Indígenas bolivianos ponen en jaque al gobierno

El Siglo

En estos días llegarán a La Paz 7 columnas con 8.000 indígenas provenientes de diversas regiones del país, después de una marcha que dura ya un mes. En defensa de sus derechos, las organizaciones campesinas exigen que el congreso apruebe la introducción de una Asamblea Nacional Constituyente en el texto de la Constitución Política del país.

La movilización de los campesinos convocados por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano comenzó el 13 de mayo en el Departamento de Santa Cruz, y otros grupos salieron de Potosí y Sucre. Simultáneamente, se inició una huelga de hambre en La Paz, en protesta por la aprobación del congreso al "Anteproyecto de Ley de Necesidades de Reforma a la Constitución Política del Estado", en el cual no se incluyeron las sugerencias y demandas de las organizaciones que representan a los campesinos e indígenas del país.

De las 19 personas que iniciaron la huelga de hambre, han sido retiradas por orden médica 6 por peligro de muerte después de 20 días de ayuno.

La Marcha de los indígenas produjo la reacción de los partidos y del gobierno. A juicio de éste último y de los representantes indígenas en conjunto con la Asamblea de Derechos Humanos, deben ser los partidos los que decidan cómo satisfacer las exigencias de las organizaciones campesinas. En una reunión efectuada la semana pasada, con asistencia de varios ministros y dirigentes de algunos partidos, el NFR propuso que sea celebrado un Congreso Extraordinario en julio, después de las elecciones, mientras que el MIR insistió en que se efectuara pronto, y el MNR se pronunció por una reunión cumbre de todos los interesados en el problema.

Aunque se ha avanzado en las negociaciones, los dirigentes de los indígenas mantienen la decisión de continuar con la marcha hasta que se apruebe la Ley de Necesidad de Reforma y se asegure el funcionamiento de la Asamblea Constituyente para tratar las reformas constitucionales que ellos proponen.

Los organizadores de la marcha se oponen a que la Constitución sea reformada por acuerdo de los parlamentarios actuales, planteando que deben participar representantes genuinos de las mayorías nacionales, a través de una Constituyente.

Como expresó la dirigente de la marcha, Soledad Solano, "si no llegamos a un acuerdo, creemos que no se van a hacer las elecciones generales", refiriéndose a los comicios programados para el 30 de junio. Además de la demanda de carácter estrictamente político, los indígenas exigen que el actual mandatario no apruebe las normas agrarias que ellos consideran lesivas y que sólo favorecen a los grandes propietarios de tierras.

La marcha

La heroica protesta de los indígenas comenzó con 500 hombres, mujeres y niños indígenas y campesinos de diferentes partes del país, un día antes de que las Cámaras Legislativas retomaran el debate sobre el Proyecto de Ley de Necesidad de Reforma Constitucional, y en esa primera jornada recorrieron 25 kilómetros bajo el sol y bajo la lluvia.

La respuesta de las autoridades llegó de inmediato, a través de una carta de los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, en la cual afirman que el Proyecto de Reforma Constitucional no afecta a los indígenas. En su respuesta, las organizaciones indígenas señalaron que "los problemas del país nos afectan especialmente a indígenas y campesinos. El problema agrario no es un problema aislado. La falta de resultados en el proceso de saneamiento, las dificultades que se imponen para la titulación de tierras indígenas y campesinas, la ausencia de legalidad en las actuaciones del INRA para dejar nuestras tierras a los madereros, a los ganaderos, a los mineros y la ausencia de una justicia capaz de controlar las ilegalidades para hacer cumplir nuestros derechos, no es un problema del régimen agrario.

Es un problema que se origina en la estructura del Estado, en la falta de independencia de los poderes públicos, en el monopolio de los partidos políticos sobre las instituciones del Estado y en la corrupción, el prebendalismo y la exclusión que a su vez son resultado de las anteriores".

Agregan en su crítica a las actuaciones del gobierno y el INRA: "Para que el problema agrario se solucione, se requiere corregir de una vez las causas de la corrupción y de la ineficiencia en las instituciones, del prebendalismo y de la exclusión. Eso sólo lo podemos lograr en una instancia verdaderamente representativa de la sociedad nacional, que actualmente no existe, y por eso estamos exigiendo que se realice una Asamblea Constituyente con participación de todos los sectores sociales. No podemos aceptar que las reformas las hagan los partidos políticos actuales, responsables de la grave crisis que afecta al país, en un Congreso absolutamente ilegítimo y cuestionados más de la mitad de sus integrantes por la corrupción".

Con todo el pueblo

A medida que avanzaba la marcha indígena, las filas se fueron engrosando con la incorporación de las más variadas organizaciones del pueblo boliviano. Al tercer día, contaron con la solidaridad y participación de la Central Indígena Chiquitana de San Rafael, la Central de Trabajadores Asalariados del Campo, la Federación Especial de Trabajadores Campesinos y la Federación Unica de Trabajadores Campesinos de las cuatro provincias del Norte de Santa Cruz, la Asociación de Pequeños Prestatarios y más delegados indígenas y campesinos que seguían llegando del Norte Amazónico y del Beni, así como de la Federación de Colonizadores de Yapacaní.

En los primeros días de la marcha, el gobierno perdió las esperanzas de que la reforma a puertas cerradas se efectuara en el actual período de sesiones y bajo su mandato. Los indígenas desbarataron el consenso que habían logrado los partidos políticos en tal sentido. En el congreso no hubo más quórum y se declaró la clausura oficial del período de sesiones.

El gobierno invitó, entonces, a los dirigentes indígenas a ir a La Paz a conversar. La invitación fue rechazada, respondiendo que estaban dispuestos al diálogo pero en los lugares en que se detenga la marcha.