Latinoamérica

Pedro Echeverría V.

Los presidentes centroamericanos de Belice, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como el de México, integran el proyecto que se conoce como Plan Puebla Panamá. Estos mandatarios se reunirán en Mérida, Yucatán los días 27 y 28 de junio con el objetivo de instrumentar dicho proyecto. Se pretende fomentar la libre circulación de mercancías desde Puebla hasta Panamá, siendo esta una zona que supera el millón de kilómetros cuadrados, habitada por 64 millones de personas, de las cuales 14 millones son indígenas arraigados en sus comunidades.
El PPP ha sido presentado de manera global y un tanto tramposa por el gobierno mexicano, como un proyecto de infraestructura, de mejoramiento y construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, centrales de generación eléctrica, de extracción de petróleo y gas y construcción de ductos para servir al mercado norteamericano, de fomento a la agricultura empresarial y de aprovechamiento de la rica biodiversidad de la zona por firmas transnacionales, aunque hace ligeras menciones a las necesidades de la educación y de la capacitación. Las inversiones previstas para este plan, según se ha dicho, provienen de grandes empresas multinacionales y transnacionales.
El PPP aparentemente es una iniciativa del Ejecutivo que estaría a favor del desarrollo económico del sureste de México y a favor del empresario mexicano que supuestamente se beneficiaría con la ampliación de los mercados en la región centroamericana; sin embargo el plan sugiere más bien que sobre todo habrá que favorecer a los capitales estadounidenses, habrá que propiciar un saqueo todavía mayor de los recursos estratégicos, que perjudicará todavía más a la población campesina del sureste; en tanto que el desarrollo industrial que habría de llegar a la región sería sólo el de la maquila con salarios miserables de 25 centavos de dólar la hora.
El PPP tiene como ejes: 1) la condición estratégica del istmo de Tehuantepec, por las posibilidades de desarrollo de la comunicación interoceánica, por su desarrollo actual y los potenciales de expansión en esta zona de la industria petroquímica; 2) los recursos petroleros de Campeche, Tabasco y Chiapas; 3) la gran biodiversidad y el potencial agropecuario, forestal y pesquero, desarrollado y por desarrollar; 4) su riqueza hidráulica y hidroeléctrica; y 5) un rico y variado recurso turístico y cultural.
El PPP no es un proyecto nuevo; su autoría no está en México, sino en Washington. Forma parte de un programa integral que combina intervencionismo político, económico y militar. Es la estrategia del Tratado de Libre Comercio (TLC) como instrumento de expansión económica de los Estados Unidos en su competencia frente a los asiáticos (Japón y China) y los países europeos. El gobierno de Fox, como gran impulsor, participa de manera subordinada a los intereses de la Casa Blanca, Wall Street y las empresas multinacionales con casa matriz en los Estados Unidos. La función destinada a Fox es la de enganchador.
Cuauhtémoc Cárdenas ha dicho: el PPP deja fuera a indígenas, a pequeños y medianos empresarios, agricultores, ejidatarios, comerciantes, instituciones educativas de todos los niveles y organizaciones sociales; margina de las decisiones a las autoridades municipales y estatales, congresos locales y representaciones nacionales; y no toma en cuenta las necesidades de desarrollo. Además, en la porción mexicana adscrita al PPP se localiza el 65 por ciento de las reservas petrolíferas del país y se obtiene 94 por ciento de la producción de crudo y 54 por ciento de gas, al mismo tiempo se concentra en el istmo de Tehuantepec 90 por ciento de la producción de petroquímicos básicos y secundarios.
Con base en lo anterior se ha propuesto que el mejor aprovechamiento de las tierras y las aguas en la agricultura, la ganadería y la obtención de productos forestales debe partir del respeto y fortalecimiento de los ejidos y comunidades, así como de la pequeña propiedad, con base en programas que en cada zona se propongan la refuncionalización productiva de cada uno de los ejidos, de cada una de las comunidades y de cada una de las unidades en que se agrupen con racionalidad las pequeñas propiedades, para elevar las capacidades de cada unidad de producción.
Que se construyan programas, por otra parte, que consideren no solo la obtención de los productos de la tierra con las mayores eficiencias y productividades, sino la integración, en manos de los productores organizados, de los ciclos productivos del campo, esto es, abriendo las posibilidades de utilizar para el trabajo de la tierra las mejores tecnologías –riego, técnicas orgánicas, etc., inversiones y crédito, asistencia técnica, desarrollo de la agroindustria, sistemas de almacenamiento y empaque, transporte, comercialización, etc.
Los Pueblos Indios necesitan contar con el poder político, económico, cultural y social indispensable para insertarse equitativamente en el resto de la sociedad en el país. La reforma (Cevallos-Bártlett-Ortega) aprobada en el congreso cancela la posibilidad de que los pueblos indios tengan sus propios medios de comunicación y participen en la formación educativa de su gente. Impide la existencia de territorios en los que pueda ejercerse la autonomía y la posibilidad de que los pueblos indios disfruten colectivamente los recursos naturales de su hábitat.
Los campesinos e indígenas reunidos en Jáltipan, Veracruz demandaron un plan de desarrollo rural sustentable que promueva la soberanía alimentaria y el empleo rural en todas las áreas –agrícola, ganadera, forestal, pesquera y ambiental-, así como programas que no pongan en riesgo la biodiversidad y los sistemas alimentarios y que se apoye realmente un programa de desarrollo agroindustrial que dé prioridad a la consolidación del mercado interno, y tenga como base el mejorar los niveles de vida de las familias campesinas e indígenas, además de un programa de inversiones para crear y mejorar la infraestructura rural con amplia participación local.
El investigador Bartra pregunta: ¿Por qué no respaldamos estratégicamente, por ejemplo, las empresas cafetaleras del sector social, o las mieleras, cacaoteras, silvícolas? ¿Por qué no diseñamos un plan de desarrollo para Centroamérica y el sureste mexicano sustentado en la producción campesina, tanto alimentaria del mercado interno como agroexportadora?
Para finalizar había que pensar, como la hace Carlos Fazio, que el PPP es la última fase de un plan contrainsurgente inscrito en una guerra de baja intensidad que viene a sumarse a las labores de guerra sicológica, acción cívica, control de población y guerra sucia paramilitar desplegadas por el ejército en los últimos seis años. Como dice Cárdenas: el PPP llega, casualmente, hasta donde comienza la aplicación del Plan Colombia, que con la intervención y los apoyos estadounidenses pasó de ser un plan de desarrollo a un plan franco de contrainsurgencia.
Por todo lo anterior, debemos repudiar la aplicación del Plan Puebla Panamá y su V Cumbre Mundial de presidentes que se realizará en Mérida Yucatán.