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24 de julio del 2002
Seguridad privada israelí en Centroamérica
Heinz Dieterich Steffan
Rebelión
En el lujoso Centro de Convenciones de Miami, alrededor de tres mil empresarios
latinoamericanos y estadounidenses de organismos privados de "seguridad e inteligencia"
escucharon la dramática advertencia de la empresa Security and Intelligence
Advising (SIA) de que los intelectuales se encuentran entre los principales
elementos de riesgo para la seguridad de los Estados y que, por lo tanto, se
les estaban "poniendo banderías". "Poner banderías" significa
en la jerga de esas empresas, poner alguien bajo observación.
La advertencia fue hecha por el alto ejecutivo (Security Senior Expert) de la
SIA, Amar Salmar, en su conferencia sobre "El rol de la inteligencia en la lucha
contra el Terrorismo Global en el Siglo XXI", como invitado especial de la Latin
American Security Association (ALAS) que organizó el evento. El financiamiento
de la reunión que tuvo lugar del 9 al 11 de julio del presente, estuvo
a cargo de unas 300 empresas que hacen sus ganancias en el mercado de "seguridad
e inteligencia" que florece bajo el sol de la "guerra internacional contra el
terrorismo", para la cual Washington ha autorizado unos treinta mil millones
de dólares desde el 11 de septiembre.
Es ese mercado a quien la opinión publica mundial tiene que "poner banderías",
porque sus tendencias de evolución son cada vez mas preocupantes para
las fuerzas democráticas de la aldea global. Uno de esos desarrollos
alarmantes es el intento de ciertos gobiernos y clases políticas de privatizar
determinadas funciones de soberanía del Estado y convertir a los cientos
de miles de empleados armados de esas compañías en una reserva
paramilitar para funciones represivas del Estado, tal como se observa, por ejemplo,
en Argentina.
Mas preocupante aun es la zona gris de operadores de las guerras sucias, en
la cual los servicios de inteligencia y fuerzas militares estatales, los productores,
comerciantes y lobbyistas de la industria armamentista y los escuadrones de
la muerte, interactúan, tal como sucedió recientemente en la venta
de armamento israelí a los escuadrones de la muerte de Colombia: los
paramilitares.
Oris Zoller, Administrador General de Representationes Internacionales, GIRSA,
que es una filial del complejo militar-industrial israelí, fue el operador
de esa transacción. Ciudadano israelí, al igual que Amar Salmar,
Zoller radica en la Ciudad de Guatemala, desde donde triangulo un negocio poco
transparente entre las policías de Nicaragua, Panamá y GIRSA,
a través del cual tres mil fusiles de asalto AK-47 y cinco millones de
municiones procedentes de Nicaragua iban a terminar en manos de la policía
de Panamá. Sin embargo, el armamento que la policía nicaragüense
entrego en trueque contra unas cuantas subametralladoras Mini-Uzi y pistolas
Jericho, nunca llego a los destinatarios declarados, sino que enriqueció
el arsenal de los escuadrones de la muerte colombianos. Supuestamente, la culpa
de tal desenlace la tiene un panameño de origen israelí, Shimon
Yelinek quien fue el lobbyista entre GIRSA y la policía panameña
y a quien ahora nadie puede encontrar, porque ha desaparecido de la escena.
Zoller sostiene que la Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y el servicio
de inteligencia israelí, MOSSAD, no tienen nada que ver con la operación,
pero tal desmentido es poco creíble. Porque es obvio que una operación
de esta naturaleza que requiere el consentimiento de tres gobiernos y de múltiples
instituciones policíacas, militares y aduaneras de los países
involucrados, no puede realizarse sin ser descubierto por la red internacional
de espionaje de la CIA y del MOSSAD.
Y una segunda razón debilita aun mas la pose de inocencia oficial de
Zoller. En la zona gris de los operadores de las guerras sucias en toda América
Latina, pero particularmente en el área de Centroamérica y el
Caribe, ex agentes y militares israelíes juegan un papel fundamental.
Por ejemplo, el entrenamiento profesional de los primeros escuadrones de la
muerte de los narcotraficantes colombianos, del Cartel de Medellín, en
1990, estuvo a cargo de ex militares israelíes. El jefe de este grupo,
el teniente coronel Yair Klein, de la unidad de elite Harub, formo en 1989 su
empresa "Punta de Lanza", especializada en la venta de armamento y tecnologías
bélicas, que después de entrenar a los sicarios, regreso a Israel
con los bolsillos llenos de narcodólares.
De hecho, la intervención de los servicios secretos israelíes
en esa región se remonta una década mas atrás, cuando a
inicios de los ochenta el know how de "contrainsurgencia" de esos servicios
fue puesto al servicio de los terrorismos de Estado en Honduras y Guatemala,
para convertirse pronto en engranaje integral de la agresión de los mercenarios
del gobierno de Ronald Reagan (los "contras") contra el gobierno Sandinista
de Nicaragua. De Honduras y Guatemala la red se extendió rápidamente
a la Republica Dominicana, donde se encargo de la seguridad del entorno del
presidente sempiterno Balaguer, y a Chile, cuya dictadura pinochetista se mostró
muy receptiva a sus homólogos de Medio Oriente. A la cabeza de esa cruzada
anti-terrorista estaba uno de los heraldos de la lucha contra el "terrorismo
internacional": el ministro de defensa israelí, Ariel Sharon, quien dirigió
la invasión militar a Libano y fue responsable de las matanzas en los
campos de refugiados palestinos.
En el golpe de Estado del 11 de abril del presente, contra el presidente venezolano
Hugo Chávez, apareció de nuevo un empresario de origen israelí,
Isaac Pérez Recao, vinculado a la industria armamentista y dueño
de empresas de seguridad privada en Venezuela. Según las investigaciones
de las autoridades venezolanas, Pérez Recao fue una de las principales
cabezas de la conspiración contra Chávez. Cuando fallo el golpe
militar, huyo en avión a Miami, donde sufre la dura vida del exilio latinoamericano,
intercambiando con sus colegas de la "seguridad privada" ideas profesionales
sobre las amenazas del terrorismo internacional del siglo XXI.
Lo que seguramente no esta en la agenda de discusión de esos "expertos",
es la siguiente pregunta: ¿ Que puede hacer la sociedad global, cuando la seguridad
privada se convierte en peligro publico?