Uribe Vélez en pie de guerra

El Siglo

Con el voto de menos de un tercio de los colombianos, el nuevo gobierno de Uribe pretende imponer la guerra abierta contra todo lo que huela a izquierda en su país. Ya en su época de candidato, en un foro organizado por Amnistía Internacional y la Comisión Colombiana de Juristas, al ser preguntado sobre los efectos de la guerra y las garantías de la población respondió que "la autoridad es la base de los derechos humanos y mi gobierno sólo aceptará las recomendaciones que le convengan. El país lo que necesita es un severo Estatuto Antiterrorista, legalizar el allanamiento, la detención, el control telefónico sin orden judicial y la organización de una red nacional de informantes para alertar a las autoridades de la presencia de la subversión".

Hablando de curriculum

El flamante Presidente ocupó la alcaldía de Medellín en 1983, hasta ser destituido por el Presidente Belisario Betancur, tras ser acusado de participar en una cumbre de narcotraficantes del cartel de Medellín.

También fue destituido como gerente de Aerocivil, cuando en el período 1980-1982 se produjo uno de los casos de corrupción oficial más sonados de Colombia. En ese período, los carteles, tanto el de Medellín como el de Cali, adquirieron permisos y licencias para obtener la más poderosa flota de aviación privada de América Latina con la que transportar sus productos y participar en la guerra sucia.

Uribe fue socio comercial de importantes industriales del narcotráfico que posteriormente fueron detenidos, juzgados y encarcelados, como sucediera con el político e industrial César Villegas, quien fue Subdirector de Aeronáutica Civil. Curiosamente, Uribe Vélez nunca fue molestado ni sus actividades investigadas, ni por narcotráfico ni vinculaciones al paramilitarismo.

Durante su período como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, junto con el general Rito Alejo del Río y de AUGURA (gremio bananero de Urabá), se desarrolló la denominada "Operación Retorno", que aniquiló al movimiento Unión Patriótica de uno de sus principales bastiones políticos. La revista NewsWeek lo señaló como el personaje que pronunció el discurso principal en el homenaje de desagravio que se hizo los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán, después de que fueron retirados del servicio por sus implicaciones con grupos paramilitares acusados de cometer masacres y otras atrocidades entre 1996 y 1997, caracterizando a Del Río como "un hombre honorable".

En declaraciones al periódico El Tiempo, el 3 de febrero pasado, se ufanaba afirmando que hoy Urabá es una zona donde hay una gran convivencia entre empresarios y trabajadores. De la misma época data una de sus más célebres apuestas: la organización de las cooperativas "Convivir", para pacificar a Antioquia organizando y armando a civiles. Su pretensión de legalizar el paramilitarismo acarreó un aumento considerable del baño de sangre contra sindicalistas, defensores de derechos humanos y diversos líderes sociales.

La esperanza de una definitiva y rápida derrota de la oposición al régimen y el aplastamiento de la insurgencia, magnifican sus promesas más belicistas y las cúpulas poderosas de Colombia se han emocionado con los gritos de que "vamos a llegar a 100.000 soldados profesionales, sumaremos 100.000 policías y organizaremos un millón de voluntarios para apoyar a la Fuerza Pública".

Armar un millón de civiles será la vía para conseguir tres objetivos: legitimar los grupos paramilitares, propósito que se frustró con las Convivir; regularizar las relaciones entre la Fuerza Pública y los grupos paramilitares; y cumplir el deseo frustrado, hasta ahora, de contar con una fuerza "legítima" que recoja el proyecto paramilitar.

Un ejército de delatores

Además de los cerca de 300.000 guardias privados armados en Colombia, Alvaro Uribe creará una masiva red de informantes y "El día de la recompensa": el pago a la ciudadanía por los servicios prestados contra el terrorismo y la subversión.

Cada lunes, en "El día de la recompensa" el gobierno gratificará a los colombianos que en la semana anterior hubieran ayudado a la fuerza pública a evitar un acto terrorista o a capturar a sus responsables.

Cada carretera tendrá un coronel del Ejército o de la Policía a su cuidado, redes de vigilantes se desplegarán por carreteras, caminos y zonas rurales bajo el control de la fuerza pública. Los camioneros, taxistas y celadores serán convocados a formar parte de esta telaraña ciudadana contra la subversión.

El futuro de Colombia

Un país que ha vivido bajo el terror estatal y para-estatal más de 50 años, sometido a la negativa influencia de EE.UU. y la tutela agresiva del FMI y la Banca Mundial, donde más del 50% de los colombianos viven en condiciones de pobreza y existen más de 2 millones de desplazados de guerra, que recoge 1.000 masacres bajo el mandato de Pastrana y 40.000 muertos políticos en la década del 90, donde 20 personas mueren o desaparecen diariamente por la violencia y que ha permitido la fuga de 4.500 millones de dólares, no puede permitirse un Presidente que prefiera la fuerza a la solución política de los conflictos internos.

La cancelación del proceso de diálogos con las FARC-EP y la negativa a dialogar con el ELN ha sido un salto al vacío que despeja el camino para que los militares y sus organizaciones paramilitares continúen sus abusos, sus masacres, su terror y la conquista de territorios "pacificados". Para que Estados Unidos justifique su intervención directa con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y para que la "ayuda" del Plan Colombia se utilice contra la insurgencia, como lo pretende el Presidente Bush, llevando a un mayor escalamiento el conflicto.

El periodista Francisco Santos, vicepresidente de Alvaro Uribe, escribió en El Tiempo en octubre, el día de las elecciones parlamentarias, "lo cierto es que el Congreso que vamos a elegir va a ser aun peor que el que ahora tenemos. Va a ser, con algunas excepciones, un Congreso al servicio de los caciques políticos tradicionales, de los narcos y de los paramilitares". El arzobispo de Cali, Isaías Duarte Cancino, había advertido sobre la presencia de dineros del narcotráfico en la financiación de algunas campañas políticas y esto, al parecer, le significó la muerte pocos días después.

Antes de la convocatoria electoral, Salvatore Mancuso, jefe militar de las Autodefensas Paramilitares, había anunciado que la meta de su agrupación era conseguir la tercera parte del Congreso. Pasadas las elecciones, informó que había superado el 35%, sin dar la identidad de sus nuevos parlamentarios. Entretanto, el jefe paramilitar Carlos Castaño dijo que "las regiones pacificadas por las Autodefensas tienen hoy una representación en el poder legislativo".

Así, con poder en el Parlamento y el apoyo irrestricto de Otto Reich desde EE.UU., Uribe se apresta a iniciar su mandato de guerra abierta. Colombia continúa desangrándose y la salida pacífica ha cerrado definitivamente sus puertas.