , cuando era detenido al intentar salir de la embajada confundido entre los rehenes liberados. "Tito" fue visto con vida, sin heridas y con las manos atadas. El fiscal Saavedra responsabiliza a los jefes de la denominada "Operación Chavín de Huántar", quienes habrían dado orden de no dejar sobrevivientes entre los miembros del MRTA, sin importar si tenían armas o si se rendían. Además de los testimonios mencionados, el fiscal Saavedra presenta como principales pruebas de cargo las pericias que realizaron especialistas del Estudio de Antropología Forense y del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, que confirmaría los asesinatos.
Los denunciados por el fiscal
Esta es la lista de los militares y funcionarios denunciados por el fiscal: Vladimiro Montesinos Torres ( Jefe de los Servicios Secretos y "asesor" de Fujimori ) , los Generales del EP Nicolás Hermoza Ríos, José William Zapata; Augusto Jaime Patiño, Luis Alatrista Torres, Benigno Leonel Cabrera Pino; los generales de la Policía Nacional Fernado Diandreras Ottone, Martín Solari de la Fuente y Helber Danilo Angeles; los coroneles del Ejército Roberto Huamán Azcurra, Víctor Hugo Sánchez Morales, Benigno León Cabrera Pino, Jorge Fernández Robles, Hugo Víctor Robles Castillo.; el comandante del Ejército Jesús Zamudio Aliaga, el mayor EP Walter Martín Becerra Noblecilla, el teniente EP Antonio Paz Ramos; el suboficial EP José Alvarado Díaz y los civiles Augusto Tello Arias, Raúl Huarcaya Lobón, José Abelardo, Manuel Paz Morán, Jorge Félix Díaz, Juan Morán Rojas y Tomás Rojas Villanueva.
Fuentes militares que cita el diario limeño "La República" indican que dos oficiales de confianza de Vladimiro Montesinos y que no pertenecían al comando que ejecutó la operación militar, habrían sido los encargados de asesinar a los rebeldes capturados con vida. Esas ejecuciones – posiblemente también los tiros de gracia - son adjudicados por estas fuentes a los coroneles Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga.
El coronel Zamudio, conocido como "ZAJ", fue en 1983 uno de los instructores de la Compañía Lince, un grupo militar acusado de haber dejado una estela de terror a su paso, con diversas violaciones de derechos humanos.
Fue reclutado para Inteligencia en 1992 por Montesinos. Durante seis años fue el jefe de la seguridad personal del jefe de los Servicios Secretos. Precisamente ejercía ese cargo bajo directa dependencia de Montesinos cuando actuó en los sucesos de la embajada nipona. Jesús Zamudio "Zaj", es un incondicional subordinado del siniestro Montesinos, a quien llama "maestro" en su trato personal. Fue precisamente este oficial quien recibió a Montesinos en octubre del 2000 cuando su "maestro" intentó el regreso por Pisco, y también fue quien coordinó la operación de huída en el yate Karisma, en el que Montesinos escapó a Centroamérica y Venezuela.
Montesinos y otros mueven sus fichas
Monseñor Cipriani lamentó públicamente el encarcelamiento de los militares acusados por el asesinato de rebeldes , y expresó que su arresto "divide el país". El Primado de la Iglesia Católica peruana, es la misma persona que en su día integró la "Comisión de garantes" para negociar una salida pacífica con los ocupantes de la embajada y que es señalado como parte de la operación de engaño urdida por Montesinos y Fujimori que terminó con el ataque a la embajada y la muerte de los 14 rebeldes.
A pesar de su encarcelamiento, es público y notorio que el imperio construído en base al terror y a la corrupción por Vladimiro Montesinos, tiene tentáculos operativos. En guarniciones militares han circulado comunicados que alertan sobre "tratos y juicios injustos" a los militares involucrados en la denuncia del fiscal y que rechazan en duros términos a la propia investigación judicial. El comunicado está firmado por "Oficiales Superiores y Subalternos de las Fuerzas Armadas." El presidente Alejandro Toledo es acusado en este comunicado por su actitud "blanda" ante el accionar de la justicia.
En realidad, Toledo parece no saber muy bien que actitud tomar, cuando sus promesas hacia el Perú empobrecido naufragan, y su popularidad está en caída libre, mientras se empeña en un plan de privatizaciones.
Es que esta revisión judicial de lo sucedido en la embajada japonesa ese 22 de abril del 97' coincide con una situación interna de protesta social, de creciente disconformidad.
Así como Perú se encuentra con la realidad de aquellos sucesos de la embajada, también la presidencia de Toledo a la hora de la verdad presenta perfiles de fracaso. En Cerro de Pasco los comuneros reclaman medidas para que las empresas mineras no sigan contaminando sus tierras. En Huancavelica y Huancayo hubo también protestas que se hicieron sentir con más fuerza en Cuzco y Arequipa. Para el 3 de junio se convoca una huelga de hambre en distintos frentes regionales contra la privatización de compañías eléctricas y de saneamientos.
Y un detalle para no perder de vista: la semana pasada Lima fue sede de un importante seminario internacional sobre "Gestión de la Seguridad en Tiempos de Transición Militar" donde participaron representantes de los Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Perú. La reunión, también definida como encuentro de la "Comunidad de Inteligencia" se realizó en dependencias de la Universidad de Lima.
¿Amnistía parlamentaria?
La situación creada por el avance judicial sobre el posible asesinato de prisioneros desarmados y rendidos en la embajada japonesa, generó críticas y rechazos en círculos militares y en otros sectores , y también elogios de organismos de derechos humanos y movimientos sociales. Pero en el ámbito parlamentario se estarían recibiendo presiones para que se disponga una amnistía para los imputados. El presidente de la Corte Superior de Lima, Sergio Salas Villanueva advirtió que si bien es atribución del Congreso dictar leyes y normas, es también facultad de los jueces declarar si es viable o no una ley aprobada por el parlamento. Con ello, abrió la posibilidad de que los jueces puedan declarar inaplicable una eventual amnistía dispuesta por los congresistas.
Otro poco de memoria
Hace cinco años, en una carta pública, el subcomandante Marcos desde el territorio zapatista mejicano escribía:
(...) "Hace días escuché por radio la noticia del asalto militar a la Embajada del Japón en Perú. El gran Poder Internacional decidió un nuevo crimen en tierras latinoamericanas y ordenó el asesinato de los rebeldes de Tupac Amaru (que, no hay que olvidarlo, estaban negociando con el gobierno de Fujimori la solución a la crisis) y de uno de los personajes que se encontraban detenidos. Ustedes recuerdan que se buscaba resolver el problema sin violencia. Pero a tiros entraron los militares.
"Operación limpia", dicen los noticieros. Y describen a un Fujimori sonriente y feliz. Y, muy por encima de él, sonríen también los poderes supranacionales que dieron la orden de aniquilamiento. Durante meses, el gobierno peruano fingió que negociaba para buscar una salida pacífica. En realidad sólo buscaba el momento preciso para el golpe. Así son el Poder y sus gobiernos neoliberales, fingen dialogar y negociar, cuando en realidad sólo buscan la oportunidad de ejercer su violencia. Este nuevo episodio triste para América Latina es un golpe internacional a la vía del diálogo y la negociación como forma de resolver los conflictos." (...)
México 25 de abril de 1997