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19 de junio del 2002
Sergio Ramírez
Temporal causó graves daños y muertes. Improvisación, carencia de infraestructura y promesas demagógicas, agravaron sus consecuencias. En el tratamiento tradicional de este problema existen cuatro etapas. La primera es la imprevisión. La segunda, el colapso y las escenas dramáticas. La tercera, la constituyen las toneladas de discursos y promesas. Hasta que se llega a la etapa final, cuando calles y viviendas se han secado, y el tema es sustituido en la agenda política por otros intereses electorales. Hasta que una nueva tormenta se descargue.
Santiago es una zona de problemas, más aún cuando la lluvia caída sobrepasa la imprevisión de la clase política. Así se explican las calzadas y calles anegadas, los pasos bajo nivel inundados y los alcantarillados y colectores desbordados por las lluvias. Panorama desolador en todo Santiago, excepto en su casco antiguo. El sistema de alcantarillado de Santiago construído hace un siglo, es el único que ha soportado el temporal. En efecto, en 1908 en el gobierno de Pedro Montt se realizaron trabajos para a evacuar las aguas lluvia mediante colectores. La ciudad continuó su expansión sin que se asignaran los recursos necesarios para este tipo de obras. Actualmente Santiago se inunda cada vez que llueve, a diferencia de principios del siglo XX, que resistía los temporales.
La realidad indica que cada invierno se cubre la capital de agua y de promesas demagógicas. La irresponsabilidad caracteriza a la clase política. En 1998 varios diputados solicitaron a la Intendencia Metropolitana, dirigida por Eugenio Velasco (DC), la ejecución de medidas urgentes en las zonas más afectadas de Santiago por las aguas lluvia. Un año después el gobierno anunció una inversión (US$ 534 millones) para solucionar el problema de las inundaciones en las 30 ciudades más importantes del país, mediante la incorporación de capitales privados. También se garantizó que a comienzos del 2000 estaría lista la metodología que permitirá evaluar los proyectos de colectores de aguas en el país y que actualmente no existen, para priorizar las inversiones. Y, en marzo de ese año, según el ex ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, se iniciarían los estudios del financiamiento para su ejecución. A mediados del 2000 fue el propio Lagos quien anunció su Plan Maestro, el cual demoraría entre 6 y 10 años y costaría cientos de millones de dólares. El 2001 el MOP prometió que para el 2004 tres de cada cuatro calles que se inundan cada vez que llueve en Santiago, dejarán de ihacerlo. Esto luego de que se inviertan unos US$ 280 millones. La realidad demuestra que actualmente, al igual que hace 4 años, la capital y los planes que se anunciaron tras cada inundación, resultaron colapsados por las últimas lluvias. La demagogia y la insensibilidad ante los sufrimientos de los pobres es abismante.
Las promesas son incontables. El Plan Maestro de Lagos contempla inversiones para los próximos 10 años por US$ 1.600 millones en colectores de aguas lluvias. Según el subsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Latorre, solamente en la Región Metropolitana se requiere de US$ 660 millones. Sin embargo, la cantidad de promesas del gobierno desde 1998 hasta la fecha no tienen objetivos definidos. Las distintas propuestas han tenido una misma dificultad: el financiamiento. Hasta ahora, ya financiado hay US$ 240 millones. Unos US$ 206 millones corresponden a recursos ya destinados a través de obras en construcción concesionadas; otros US$ 40 millones serían de fondos fiscales. Pero, la diferencia de US$ 410 millones no está financiada. Además, han fracasado los intentos del gobierno de involucrar al sector privado en tales obras y es rechazada la intención de que las inversiones sean traspasadas a alzas de tarifas para los consumidores.
Lagos informó que el costo del temporal que azotó a la zona central es $21 mil millones y la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), en su balance señala 14 muertos, 83 mil 971 damnificados y 7 mil 727 personas albergadas. Hay una pregunta que brota al observar el número de víctimas que deja el temporal. Además de los caprichos de la naturaleza, ¿a quién culpar?, ¿contra quiénes descargar la legítima crítica que produce ver colapsar ciudades y advertir cómo son castigados los sectores pobres de la población? La respuesta es simple. Existen responsabilidades compartidas de los gobiernos a lo largo de décadas de imprevisión. Las promesas incumplidas de ayer y del presente se traducen en sufrimientos de miles de pobladores modestos. Además, habría que asignar una cuota de responsabilidad a la carencia actual de programas mínimos para anticiparse a una contingencia oportunamente previstas por los expertos meteorológicos. En los últimos temporales se improvisó una vez más. Básicamente, se repitió el escenario de la catástrofe de 2000, cuando se justificó la imprevisión diciendo que eran las peores lluvias de los últimos 25 años.
La realidad demuestra que las obras transitoria que se han hecho son insuficientes. Por lo cual, la comparación con el 2000 y otras catástrofes del pasado reafirma que en este ciclo existen cuatro etapas. La primera es la imprevisión. La segunda, el colapso y las escenas dramáticas. La tercera, que se inicia apenas empieza la anterior, la constituyen las toneladas de discursos y promesas con las medidas que se tomarán para que esto no se repita. Hasta que se llega a la etapa final, cuando las calles casas ya se han secado y ha terminado el invierno, y el tema es sustituido en la agenda política por otras prioridades. Hasta que una nueva tormenta se descargue.
JUSTIFICACION Y MANIOBAS DEL GOBIERNO
El Presidente rechazó las críticas asegurando que no hubo "imprevisión" y que si hasta hoy no existe una solución definitiva al problema de las aguas lluvia, es porque para financiar los mil millones de dólares que ésta require, su decisión fluctúa entre aumentar impuestos o subir las tarifas. Propuesta que rechaza su ministro de Hacienda al señalar que el país no estaba preparado ni para que le suban las tarifas ni los impuestos. "En este momento, ustedes saben, la economía crece de forma relativamente lenta; por tanto, pensar en gastos extras sin financiamiento, o pensar en impuestos no sería lo apropiado...(...)… Cuando termine esto (los temporales) podemos iniciar una conversación franca para ver cómo -como país- afrontamos este tema". Mientras que Lagos insistió en negar que su gobierno haya improvisado en el tema de los temporales. Señaló que durante los años 1990 y 1994 "nadie quedó a cargo de las aguas lluvia", debido a la derogación del decreto que establecía obligatoriedad en la construcción de colectores. "El año '94 hubo una inundación y le planteé este tema al Presidente Frei. Fuimos con el Ministro de Vivienda y le dijimos: "dictemos una ley para que las aguas lluvia sean responsabilidad de alguien". Añadió que sólo ahora se están haciendo las inversiones que no se realizaron durante los últimos años de la dictadura. "¿Qué pasó en el 88-89 cuando las empresas iban a pasar a la Corfo? Se dijo que esas empresas se iban a dedicar al agua potable y al alcantarillado, del agua lluvia no se dijo nada…(..)…De aquí a fin de año vamos a tener afinado el plan de aguas lluvias para la ciudad de Santiago.. ". Explicaciones y promesas similares se pronuncian cada invierno.
El temporal fue utilizado por el gobierno para acentuar su protección a los violadores de los DD.HH. La ministra de Defensa, Michelle Bachelet (PS), le solicitó apoyo al Ejército para el traslado de traslado de la población ante el caos de la movilización colectiva Así se puso en marcha no sólo el "Plan Ciclón" sino tambien la operación "Lmpieza de Imagen" de los violadores de los DD.HH en dictadura. Para sorpresa de de transeúntes, unos 200 vehículos militares (camiones, buses y 24 carros Mowag), se usaron para acercar a mojados capitalinos a sus hogares. En el Ejército dicen que ello genera un mayor acercamiento de la institución con la ciudadanía. A la exaltación de este nuevo "estilo castrense" contribuyeron el despliegue de los medios de comunicación: mostraron la "amabilidad" de los soldados subiendo civiles a camiones militares o a la propia ministra Bachelet arriba de un carro de combate. En el ministerio de Defensa destacan que lo que hacía el ejército es ejercer "viejas tradiciones". "Una misión histórica que nosotros alentamos y apoyamos", porque "todos los chilenos le ponemos el hombro".
CRITICAS A LA GESTION GUBERNAMENTAL
Las recientes inundaciones evidenciaron los graves errores de planificación urbana de Santiago, la que se ha expandido en los últimos 20 años hacia zonas que siempre han tenido problemas de inundación. Es el caso del poniente y norponiente de la ciudad, el área más baja de la cuenca de Santiago y una de las que más desarrollo habitacional presenta (comunas de Quilicura, Pudahuel y Maipú). Además, a la condición de zonas de riesgo de estos sectores se agrega la falta de regularización por parte de las autoridades desde que la dictadura de Pinochet dejó de restringir el mercado de suelos de la capital. Además, el Plan Regulador de 1994 no contempló riesgos de inundaciones por aumento de caudal o incapacidad de la infraestructura para soportar las lluvias. Por lo cual, el principal problema es la falta de colectores de aguas lluvia y la carencia de control de su desarrollo, que permite no se construyan las obras de infraestructura correspondientes.
El Colegio de Arquitectos es críticos con los gobernantes. Lo responsabiliza por la falta de regularización. "El problema de fondo es que el agua acusa lo mala que es la planificación urbana existente en Santiago. Se demuestra con el Plan Regulador de 1994: son planos que parecen hechos por cabros chicos. Por ejemplo, no tienen referencias geográficas en cuanto a los distintos niveles del terreno sobre el cual se está planificando. A ese nivel llega la falta de visión de la planificación", señala José Ramón Ugarte, vicepresidente del colegio. "En la zona situada entre Cerrillos y Lampa no existe un declive natural y el agua no tiene otra posibilidad que apozarse. Además, para Pedro Saitz, miembro del Consejo Regional, actualmente se adolece de normas claras que diferencien los tipos de construcciones según el área geográfica. "Se ha dicho que es la lluvia más grande en los últimos años, pero los problemas de anegamiento se dieron en las comunas y lugares que todos sabemos que se iban a inundar". Estima que las zonas de riesgo no debieran habitarse: "Se necesita una planificación real, seria, responsable, una actualización de los instrumentos de planificación…"
Las críticas son múltiples. De acuerdo a un informe de Hugo Romero, geógrafo y docente de la UCH, sólo 6.000 hectáreas de la cuenca de Santiago cumplirían con los requisitos para recibir futuras urbanizaciones. Es decir, las nuevas construcciones debieran hacerse en áreas localizadas fuera de la cuenca, a través de ciudades satélites en zonas cercanas a Batuco, Colina, El Monte y Talagante, con infraestructura de aguas lluvia. En cambio, el mismo informe revela que entre 1994 y 1998, el aumento de la superficie urbanizada se concentró preferentemente en comunas como Maipú hacia la Autopista del Sol, los sectores de Avenida Pajaritos, Lo Prado, Pudahuel, Quilicura y Huechuraba, además de La Florida y Puente Alto. Entre 1998 y 2001 se siguió la tendencia a construir en el eje Pudahuel, Quilicura, Puente Alto y La Pintana, comunas que concentran las peores condiciones ambientales.
LOS EMPRESARIOS A ESPERA DE UN NUEVO NEGOCIADO
Aunque en términos humanos los costos de las inundaciones son invaluables, los fríos números, manejados por los intereses empresariales buscan perpectivas para sus negociados. Sostienen que las inversiones requeridas para solucionar los problemas de aguas lluvias superan con creces los costos asociados a estos males. La tragedia de los pobres no está dimensionadas en sus cálculos. Un estudio elaborado en marzo por la Cámara Chilena de la Construcción ("Balance de la Infraestructura"), asegura que los costos totales de las inundaciones llegan a nivel nacional a los US$ 42,5 millones anuales, cifra que para Santiago es de US$ 28 millones. Las estimaciones no consideran daño a la infraestructura (caída de puentes, destrucción de carreteras). Además, según su punto de vista económico, no convendría realizar más inversiones en aguas lluvias que el equivalente a los costos anuales que producen los temporales. Cifra que está muy lejos de los US$ 683 millones que sólo requiere Santiago para resolver el problema y de los US$ 1.140 millones que a nivel nacional se han calculado sólo en colectores primarios, según el Plan Maestro de Lagos. "Lamentablemente, desde el punto de vista de prioridades de inversión resulta ser que las aguas lluvias no es la prioridad, aunque sea políticamente duro decirlo y a pesar de todo el costo de las personas que se ven afectadas... lo que nosotros debiéramos hacer es no invertir más que los costos que genera esa inversión. Es decir, si la pérdida que me está generando esta lluvia son US$ 40 millones al año, no debiéramos más que invertir que eso por año", señaló el presidente del área infraestructura de la Cámara, Roberto Aigneren. Posibilidad de nuevas fabulosas ganancias es el objetivo de los empresarios. Los efectos dramáticos de los temporales en las miserables viviendas de los pobres, sus muertes y pérdida de todo lo poco que poseen, no tiene importancia para ellos. La caridad, promovida como anzuelo político o religioso, paliará en parte tales daños.
Aigneren, además dice que aunque la definición fuera invertir sólo en función de los costos, podría suceder que se consiguieran los recursos para realizar toda la inversión y ésta se pagara en plazos acordes al costo anual. Sin embargo, esto tampoco está sucediendo. La discusión recién está empezando. Lagos planteó el debate con su frase "impuestos o tarifas". Aunque el gobierno no ha zanjado la discusión, en diversos sectores se plantea un rechazo a una alza impositiva. La discusión presentará múltiples aristas. Pero, es casi seguro que su financimiento saldrá de los escuálidos bolsillos de trabajadores y sectores más pobres.